Amnistía contra democracia

El banquete estaba preparado, y en RTVE incluso el postre. Retransmisión casi a escondidas por 24 Horas, tiempos de intervención mínimos, Sánchez ausente, vía libre para la caza al juez por oradores airados (Francina calla y otorga), discurso incongruente del portavoz del PSOE, Abascal nos descubre que el malo es Feijóo, y tras la esperada votación favorable, que se desahogue el portavoz del PP y que Junqueras nos cuente las maravillas de una ley que acabará con los sufrimientos de tantos injustamente condenados. Ramo de flores en un matrimonio feliz. Tan fijo era el guion que no cambiaron el final a pesar del resultado.

¿Qué falló? Tal vez no fue por culpa de la esperpéntica máscara puesta al terrorismo, o no solo de ella, sino de los supuestos tratos de Puigdemont con Putin, con el agravante de que quien denunció esos 'coqueteos' se llamaba Pedro Sánchez, y constan las imágenes. Demasiado para que Bruselas lo pase por alto hasta que el asunto se aclare.

Amnistía contra democracia
José Ibarrola

Pedro Sánchez había utilizado la retahíla de siempre: «La amnistía corresponde a los valores y a los principios de la Constitución». No haría falta más que leer tal cosa para oponerse a una ley que responde a la degradación del discurso político que ha impuesto nuestro presidente. Al remitirse a unos supuestos valores y principios, en vez de probar la constitucionalidad, su deber era al menos contarnos cuáles son esos valores y esos principios. Y ni lo uno ni lo otro.

Cada aparente justificación de sus decisiones es solo una cortina de humo para que el destinatario acepte el dictamen de autoridad. Basta con asentir, como su partido en régimen de sumisión permanente, aplicando la conocida pauta jesuítica de que si una pared es verde y el Superior dice que es amarilla, es amarilla. Nuestro 'superior' es la personificación del «progresismo».

La receta fue ofrecida por su principal asesor al celebrar el éxito del 23-J. Solo dos ingredientes. Olvido obligado de Cataluña como problema, allí 'to er mundo é güeno', y atornillar la división de España en dos mitades, «progresismo» (Sánchez y su variopinta cohorte) frente a reacción. Criterio de aplicación universal, y ahora a esta ley de amnistía, más secreta en sus fundamentos normativos que el tapado de la presidencia mexicana. Y para el gran número de constitucionalistas críticos, la descalificación de turno: son «la derecha jurídica».

Vaya por delante que tendría pleno sentido conjugar el cumplimiento de leyes y sentencias sobre el 'procés' con la búsqueda de caminos para la concordia con el independentismo, tanto más amplios cuanto que los secesionistas mostraran una voluntad de actuar dentro de la ley, sin renunciar a sus ideas. Pero esto no sucede y de nada vale el espejismo de que con «el diálogo» se han moderado: el martes, las diputadas independentistas compitieron en ferocidad contra la democracia española. De poco le sirve a Sánchez permitir que machaquen al país que preside, a sus instituciones, mientras él legitima al cabecilla que hoy nada es. A más pleitesía, mayor precio.

No sirve tampoco recurrir al constructivismo para avalar una ley de fundamental importancia, que por algo no está en la Constitución. La jurisprudencia no puede saltársela, y si la Constitución rechaza el indulto general, mal va a admitir una amnistía. Desde el punto de vista histórico, había dos razones principales para no incluirla en la ley fundamental. La primera, el propio carácter de la amnistía de 1977, como supuesto jurídico de la concordia que presidió el período constituyente. No podía sumársele otra amnistía previsible, que en aquellas circunstancias, segunda razón, podía asegurar el perdón inmediato de quienes amenazaban de antemano a la Constitución: los previsibles golpistas militares. Era también una advertencia a los etarras amnistiados el 77.

Volviendo al presente, tal y como la apadrinan Sánchez y los secesionistas, esta ley se convierte en el 'remake' político del viejo filme 'Los asesinos acusan'. Los sediciosos de 2017 serán totalmente absueltos, de su injusta condena responde Junqueras, y la culpa recae sobre quien encarnaba la reacción, el Gobierno de 2017, naturalmente del PP. Rajoy pudo cometer torpezas, no es un águila, pero abordó la crisis con paciencia, ayudado entonces por Sánchez en la oposición, y mantuvo la vigencia de las instituciones democráticas al usar el 155. Tal como iba e irá la ley, supone una condena retrospectiva, rotunda e inmerecida de nuestro sistema democrático.

El círculo se cerraba con el colofón de esta ley a la carta: la distinción entre los dos terrorismos, para que la justicia no se cumpla. Bildu sonríe de cara al futuro. En suma, según un dictamen clásico, la democracia resultaba aplastada, la arbitrariedad triunfaba. Y, claro, triunfaba el progresismo. Lástima que Puigdemont juegue su propio juego, y tiene razones para jugar así. Ahora hay que ver con qué tapamos a Putin.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y columnista español, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

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