Después de que América Latina se convirtiera en el epicentro de la pandemia mundial, preguntas como qué tipo de estrategia de reducción de movilidad se debe imponer, y cuándo y cómo se deben levantar las restricciones, han sido los principales temas en la agenda de cada nación. Sin embargo, en la mayoría de los países, las débiles capacidades para realizar pruebas de calidad hacen que sea muy difícil entender con precisión el problema y, por lo tanto, tomar decisiones basadas en evidencia.
Como lo sugieren los excesos de mortalidad, la subestimación en el número de casos confirmados de COVID-19 es una probable realidad que muchos países de la región afrontan. Debido a esta situación, es fundamental ayudar a los países a encontrar formas de aumentar su capacidad de realizar pruebas. Pero, para que la realización de pruebas pueda tener efectos positivos, es fundamental también que se acompañe con estrategias de aislamiento y seguimiento de contactos. La realización de pruebas es fundamental, pero no es suficiente si no existe aislamiento posterior de los casos positivos.
En América Latina y el Caribe, los datos disponibles sobre las pruebas muestran desarrollos interesantes que han tenido lugar en los últimos meses. Varios países han hecho importantes progresos en el número de pruebas per cápita. En particular, destacan Chile y Perú: ambos países realizan actualmente más de 3,000 pruebas de COVID-19 por cada 100,000 habitantes, más del doble de cualquier otro país en la región.
Estos países son, al mismo tiempo, los que presentan las tasas más altas de casos confirmados per cápita de COVID-19, lo que puede estar reflejando el mayor número de pruebas que están realizando. Pero sin escalar el número de pruebas realizadas en otros países, la verdadera magnitud del problema que enfrentamos se mantendrá oculta y las decisiones continuarán siendo hechas bajo condiciones de alta incertidumbre.
Si observamos más de cerca lo que sucedió en Chile, Perú, y Uruguay en términos de testeo, sus aumentos en la capacidad de prueba han surgido a través de estrategias de inversión e innovación.
En el caso de Chile, el gobierno se ha asociado con el sector privado para aprovechar los recursos existentes, principalmente en la industria del salmón. Dadas las superposiciones entre las técnicas y las herramientas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que se utilizan en esta industria para detectar enfermedades en los peces, y los métodos de PCR utilizados para analizar el COVID-19, el gobierno utilizó sus laboratorios y personal para ayudar a analizar muestras tomadas de casos sospechosos.
Chile también innovó en los protocolos utilizados para las pruebas con el fin de superar la escasez del reactivo necesario para confirmar la presencia de COVID-19 en una muestra. Utilizando un método de muestreo combinado, están utilizando un reactivo para cada cinco muestras.
En el caso de Perú, el 7 de abril el número de pruebas acumuladas comenzó a aumentar rápidamente, lo que lo colocó en uno de los países con el mayor número de pruebas per cápita en la región (superando a Chile el 30 de abril). Sin embargo, estas pruebas llegaron con una advertencia importante: son de calidad relativamente más baja y tienen márgenes de error más altos.
No todas las pruebas de COVID-19 son igual de confiables y, desafortunadamente, las pruebas más confiables son también las más difíciles de adquirir por la alta demanda. Aunque estas pruebas no sean ideales, hicieron que el Perú pudiera avanzar en poder caracterizar el problema. Su estrategia actual, dada la escasez de pruebas, implica confiar en pruebas de menor calidad para, al menos, poder asignar una probabilidad de infección.
Uruguay, por su parte, también incrementó notablemente su capacidad mediante un proyecto de innovación e investigación con instituciones nacionales de investigación y prefirió no utilizar pruebas de menor calidad. El caso de Uruguay es, quizás, el más exitoso en América Latina hasta el día de hoy.
Tener una probabilidad objetiva convierte la incertidumbre en un riesgo medible. No es lo mismo tener incertidumbre que tener riesgo, y este último brinda a quienes crean políticas públicas más información sobre la cual basar las decisiones para proteger mejor a la población. Por supuesto, no queremos pruebas de baja calidad, pero en un mundo con limitaciones, las pruebas de menor calidad son mejores que ninguna prueba.
Las pruebas, sin embargo, no son suficientes si la estrategia de aislamiento de casos y de reducción de movilidad no son aplicadas de manera eficaz.
Los gobiernos locales y nacionales, y las organizaciones internacionales todavía están aprendiendo cómo responder mejor al COVID-19 en su contexto. A diferencia de un desastre natural, no sabemos cuánto va a durar la pandemia y no sabemos qué tan grande es la magnitud del problema. Sin aumentar nuestra capacidad institucional para realizar pruebas y para manejar el riesgo con políticas efectivas, los líderes tomarán decisiones con información muy limitada e imperfecta.
La información que proporciona el uso de estas pruebas es uno de los activos más valiosos que tenemos para combatir esta pandemia. Si somos capaces de invertir e innovar para mejorar tanto la cantidad como la calidad de las pruebas, lo que la experiencia reciente de los países muestra es posible, podemos comenzar a convertir el gran grado de incertidumbre que enfrentamos en un perfil de riesgo más concreto que puede ayudar a guiarnos la respuesta política en tiempo real.
Luis Felipe López-Calva es subsecretario General Adjunto de la ONU y Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe.