¿Amnistía para los defraudadores?

La amnistía fiscal con la que nos ha sorprendido el Ejecutivo de Rajoy no es una novedad ni en el panorama europeo ni en el español. De hecho, su primigenio antecedente data de 1959, cuando se produjo la gran operación de ajuste macroeconómico auspiciada por el Banco Mundial, la OCDE y el FMI y que vino al rescate de una economía que también entonces estaba al borde de la bancarrota y de la intervención. Retrotraernos hacia una época tan lejana tiene algo de aleccionador si queremos entender el significado del contexto político, económico y financiero en el que se tomaron esas decisiones y lo que implica el olvido legal de los delitos tributarios.

A finales de 1958 estallaba un escándalo financiero, el de la evasión de capitales a Suiza. Mientras los ciudadanos soportaban las medidas de ajuste, el Ministerio de la Gobernación daba a conocer la detención en Barcelona de un agente bancario helvético que gestionaba los depósitos en Zúrich de 800 hombres de negocios españoles por valor de entre 200 y 300 millones de dólares. La reserva de divisas del Banco de España no excedía de los 5,2 millones de esa moneda y la economía apenas podía financiar las importaciones de un trimestre. Según un informe secreto de la embajada francesa, la red de evasión de capitales actuaba entre Madrid, Barcelona y Bilbao e incluía a empresarios y financieros junto a gente próxima al Gobierno del general Franco y del mismo entorno de El Pardo.

Nadie podía ignorar un tráfico ilegal de divisas que venía produciéndose a gran escala desde hacía tiempo. Que la dictadura sacase a la luz esa práctica corrupta solo se entiende porque los tecnócratas del Gobierno estaban preparando una política liberal del mercado de capitales que añadía los beneficios de la repatriación voluntaria de los depósitos en dólares en Suiza a cambio de una amplia amnistía y para sanear una economía en quiebra técnica. En palabras del ministro de Hacienda Navarro Rubio en las Cortes, se buscaba que «todos aquellos que sacaban del país sus capitales para salvarlos de la desvalorización recuperen su conciencia patriótica»; es decir, recapturemos ingresos ilegalmente transferidos al exterior porque los defraudadores se convertirán en buenos contribuyentes.

Medio siglo después parece que hemos aprendido poco. La amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP en los Presupuestos Generales del Estado del 2012 no ha sido una ocurrencia de última hora. Y eso no es lo más grave. Los responsables políticos de la Hacienda Pública y sus técnicos saben el interés teórico que suscita entre los economistas eliminar la penalización fiscal. Este instrumento no ha sido exclusivo de los países menos desarrollados para capturar ingresos fiscales que eluden el control tributario. El catedrático Montoro conoce la práctica ejecutada al respecto por diversos países de la UE y de los gobiernos federales de EEUU en las últimas décadas. La praxis habitual de capturar rentas ocultas forma parte de la lucha contra el fraude fiscal en todos los países avanzados. Entonces, ¿por qué esta amnistía fiscal nos parece una decisión extravagante del Gobierno de Rajoy, con resultados previsiblemente ineficaces? Porque, confiándolo todo a una futura recaudación que exonera a los delincuentes, se debilita la credibilidad institucional y se fractura la disciplina fiscal de los contribuyentes.

Esta amnistía fiscal ha sido presentada con el objetivo explícito de recaudar más en estos tiempos de cuentas públicas escuálidas. Se ha eludido, sin embargo, profundizar en lo que significa combatir la evasión tributaria y en el carácter aleccionador de su penalización. Desconocemos si ha habido una valoración gubernamental de los ingresos esperados y, sobre todo, de las pérdidas que año a año se deja que se evaporen. Amnistiar esas viejas prácticas transmite a los ciudadanos una imagen pésima, la de un Estado al que, con tal de obtener los ingresos que no logra por otras vías, parece no importarle demasiado lesionar los principios fiscales que deberían figurar en el arquitrabe de nuestra democracia y de nuestro Estado del bienestar, los de justicia, equidad, generalidad y capacidad de pago. Todos ellos han sido literalmente barridos en unas circunstancias tan extraordinarias como las actuales.

Las declaraciones de los responsables políticos al anunciar la amnistía tributaria no han podido ser más peripatéticas y nocivas. Mientras con la mano izquierda se ha elevado la presión fiscal directa sobre las rentas del trabajo, con la derecha el mismo Gobierno perdona a los defraudadores los delitos cometidos a cambio de un módico 10% sobre el valor de lo evadido con el que esperan mejorar los ingresos del Estado. Existen gobiernos que creen que se gestiona a golpe de BOE a la vez que reducen el gasto en inspectores de Hacienda. Al menos las cuatro haciendas forales han roto con el seguidismo gubernamental y se han comprometido a no caer en la trampa de un regalo fiscal que significará algo más de pan para hoy y mucha hambre para mañana a nada que cunda el ejemplo de la elusión fiscal. Ya saben ustedes, «Hacienda somos todos».

Joseba de la Torre, catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad Pública de Navarra

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