Por Álex Masllorens, periodista y diputado en el Parlament de Catalunya, PSC-CpC (EL PERIÓDICO, 10/02/06):
Se habla mucho de seguridad ciudadana y a menudo se olvida que la percepción de seguridad o inseguridad es resultado en gran parte de un conjunto de políticas sociales y no sólo policiales. Desde una perspectiva progresista, la seguridad está íntimamente relacionada con la igualdad de oportunidades y con la justicia social. Del mismo modo, cuando hacemos referencia a la política penitenciaria tampoco hay que pensar únicamente en las prisiones. Por fortuna, nuestra Constitución y la ley general penitenciaria ponen el acento en que las penas privativas de libertad y en general toda la política penitenciaria deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. En este mismo sentido se han pronunciado diversos documentos de Naciones Unidas y de las instituciones europeas. Todas las recomendaciones apuntan en la misma dirección: conseguir la reinserción de las personas presas es una de las mejores fórmulas para garantizar una mayor cohesión social. Y, además, apostar por la rehabilitación resulta más barato que no hacerlo. Actuar en una u otra dirección es tomar partido por uno u otro modelo social. Sólo hay que comparar las estadísticas para darse cuenta de ello. En Estados Unidos, el país de la Asociación del Rifle, del "ojo por ojo..." y con la menor protección social del mundo desarrollado, hay 686 presos por cada 100.000 habitantes. Y que nadie pregunte allá por las medidas penales alternativas. Los presos (mayoritariamente pobres, negros e hispanos) cumplen la pena íntegra y a menudo salen a la calle en peores condiciones que cuando entraron. En Europa occidental, el promedio de presos por 100.000 habitantes es aproximadamente una sexta parte que en Estados Unidos: 96 en Alemania, 95 en Italia, 85 en Francia... , pero 125 en Catalunya y 140 en España.
ESTOS DATOS muestran algunos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, que las sociedades europeas están más cohesionadas y son, aún, menos violentas. El Estado de bienestar funciona mejor aquí. Lo cual debemos considerarlo cuando oímos ciertos cantos de sirena que nos hablan de las bondades de la liberalización extrema del sistema y de la necesidad de desmantelar el supuestamente insostenible nivel actual de protección social. Pero no deja de llamar la atención la diferencia entre el número de presos en nuestro país y en otros de Europa. A ello contribuyeron las 17 reformas penales dictadas por los gobiernos del PP, al incrementar las penas de privación de libertad y las medidas de prisión preventiva. También, los años de retraso que llevamos aquí en la aplicación de las medidas penales alternativas. En Catalunya, al exceso de población penitenciaria hay que sumarle la parálisis de los gobiernos de CiU en lo que respecta a construcción de centros penitenciarios y su poco entusiasmo en la aplicación de medidas alternativas. Todo ello ha Alternativas a la prisión conducido a la masificación en las cárceles, que las hace mucho más difíciles de gobernar y que dificulta aún más hacer realidad el mandato constitucional de reinsertar al delincuente. Por eso me parece destacable la apuesta del actual Gobierno de la Generalitat por corregir con decisión la indecisión de los gobiernos anteriores. Así, a la construcción de nuevos centros, se suma la puesta en marcha, a principios del 2005, de una prueba piloto para la difusión de las medidas penales alternativas. Esta prueba se ha iniciado con éxito en los juzgados de Arenys de Mar, bajo los auspicios de la fiscalía de ese partido judicial, de acuerdo con las directrices del fiscal jefe de Catalunya, José María Mena. La coincidencia entre los objetivos planteados por el conseller Josep Maria Vallès y por la Fiscalía ha hecho posible una mayor garantía de control y efectividad en el desarrollo de las medidas penales alternativas y en especial de los trabajos en beneficio de la comunidad.
TODO SE HACE el mismo día del juicio oral y en el propio edificio judicial, de modo que el juez y el fiscal, antes de que se dicte la sentencia, ya tienen conocimiento de la predisposición del acusado a cumplir una pena alternativa. Este procedimiento mejora sustancialmente la agilidad y la eficacia y el resultado ha sido un aumento de las demandas de ejecución de medidas alternativas por encima del 80% y de los trabajos en beneficio de la comunidad de casi un 100%. Colaboran también entidades privadas sin ánimo de lucro y ayuntamientos. La experiencia se irá ampliando a otros partidos judiciales. Si, además, como ya está haciendo, el Govern de la Generalitat construye nuevos centros penitenciarios de dimensión más reducida, tal vez finalmente sea posible conseguir un sistema penitenciario que de verdad se esmere en dar cumplimiento al mandato constitucional de la reinserción. Es otra forma, y muy concreta, de avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria.