El pasado mes de diciembre, poco después de los atentados terroristas perpetrados el 13 de noviembre en París en los que fueron asesinados más de un centenar de personas, se produjo en Bruselas una tensa reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. En ella los dirigentes europeos volvían a reconocer sus déficits en la lucha contra el terrorismo yihadista al reclamar en sus conclusiones lo siguiente: «Es preciso aplicar urgentemente las medidas previstas en la Declaración de los jefes de Estado o de Gobierno del 12 de febrero de 2015». Los atentados de enero en París habían motivado nuevos y solemnes anuncios de iniciativas antiterroristas. Las propias autoexigencias de los mandatarios meses después demostraron que el impulso político tras la última matanza resultó una vez más insuficiente.
Ahora, cuando el terrorismo vuelve a asesinar es preciso apelar a esas renuencias y retrasos en la aplicación de los instrumentos antiterroristas. Debe exigirse que las declaraciones oficiales se complementen con la aplicación real y efectiva de iniciativas que han de ser algo más que mera retórica como reacción a la última tragedia. Tampoco puede ignorarse que una respuesta coordinada frente al terrorismo entraña notables dificultades debido a las diferentes percepciones de la amenaza terrorista entre los países-miembro y los condicionantes políticos de cada estado. Este reconocimiento, pese a los esfuerzos que ciertamente se están realizando, no debe conducir a la autocomplacencia y la resignación ante las limitaciones de la respuesta europea, sino a una mayor autoexigencia, pues nos enfrentamos a una amenaza creíble, permanente y global.
Efectivamente, la voluntad de atentar contra nuestras sociedades es real y sólo está condicionada por la capacidad de los terroristas para hacerlo. Los terroristas desean seguir atentando y lo harán si disponen de recursos y nuestros servicios de inteligencia no logran evitarlo. Debemos asumir que la determinación de los terroristas está llamada a permanecer en el tiempo habida cuenta de su intenso grado de fanatización aportado por el islamismo radical. Además, los diversos escenarios en los que se manifiesta la amenaza evidencian su carácter global y multiforme, pues múltiples son los actores amenazantes. Éstos comprenden desde individuos autoradicalizados motivados por la magnitud de una violencia que el Estado Islámico ha elevado a su máxima potencia, a células pertenecientes a dicha organización terrorista o a otras como Al Qaeda -grupo debilitado pero no desaparecido- o sus filiales, o con relación con miembros de éstas, o terroristas retornados de Siria e Irak, o radicales frustrados por no haber podido viajar a dichas zonas, así como islamistas excarcelados en nuestro país y otros del entorno, además de yihadistas provenientes de otros países.
Como revela esta diversidad, la amenaza yihadista posee una triple dimensión debido a la existencia de un enemigo «inmediato», «próximo» y «lejano» que la dotan de un carácter tanto endógeno como exógeno. Los terroristas detenidos en España en los últimos años orientan sus acciones al interior y al exterior, al tiempo que las actividades de otros radicales más allá de nuestras fronteras refuerzan la amenaza dentro de éstas. Las respuestas al terrorismo en países como Siria e Irak, donde el Estado Islámico ha logrado el simbólico control de una significativa parte del territorio que aún mantiene a pesar de ciertos reveses, inciden en la amenaza sobre las sociedades europeas. La misma lógica debe aplicarse a escenarios como Libia y Túnez, donde el yihadismo se afana en imponer una suerte de «región fallida» altamente inestable en ausencia de Gobiernos sólidos particularmente vulnerables a la expansión del islamismo radical y violento.
Los atentados de París y Bruselas, juntos a otros ocurridos en los últimos meses en varios continentes, ilustran a la perfección la simbiosis de esa doble dimensión endógena y exógena. La existencia de una amenaza inmediata, próxima y lejana, determina una estrategia de respuesta que adolece de importantes carencias, como reconocía en diciembre de 2015 el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al afirmar que «el éxito del Estado Islámico es el resultado de nuestra inacción». Al expresar su autocrítica, reconocía: «Conozco los riesgos que derivan de la acción antiterrorista y nuestra experiencia con Libia e Irak puede que no sea muy alentadora, pero el éxito de Daesh es el resultado de nuestra inacción». Tan revelador cuestionamiento de la respuesta antiterrorista se produce en un momento en el que ha aumentado la proporción de ciudadanos que consideran el terrorismo y el extremismo religioso como los principales desafíos a la seguridad. Esta evolución coincide con la expansión a territorio europeo del terrorismo perpetrado e inspirado por el Estado Islámico, pero también con una renuencia a intervenir militarmente en zonas enormemente sensibles.
Existen diferentes opciones en relación con el uso de la fuerza contra el EI. Aunque algunos observadores consideran que la «contención» puede resultar más eficaz, es cuestionable que incluso esta posibilidad no requiera también de una acción militar que mine la considerable infraestructura logística y humana del movimiento terrorista. La consolidación de un «santuario» terrorista en tan sensible zona condiciona necesariamente los cálculos tácticos y estratégicos frente al EI haciendo obligatoria la utilización del instrumento militar, ya sea para «contener» o «asediar». Como ha señalado el académico Bruce Hoffman, el reclamo e influjo que el EI ejerce hoy no disminuirá a menos que sea derrotado militarmente y expulsado del territorio que controla.
Ciertamente, la implicación directa acarrea costes, pero eludir dicha intervención también los tiene y elevados. No es tarea sencilla cuando se requiere el despliegue de una fuerza suní capaz de contrarrestar al EI en territorio suní, y degradar al movimiento terrorista no sólo mediante bombardeos aéreos y adiestramiento de tropas iraquíes que han supuesto limitados e inconexos éxitos tácticos, pero no significativos avances estratégicos. Esas constricciones emanan de las debilidades de una coalición internacional de conveniencia en la que la competencia de intereses entre sus heterogéneos integrantes impide la claridad de objetivos y prioridades.
La intervención de tantas variables condiciona el éxito en ese plano de la respuesta, pero en otros niveles menos intricados también se aprecian obstáculos que podrían y deberían resolverse con una mayor voluntad política. No fue hasta febrero de 2015 cuando el Gobierno anunció el Plan de Lucha contra la Radicalización a pesar de su elaboración por magníficos profesionales de policía e inteligencia a comienzos de legislatura. Tan tardía aprobación impidió la verdadera y efectiva aplicación de un plan que exige una delicada coordinación en tres niveles de la Administración -estatal, autonómica y local-.
La experiencia antiterrorista sugiere que el nuevo Gobierno debería estudiar una reforma de la estructura policial y de inteligencia con el fin de perfeccionar la lucha contra el terrorismo, contemplando la viabilidad y beneficios de una dirección o sistema de seguridad interior que se distinga claramente de otro exterior. No es un reto sencillo, aunque necesaria su rigurosa consideración ante los problemas de cooperación y coordinación que se evidencian. Con la intención de incrementar nuestra eficacia debemos reconocer que nuestras estructuras policiales y de inteligencia, dotadas de excelentes profesionales, son susceptibles de mejora, para lo cual requieren un marco político, normativo, estratégico y operativo más adecuado que el actual.
Conmocionados por el terror, debemos recordar que el terrorismo es un arma psicológica con la que el fanático intenta equilibrar un combate asimétrico. Por ello, una sociedad democrática debe utilizar todas sus capacidades para hacer frente a atentados como los que estamos sufriendo y a otros con los que el terrorista intentará ascender un peldaño más en su espiral de brutalidad. Frente al terror: responsabilidad, firmeza y solidaridad.
Rogelio Alonso es director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.