Desde 2006 a 2016, fueron descubiertos en México, según registros oficiales, casi dos mil fosas clandestinas donde criminales desaparecieron personas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada siete municipios.
Estos fueron algunos de los resultados de la investigación que durante más de año y medio realizamos un grupo de periodistas preocupados por la práctica sistemática y masiva de desaparecer personas que, en los últimos dos sexenios presidenciales, arrasó con por lo menos 37,000 personas que siguen sin ser localizadas.
El hallazgo de 1978 entierros clandestinos, los municipios donde se ubicaron, el número de cuerpos y restos extraídos, y el mapa que lo acompaña revela más del doble de la cifra más alta de fosas reportadas en ese mismo periodo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo gubernamental federal.
Las cifras provienen de documentos de fiscalías estatales que obtuvimos mediante un burocrático camino vía solicitudes de información pública a las que constantemente hubo que repreguntar y tratar de interpretar porque cada estado tiene sus propios criterios para clasificar hallazgos, si es que los tiene.
El mapa interactivo de la evolución de las fosas es un espejo horroroso y a la vez revelador sobre el desbordamiento de las fosas en los dos sexenios en los que se utilizó la estrategia de seguridad bautizada como “la guerra contra las drogas”.
En el mapa se nota cómo la desaparición por medio de entierros ilícitos creció a niveles de catástrofe: el primer año, en 2006, cuando empieza el gobierno de Felipe Calderón, registró solo 2 fosas en un estado; en 2010 la cifra anual subió a 105 fosas, en 14 estados; en 2011 saltó a 375 en 20 estados, equivalente en promedio a una fosa por día.
A partir de 2012 –cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia y prolongó la estrategia militarizada– los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Fuimos conservadoras: retiramos las cifras sobre las que tuvimos dudas y aquellas que podrían ser duplicadas, y no sumamos las de otras dependencias como la Procuraduría General de la República, porque tiene distinta metodología.
El paisaje está incompleto porque ocho estados del país, una cuarta parte del territorio nacional, respondieron que no encuentran fosas en sus registros, aunque Yucatán es el único donde no existe evidencia de cifras oficiales ni reportes de prensa al respecto.
El lunes 12 de noviembre lanzamos la investigación #MéxicoPaísdeFosas a través de varios medios de comunicación. A la presentación pública asistieron personas con familiares desaparecidos, entre ellos la madre de una agente antisecuestros de la PGR que está desaparecida desde 2011, quien nos preguntó qué podemos informarle sobre las fosas exhumadas en Durango ese mismo año.
Nosotras marcamos puntos en nuestro mapa, pero sabemos que cada punto se refiere a vidas sepultadas sin dignidad, a familias que esperan el regreso de esos cuerpos.
Las fiscalías recuperaron de estas fosas 2884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos, y miles de restos y fragmentos de huesos. Aún así, las cifras no logran dimensionar el drama humano ni cuántas personas fueron enterradas, pero sí señalan el colapso de justicia y el nivel de impunidad.
Del total de cuerpos y restos exhumados sólo 1738 de las víctimas han sido identificadas.
El difícil ejercicio de obtener los documentos y dar sentido a un rompecabezas hecho con piezas de información desiguales es para nosotras una muestra del sistema diseñado como un laberinto elaborado para que dejes de buscar. Sin embargo, y pese a todo, el motor de la mayoría de las búsquedas son las familias que exigen la localización de sus familiares desaparecidos.
La investigación ha servido a los colectivos de familias para exigir a las fiscalías que revelen los datos que mantenían ocultos y para comparar las cifras que ellos tenían y contrastar los puntos de hallazgos.
Mirna Medina, fundadora de Las Rastreadoras, grupo de familias que salen a los cerros a buscar cuerpos enterrados en Sinaloa, nos dijo: “Nos sentimos menos solas porque los periodistas también los buscan”.
El mapa, cual caleidoscopio, permite ver los puertos y las fronteras donde se han abultado las fosas, donde la disputa por el control del territorio es intensa; muestra corredores intensivos de desaparición; abre interrogantes sobre por qué los asesinos comenzaron a ocultar cuerpos (cuando antes los dejaban expuestos) o por qué en varias zonas empezaron a usar combustibles para calcinarlos.
El gobierno entrante ha quitado el velo al tema tabú que eran las fosas. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho lo que muchos antes afirmábamos: “México es un país de fosas”.
La investigación, que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab [quintoelab.org], fue realizada por un colectivo de periodistas independientes que nos dimos a la tarea de hacer lo que al gobierno le corresponde, pero que no hizo.
Ahora las autoridades heredan la responsabilidad de abrir el camino a la justicia y la verdad. La administración de Andrés Manuel López Obrador tiene como reto atender esta crisis creando registros públicos confiables de las personas desaparecidas, elaborando un mapa nacional de fosas con un catálogo de todo resto o indicio encontrado, y fortaleciendo y profesionalizando las fiscalías y sus servicios periciales para que familiares puedan ofrecer a las víctimas un entierro digno y paz.
Marcela Turati, Alejandra Guillén y Mago Torres son periodistas mexicanas y coordinadoras de la investigación “Adónde van los desaparecidos”. Turati es cofundadora de Quinto Elemento Lab, un laboratorio de innovación e investigación periodística.