Durante el inicio de la Gran Depresión, que sumió a Estados Unidos por años en una recesión profunda, el Secretario del Tesoro, Andrew Mellon, le aconsejó al presidente Herbert Hoover (eso dice Hoover en sus memorias) “liquidar el empleo, liquidar las acciones, liquidar a los agricultores, liquidar los bienes raíces”. Mellon, como los demás ortodoxos económicos de hace 100 años, sostenía fervientemente que la intervención gubernamental no era necesaria ni deseable, incluso cuando la economía y la sociedad estadounidense enfrentaba una de las catástrofes más grandes de su historia: la tasa de desempleo pasó de 3.2% en 1929 a 25% en 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt inició el New Deal y la recuperación económica. Las consecuencias de la inacción del gobierno de Hoover fueron graves y de largo plazo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su informe de gobierno trimestral del 5 de abril, se arriesgó a pasar a la historia como un Mellon mexicano. Su mensaje fue claro: la crisis múltiple (sanitaria, económica y laboral) que enfrenta México y el mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 es menor comparada con la importancia del proyecto que él encabeza. Varias veces mencionó durante su discurso que la epidemia de coronavirus será una crisis transitoria, a pesar de que las estimaciones de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2020 llegan a -3.9 %, de acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
El presidente recalcó su compromiso de mantener una “austeridad republicana”, que incluye la decisión de no aumentar impuestos y no contraer deuda pública. El gasto adicional se enfocará en programas ya existentes y la expansión de algunos créditos, que serán financiados con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios —unos 140,000 millones de pesos, alrededor de 0.5% del PIB— y con los recursos de algunos fideicomisos recién atraídos por el gobierno federal. A la petrolera paraestatal, Pemex, irán 65,000 millones de pesos adicionales, a pesar de que el precio de la mezcla mexicana de petróleo está en mínimos históricos.
Como parte de la respuesta económica de emergencia incluyó el Programa Sembrando Vida, el cual da empleo permanente a 230 mil sembradores y ampliará su cobertura a 200 mil más; adicionalmente, 47 mil 500 pescadores han recibido algún tipo de apoyo; y el Programa de Producción para el Bienestar ha beneficiado a 2 millones 145 mil comuneros. Cifras importantes, aunque insuficientes en un país con más de 52 millones de personas en pobreza antes de la crisis actual. Estos programas poco ayudan en el corto plazo a los trabajadores informales urbanos, la población con mayor vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, para los cuales no se ha anunciado ningún apoyo federal desde el inicio de la pandemia.
En uno de los anuncios más controvertidos, señaló que los trabajadores de la administración federal con puestos iguales o superiores a subdirecciones no recibirían aguinaldo en 2020: un anuncio de dudosa legalidad, ya que el aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo mexicana. Además, en una economía ya en recesión, tendrá un efecto negativo la caída del ingreso de cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado.
El mensaje decepcionó a distintos grupos empresariales, académicos y de la sociedad civil que han exigido un paquete de apoyo económico que fortalezca el sistema sanitario, apoye a pequeñas y medianas empresas, proteja el empleo formal y asista a personas con trabajos informales. Incluso Alfonso Ramírez-Cuellar, el presidente del partido oficialista Morena, publicó antes del mensaje presidencial un documento titulado “Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional”, en donde se señalan algunas de estas necesidades.
Pero AMLO mandó una señal muy clara de que, ante la enormidad del desafío, piensa que no se requiere algo más que pequeñas adiciones a los planes preestablecidos del gobierno federal.
Pareciera que está convencido que las acciones que su administración ha llevado a cabo en los últimos 16 meses han blindado a la sociedad y la economía mexicana de un choque global de proporciones históricas. Para él, no es necesario un plan de mitigación del impacto económico porque el plan ya se implementó a través de su política social.
Al final de su mensaje, el presidente citó a Franklin D. Roosevelt, el demócrata que reemplazo a Herbert Hoover en la Casa Blanca en medio de la Gran Depresión. A pesar de la admiración que AMLO mostró por el estadounidense, parece que no ha leído sus memorias. Roosevelt dijo durante un discurso: “Equilibrar nuestro presupuesto en 1933, 1934 o 1935 habría sido un crimen contra el pueblo estadounidense. Cuando los estadounidenses sufrieron, nos negamos a pasar por el otro lado.”
AMLO, en un momento definitorio para su sexenio, decidió redoblar su apuesta: no cambiar el rumbo de la “austeridad republicana”. Con ello se acercó más a la historia de Andrew Mellon y se alejó rápidamente de la Franklin D. Roosevelt.
La sociedad mexicana se encuentra frente al dilema del objeto inamovible y la fuerza imparable. La incapacidad del presidente mexicano para ajustar rumbo frente a la magnitud del reto obliga a repensar en el mediano plazo las opciones políticas, el contrato social mexicano y el rol de los actores no gubernamentales. En la inmediatez de la crisis y la ausencia de un verdadero líder en la emergencia, solo nos toca cuidarnos unos a otros.
Ricardo Fuentes-Nieva es el director ejecutivo de Oxfam México.