COLUMNISTAS:
Soledad Loaeza, Julio Scherer Ibarra, León Krauze, Oswaldo Zavala, Edna Jaime, Mario Maldonado
Ilustraciones por Edel Rodriguez para The Washington Post
Los límites de la excepcionalidad
El proyecto de AMLO es muy ambicioso. Por eso es inquietante.
Por Soledad Loaeza
Soledad Loaeza es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México.
Andrés Manuel López Obrador insiste en que su triunfo en la elección de 2018 fue una ruptura con el pasado y que estamos en el año cero de una nueva etapa en la historia de México. La primera señal de la nueva época, dice, es el liderazgo político diferente que él encarna. Sin embargo, tendrá que convencer a la opinión pública de que en realidad es distinto.
El presidente habla de su proyecto como un logro histórico —la Cuarta Transformación de la vida pública de México— aun antes de haber comenzado a diseñar las políticas que pondrá en práctica para alcanzar sus objetivos. Se ha propuesto escribir su propia historia antes de que ocurra.
Le gusta decir que lo que él hace, o los acontecimientos que lo involucran, son extraordinarios. Pero eso no siempre es cierto. Por ejemplo, ganó la elección con una mayoría sustantiva, pero no fue una marejada: alcanzó 53% del voto solo gracias a las coaliciones que estableció su partido, y su mayoría en el Congreso fue obra más de la ley electoral y sus alianzas que de los electores.
En los primeros tres meses de su gobierno, su nivel de aceptación fue de 78%, casi 30% más que el del día de la elección. Cuando AMLO se ufana de esa mayoría, olvida que el expresidente Carlos Salinas alcanzó ese mismo nivel de popularidad en 1989, a pesar de las serias dudas que había sobre su victoria en las elecciones de un año atrás.
Además, las últimas encuestas muestran la incipiente erosión de su aprobación —ya está en 66%— y de su credibilidad —en 47 %—, y una tendencia creciente al pesimismo entre la población. López Obrador rechaza estas señales y pretende descalificarlas con un torrente de declaraciones que no dejan mucho espacio a la reflexión.
AMLO no es un buen orador. Su retórica es muy simple y no tiene una personalidad sobresaliente. Pero el lenguaje llano, las referencias a figuras y expresiones de la cultura popular, y la burla y ridiculización de lo que ha bautizado como “la mafia del poder”, forman parte de una estrategia de comunicación bien pensada que mantiene la conexión con su público.
El afán de controlar su imagen está presente en las conferencias de prensa diarias: a través de ellas pone la agenda y orienta la atención de la opinión pública en la dirección que le conviene. La suya no es la popularidad de un presidente, sino la de un actor que crea tendencias de opinión.
Es posible que esa sea una de las explicaciones de la discrepancia entre su popularidad y su credibilidad. A la gente le gusta compartir con él la rabia y el desprecio que le causa el privilegio de unos cuantos, pero la diversión termina cuando las señales apuntan hacia dificultades que AMLO se niega a reconocer.
Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2019 el crecimiento de la economía fue de 0%. La respuesta del presidente fue que esta situación “no nos preocupa mucho, porque hay mejor distribución de la riqueza”. También sostiene que, si hace lo que hicieron sus antecesores, como distribuir nombramientos entre sus amistades, no es igual porque él y los suyos son diferentes.
El proyecto de López Obrador es el más ambicioso que ha tenido algún presidente y por esa misma razón es inquietante: aspira a escribir una nueva historia patria, a crear una nueva cultura política desde una interpretación binaria y muy suya de nuestro pasado.
Pero en realidad, nada sabemos de ella. El presidente habla poco del mundo que quiere crear, mientras que su discurso desborda denuncias y acusaciones contra la mafia del poder y el neoliberalismo.
Es ahí donde AMLO ha mostrado que es un buen político que supo ver en la corrupción, la impunidad y el privilegio de unos cuantos, el mayor agravio del electorado.
Esto se ve claramente si lo comparamos con el último gobierno del PRI, que encabezó Enrique Peña Nieto y que demostró una extraordinaria falta de sensibilidad, pese a que la percepción pública era que la corrupción había alcanzado niveles inauditos y se había extendido a todo el aparato del Estado. Pocos gobiernos han provocado tanto rechazo como ese: terminó su gobierno con 24% de aceptación.
El presidente habla sobre todo de corrupción con el afán de despertar el potencial movilizador del resentimiento que, en un país con 50% de pobres, inspira la desigualdad lacerante y la riqueza de otros; la creencia de que el dinero es siempre malhabido.
Es probable que AMLO haga el mismo recorrido que otros presidentes anteriores en el subibaja de la opinión pública y que vaya del entusiasmo de la victoria al pesimismo que inspira la rutina de los políticos que, como él, creen mucho en sí mismos, pero poco en los demás.
El cambio necesario
Reconducir la administración pública precisa recrear los fines de las instituciones.
Por Julio Scherer Ibarra
Julio Scherer Ibarra es el consejero jurídico de la Presidencia de México.
Ante el reclamo social, el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador concibió, como salida a la grave situación del país, propiciar cambios para la transformación de México.
Los gobiernos anteriores llevaron a la nación a la decadencia. Durante muchos años el sistema propició el dispendio de los recursos públicos, el abuso de poder y la impunidad. El statu quo fue la corrupción.
Revertir esta situación es muy complicado, pero no imposible. Demandará grandes esfuerzos y tomará tiempo. Implica decisiones que se enfrentarán a poderosísimas resistencias. No importa. Debe realizarse porque el sistema anterior ya dio de sí: hacer lo mismo es como no hacer. Por lo mismo, reconducir la administración pública precisa recrear los fines de las instituciones.
Para propiciar las condiciones de cambio, ineludiblemente había que modificar la manera de enfrentar la corrupción. El sistema que los gobiernos anteriores adoptaron y preservaron protegió a los servidores públicos que estuvieron involucrados en actos de esta naturaleza.
Desde el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari los delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos dejaron de ser considerados graves. El 10 de enero de 1994 se modificó el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer un catálogo de delitos graves que no permiten la libertad del inculpado durante su proceso. Dentro de él no se incluyeron los delitos cometidos por los servidores públicos.
Salinas de Gortari hizo esta reforma anticipando que las autoridades subsecuentes investigarían y procesarían a funcionarios de su administración. Pero los presidentes posteriores tampoco consideraron graves los delitos de los servidores públicos: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no modificaron el sistema. Así, cualquier funcionario de su período que estuviera involucrado en actos de corrupción mantuvo el beneficio de seguir un proceso penal en libertad.
El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en el gobierno de Peña Nieto, no contribuyó de manera sustancial al combate a la corrupción. Eludió el problema de fondo y se inclinó hacia la instauración de procedimientos de naturaleza administrativa, meramente regulatorios, pero sin implementar prácticas que de verdad inhibieran la corrupción y que además la sancionaran puntualmente.
El gobierno de López Obrador decidió hacer un cambio contundente en este sentido: el 12 de abril de 2019 se modificó el artículo 19 constitucional para incluir como delitos de prisión preventiva oficiosa los cometidos por hechos de corrupción.
Ahora quienes participen en delitos de corrupción deberán seguir su proceso privados de la libertad. La finalidad es evitar su fuga (lo que en gobiernos anteriores sucedía recurrentemente), y también mandar un mensaje de ataque a las condiciones que posibilitaban la impunidad.
Las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución, que se publicaron el 14 de marzo de 2019, modificaron los términos de la extinción de dominio, lo cual consiste en que el Estado puede adquirir los derechos de los bienes que sean productos o instrumentos de determinados delitos. Con esta reforma el actual gobierno incluyó, entre otros, los delitos relacionados en hechos de corrupción.
En concreto: las nuevas reglas consisten en que los servidores públicos implicados en actos de corrupción tendrán que seguir su proceso en prisión preventiva, y que los bienes involucrados en estos actos ya son susceptibles de pérdida por parte de quien los detente, en favor del Estado.
El mensaje es claro: la forma de hacer las cosas está cambiando, la República se está transformando.
Conmigo o contra mí
El presidente espera que los periodistas tomen partido por su gobierno.
Por León Krauze
León Krauze es periodista de Univision y colaborador para The Washington Post.
En sus primeros nueve meses, la presidencia de López Obrador puede leerse como un catálogo de antagonismos. “Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal y no voy a dejar de mencionarlo porque los conozco”, ha dicho. Y la lista es larga.
Ha descalificado a reguladores y órganos autónomos. Ha despotricado contra expertos, científicos y académicos, a quienes ha llamado “nostálgicos del neoliberalismo”. Ha condenado el escepticismo de calificadoras como Moody’s y Fitch, a las que acusó de actuar sin profesionalismo ni objetividad. Ha desechado los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional porque, dice, el organismo carece de “calidad moral”. Ha cuestionado la honestidad de entidades independientes que evalúan la labor gubernamental. Ha desacreditado a la sociedad civil, a la que atribuye ser herramienta del “conservadurismo”.
Y luego, claro, está la prensa.
El presidente de México ha hecho de la confrontación con el periodismo que lo critica una rutina, lo cual es alarmante en un país en el que la labor informativa es cada vez más riesgosa. Insiste en que toda la prensa crítica cabe en un mismo saco y merece una lluvia de adjetivos. La prensa “fifí”, le llama. Estos periodistas son “fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara”. Y merecen oprobio. Así, López Obrador se ha enfrentado varias veces con el diario Reforma al que acusa, sin fundamento, de proteger a gobiernos anteriores y responder a intereses ocultos. Después de uno de esos arrebatos Juan Pardinas, director editorial del periódico, recibió amenazas de muerte.
La impaciencia lopezobradorista con la labor periodística incluye a la prensa internacional. Al principio de su gestión, acusó a The Wall Street Journal de falta de rigor tras la publicación de un reportaje sobre la polémica reducción en importaciones de gasolina en México. “Es que no son serios”, dijo. Lo mismo sucedió meses más tarde con The Financial Times: respondió a un editorial crítico con una exigencia de contrición a los responsables de la publicación, a quienes culpó de “aplaudir” las reformas de su antecesor, Enrique Peña Nieto. “Estoy esperando que ofrezcan disculpas. No fueron objetivos, no son profesionales”, dijo.
López Obrador insiste en que su enfrentamiento sistemático con el periodismo no es más que el ejercicio de su “derecho de réplica” frente a la crítica, sin advertir la asimetría obvia entre quien detenta el poder y quien lo investiga. Pero sus motivos son más complejos. Lo que realmente parece animar la hostilidad del presidente mexicano con la prensa crítica es el concepto de sí mismo como la encarnación de la verdad, la razón, la moral y la historia. A partir de esa concepción centrada en él, se entiende mejor su interpretación del papel que el periodismo debe jugar en el México actual.
La revelación la ofreció el propio López Obrador durante el más improbable de sus enfrentamientos con la prensa. En un intercambio reciente con el reportero Arturo Rodríguez, criticó la labor de la revista Proceso, bastión histórico del periodismo independiente mexicano.
“No se portó bien con nosotros”, dijo sobre la revista. Rodríguez reviró en defensa de su casa editorial: “No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien”. El presidente ofreció entonces una lectura alarmante: “Los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, todos tomaron partido”. El asunto no quedó ahí: “Y es que es muy cómodo decir: ‘Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido, o apostar a la transformación’. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”.
Para López Obrador, la labor del periodista no es la búsqueda de la verdad sino la aquiescencia sin fisuras con un proyecto político. Así, de nada sirve la crítica o el análisis de la realidad sin el compromiso para transformarla. ¿Y cuál es esa transformación? La que defina el propio López Obrador.
En esta interpretación, el periodista no está para exigir cuentas al poderoso sino para apostar por él. Antes que hacer preguntas, debe “tomar partido”. Lo que el presidente pide, en suma, es la adherencia absoluta a su proyecto personal. Hacer lo contrario es “portarse mal”, ser “fifí” y “conservador”. Es ser, casi, un traidor.
El acoso de los gobernantes a la prensa es uno de los signos ominosos de nuestro tiempo. Estados Unidos es la muestra. En los últimos años, México ha conquistado una libertad de prensa que permitió, entre otras cosas, investigaciones periodísticas implacables que expusieron abusos desde el poder. Algunas de esas revelaciones durante el gobierno de Peña Nieto ayudaron a despertar el hartazgo de la sociedad, el caldo de cultivo del triunfo de López Obrador en las elecciones.
El presidente de México parece pretender dar la espalda a esas conquistas en aras de una nueva prensa cómplice. Es de esperarse que el periodismo resista.
Después del ‘narco’
El gobierno ha buscado nuevos enemigos para poder seguir militarizando el país.
Por Oswaldo Zavala
Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City University of New York. Su más reciente libro es “Los cárteles no existen”.
Una de las propuestas más importantes de la campaña presidencial de AMLO, que sin duda catapultó su triunfo, fue la transformación radical de la política de seguridad centrada en la llamada “guerra contra el narco”, que inició el presidente Felipe Calderón y prolongó el presidente Enrique Peña Nieto. Pero aunque el “narco” ya no sea el “enemigo”, es preocupante la aparición de nuevos actores que han movilizado a las fuerzas armadas por todo el país: los migrantes y el robo de combustible.
Mientras los gobiernos anteriores culpaban a los traficantes de la ola de violencia sin precedentes —en esos 12 años hubo más de 278 000 asesinatos y 40 000 desapariciones forzadas, según cifras oficiales— el Ejército y la Marina asediaban regiones del país y tenían enfrentamientos con un alto índice de letalidad con los supuestos delincuentes: ejercieron una brutal represión que dejó cifras desproporcionadas de civiles asesinados por las autoridades, pero muy pocas bajas de soldados y marinos.
En este contexto alarmante, el gobierno de AMLO declaró el fin de las acciones militares en contra del narcotráfico y anunció que “oficialmente ya no hay guerra”.
Ha destacado también dos cambios fundamentales para intentar revertir esa política de seguridad: levantar la prohibición del consumo de drogas ilegales y la gradual desmilitarización del país con la creación de una Guardia Nacional bajo un mando civil que, en un plazo de cinco años, deberá reemplazar al Ejército y a la Marina en todas las tareas de seguridad.
AMLO parecía advertir correctamente que la violencia estaba vinculada a la estrategia de militarización. Sin embargo, en los primeros ocho meses de su gobierno ya se han registrado más de 20 000 asesinatos, a un ritmo de 80 homicidios diarios en promedio. ¿Cómo reconciliar la nueva política de seguridad con la brutalidad de estas cifras?
Tendemos a olvidar que la agenda de seguridad nacional en México ha dependido históricamente de la política exterior de Estados Unidos. Como argumenté en mi libro Los cárteles no existen, el concepto mismo de “seguridad nacional” fue adoptado en nuestro país desde mediados del siglo XX para seguir con docilidad los intereses geopolíticos estadounidenses.
Nuestro primer enemigo en común fue el comunismo durante la Guerra Fría. En esa época el gobierno mexicano reprimió y exterminó movimientos sociales y reclamos de justicia.
En 1986, al anticipar el colapso de la Unión Soviética, la presidencia de Estados Unidos designó al narcotráfico como el nuevo “enemigo” de la seguridad nacional. En consecuencia México creó, tres años más tarde, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y se generalizó la militarización de la seguridad pública. Esto allanó en México el terreno para la llamada “guerra contra el narco”.
Es cierto que el nuevo gobierno ha cuestionado la validez del discurso antidrogas, pero eso no significa que disminuirá la violencia en México: esta no depende en realidad del combate a los “cárteles”, sino de la condición de guerra creada por la militarización.
El mismo día en que AMLO declaró el fin de la “guerra contra el narco” el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer el surgimiento del “Cártel Santa Rosa de Lima”, una organización dedicada al robo de hidrocarburos, práctica conocida coloquialmente como “huachicoleo”. Estos nuevos “cárteles” retoman narrativas de los traficantes de drogas: cuelgan mantas con mensajes amenazantes, tienen “santos” que los protegen y se disputan territorios.
AMLO también cedió a la presión del presidente estadounidense Donald Trump para endurecer su política migratoria. Al contravenir el derecho humano a migrar que su gobierno inicialmente defendió al otorgar visas humanitarias a 12 500 centroamericanos, usa a la Guardia Nacional en las fronteras para atajar el flujo migrante que se estima podría llegar a 900 000 refugiados para fines de este año.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es preocupante la poca transparencia sobre los protocolos de operación de esta fuerza armada. López Obrador insiste en que no desencadenará una nueva “guerra contra el narco”, pero es inquietante que forme un muro virtual para colaborar en la racista y xenófoba campaña antiinmigrante del presidente Trump.
Hasta hoy, un total de 70 000 elementos de la Guardia Nacional, integrada por elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, ocupan 150 regiones del país lo mismo para detener “huachicoleros” que migrantes centroamericanos, e incluso realizan revisiones en el m etro de la Ciudad de México.
Después de la violencia en nombre de la “guerra contra el narco”, se abre entre nosotros otro conflicto todavía más duradero y acaso más injusto: la guerra contra la pobreza, contra aquellos que, sin capacidad de resistencia, serán sacrificados una vez más en el nombre de la “seguridad nacional” de México y de Estados Unidos.
Más allá de la retórica, AMLO ha intercambiado un enemigo por otros para justificar la continuidad de la militarización que, de no detenerse, podría dejar un saldo de muerte y destrucción aún mayor que el de los gobiernos anteriores. La pacificación del país, hasta donde podemos ver, trágicamente seguirá siendo la consigna pendiente del gobierno de México.
Las instituciones primero
México tiene sistemas de rendición de cuentas pero no están plenamente desarrollados.
Por Edna Jaime
Edna Jaime es fundadora y directora del centro de investigación México Evalúa.
“Lo único que no está a negociación es el combate a la corrupción”, dijo AMLO, entonces candidato a la presidencia de México, en una entrevista en febrero de 2018. “Solo nosotros podemos acabar con la corrupción y lograr el renacimiento del país”, dijo sobre un tema que, poco a poco, se había convertido en uno de los más importantes y recurrentes durante su campaña.
La llegada de un presidente con un planteamiento anticorrupción imponente, en un momento definitorio para fortalecer las instituciones que la combaten, suponía la alineación perfecta. Sin embargo, a quién apunta el “nosotros” de aquellas declaraciones es algo que hasta el día de hoy no queda claro.
En todo estado moderno y democrático se desarrollan sistemas de controles, vigilancia y rendición de cuentas para contener los abusos de poder. En México estos mecanismos existen, pero no están plenamente desarrollados. Su condición responde, en buena medida, a la falta de voluntad política para hacerlos madurar.
En 2015 se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Es una iniciativa promovida por la sociedad civil que da fuerza a las instancias del Estado que combaten la corrupción bajo el entendido de que son las instituciones las que pueden regular el poder, prevenir el abuso y hacerlo de manera sostenida en el tiempo. El presidente, no obstante, no ha puesto atención a este sistema anticorrupción durante estos primeros meses y lo ha abandonado a su suerte.
Tampoco se observa un plan B en el combate a la corrupción. A pesar de que existen acciones que parecen estar encaminadas a ello, como la centralización de compras y contrataciones públicas del gobierno federal en la Secretaría de Hacienda —una de las medidas más radicales—, su efectividad y eficiencia quedan en duda.
Por ejemplo, en el primer trimestre de este año el gobierno gastó en el sector salud 24 000 millones de pesos menos de lo que se tenía asignado en el presupuesto federal. Entre 2013 y 2017 el total del subejercicio fue de 26 300 moderlones. Esta centralización de procesos sin duda reduce los riesgos, pero el costo puede ser terrible para poder ofrecer los servicios públicos en tiempo y forma, poniendo en riesgo a la población más vulnerable.
Por otro lado, están los cambios legales que ha promovido el presidente y que ponen en riesgo las garantías y derechos de los mexicanos. A través de reformas constitucionales ha incluido la corrupción en el catalógo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio. También ha modificado la figura de extinción de dominio, mediante la cual ahora pueden expropiarse bienes con la sola presunción de que fueron adquiridos con recursos vinculados al crimen. Es preocupante que ambas reformas puedan ser utilizadas de forma arbitraria.
Estas medidas, más las que vengan en el mismo sentido, no tienen la potencia del SNA. Así, el alineamiento que en un momento parecía natural se ha comenzado a desdibujar.
Más allá de la falta de un sistema que sostenga un camino real hacia la persecución de la corrupción, su gobierno tampoco ha señalado una estrategia para llevar ante la justicia a aquellos de sus predecesores que tengan señalamientos de abuso de poder. El único caso con una persona de renombre detenida es el de Rosario Robles, que AMLO ha dicho ya estaba abierto previamente.
Robles tuvo a su cargo dos secretarías relevantes en la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto: Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Hoy está en la cárcel, bajo proceso legal, por el uso indebido del servicio público. Aunque el delito no ameritaba necesariamente esta medida —la más extrema entre las opciones posibles— el juez de su caso decidió aplicarla. Así, una exfuncionaria está tras las rejas por su presunta participación en el desvío de millones de pesos del erario público conocido como La Estafa Maestra.
Esto es muy similar a lo que ha sucedido en gobiernos anteriores en México: la persecución de un caso, con una fuerte carga simbólica y catártica, que manda una señal de poder a cierto grupo sin conducir a la aplicación de la justicia, el desmantelamiento de redes criminales, o el fortalecimiento del Estado de derecho.
AMLO ha dicho que se hará responsable de lo que ocurra en su administración, que habrá cero tolerancia a los corruptos, pero la planeación de un sistema que lo permita aún está por verse. Por ello será también muy importante el desenlace del caso Robles y lo que está a su alrededor. Veremos si se sigue el patrón de gobiernos anteriores o si estamos ante un verdadero cambio de modelo que activará mecanismos de control y sanción, y un sistema de rendición de cuentas efectivo.
El reto económico de la 4T
¿Será posible mantener autonomía en las decisiones?
Por Mario Maldonado
Mario Maldonado es periodista especializado en temas de negocio y financieros.
La expresión angustiada del actual secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, mientras asumía este puesto el pasado 9 de julio se ha convertido en un meme popular en el país cuando se habla de preocupaciones: su mirada baja y un parpadeo constante y a veces acelerado, su boca cerrada y seria, y las manos cruzadas e inmóviles sobre su saco, posando junto al presidente López Obrador, quien lo presenta con una sonrisa orgullosa y satisfecha.
Existía la expectativa de una crisis financiera tras la salida de Carlos Urzúa, quien había renunciado inesperadamente al puesto a ocho meses de iniciado el gobierno de AMLO. Sin embargo, como Herrera ya era subsecretario de Hacienda y trabajó durante más de una década para el Banco Mundial, los mercados nacionales e internacionales reaccionaron bien a su nombramiento.
Aunque Herrera explicó después las razones de su semblante, tenía razones para estar preocupado: sobre sus hombros descansa, en buena medida, el proyecto de AMLO.
Pronto deberá presentar el proyecto de presupuesto federal para 2020 en un contexto de incertidumbre global por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en medio de las amenazas constantes del presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
A nivel local la cosa no pinta mejor: la economía está estancada y más cerca de la recesión que del crecimiento promedio de 2% de los últimos 30 años; y la generación de nuevos empleos está en los mismos niveles de hace 10 años, cuando la crisis financiera mundial paralizó las economías. A esto se le suma que las promesas del Consejo Mexicano de Negocios —el club de los ultrarricos del país— de invertir 32 000 millones de dólares para reactivar la economía no se han cumplido aún, pese a las reuniones entre AMLO y los empresarios.
El presidente también ha tenido conflictos con el Banco de México, una entidad independiente del gobierno, por las recomendaciones que le ha hecho. “Vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros ", dijo el presidente. "Es mejor que usen a plenitud las libertades, su autonomía, a que tengan la arrogancia de sentirse libres”.
Y después están las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Standard & Poor’s, que vigilan de cerca las decisiones del gobierno y las declaraciones del presidente, así como el funcionamiento de Pemex, la empresa petrolera paraestatal que contribuye con 15% del presupuesto del gobierno. AMLO ha dicho que estas empresas no han sido “profesionales ni objetivas”, mientras Herrera mantiene el diálogo con ellas y les asegura que no hay riesgo para las finanzas del país.
Herrera ha intentado mandar señales de confianza a los inversionistas y a las calificadoras, e incluso mediar con el Banco de México, pero el presidente suele desbaratar los acercamientos con sus declaraciones.
También las opiniones públicas de Herrera y del presidente —junto con parte de su gabinete— han chocado más de una vez. Y aunque el secretario ha señalado que el diálogo entre ambos es cordial, ya ha habido varias renuncias importantes en el gabinete de López Obrador debido a la falta de acuerdos.
El primero de sus desacuerdos públicos fue en marzo de este año, cuando Herrera, entonces subsecretario, dijo que no se aprobarían recursos para construir una nueva refinería de 8 000 millones de dólares hasta que se comprobara su viabilidad, lo cual fue rechazado por la Secretaría de Energía y el propio presidente.
El más reciente sucedió después de que el presidente declarara que no aprobaría impuestos a plataformas digitales como Uber o Netflix, a pesar de que en la Cámara de Diputados su partido, Morena, impulsó una iniciativa para hacerlo. Herrera respondió con un hilo de tuits explicando la importancia de que estas plataformas paguen impuestos.
Algunos empresarios del país, como el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguran que ven con cierta preocupación la sostenibilidad de autonomía por parte de Herrera en cuanto a sus decisiones de política económica, lo cual es muy importante para generar confianza a los inversionistas. Herrera, por el contrario, me dijo que el diálogo con el presidente “es constante y coincide con la visión de la Secretaría de Hacienda”.
El mayor reto del secretario será no solo mantener estable la economía en un ambiente incierto a nivel internacional y local, sino también convencer al presidente de no quemar los puentes con los mercados ni con su propio equipo: hacerle ver que en ello va en juego el futuro de su gobierno.