Anclado en el pasado

Por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional (EL PERIÓDICO, 25/07/06):

El curso político está acabando como empezó y como va a empezar el próximo: con desacuerdo máximo entre los dos grandes partidos de gobierno de España prácticamente sobre todo. Si después de lo que ha ocurrido con el proceso de aprobación del Estatut, la dirección del PP no ha sido capaz de extraer otra conclusión que la de que debe interponer un recurso de anticonstitucionalidad contra el texto aprobado en referendo y de que las próximas elecciones deben plantearse como un plebiscito sobre la unidad de España, no hay esperanza de que las cosas puedan ser distintas de como están siendo. Si la dirección del PP no ha sido capaz de entender una lección tan clara como la que le dieron los ciudadanos de Catalunya el pasado 18 de junio, entonces es que no pueden entender nada. Polí- ticamente han perdido el juicio.
Pues los ciudadanos de Catalunya hablaron con mucha claridad ese día, desbaratando los argumentos en los que el PP había justificado su posición completamente contraria a la reforma. En primer lugar, avalaron con su voto el trabajo que ha- bían hecho sus representantes políticos, tanto los que les habían representado en el Parlament como los que les representaban en las Cortes Generales. El 74% de voto afirmativo se situó a mitad de camino entre el 90% que aprobó la proposición de ley de reforma en el Parlament de Catalunya y la mayoría absoluta que lo aprobó en las Cortes Generales. Teniendo en cuenta que uno de los partidos que votó la proposición de ley de reforma en el Parlament, ERC, pidió el no en el referendo, las cuentas salen con exactitud.
No ha habido, pues, quiebra alguna entre los ciudadanos y sus representantes políticos, como ha venido repitiendo el PP a lo largo de todo el curso, sino todo lo contrario. La coincidencia entre los representantes y los representados ha sido más que notable. Y ese es el canon con el que hay que valorar siempre el resultado de un referendo. Lo que constitucionalmente está en juego es siempre la posible discordancia entre la voluntad de los representantes y la de los representados, con el consiguiente juicio sobre la falta de legitimidad democrática de los órganos constitucionales a través de los cuales se expresa ordinariamente la voluntad del Estado.

EN SEGUNDO lugar, los ciudadanos desmintieron con su voto la tesis de la balcanización y de la ruptura de la unidad de España, que había sido el eje central de la estrategia del PP. Y lo desmintieron de manera deliberada y consciente, sobre todo tras el cambio de posición de ERC y su campaña a favor del no. En el proceso de reforma, los ciudadanos tienen que decidir en referendo si optan por lo que sus representantes autonómicos proponen como punto de partida o por el resultado de la negociación que configura el punto de llegada. En el caso del 18 de junio esto era todavía más claro como consecuencia del cambio de posición de ERC. Los ciudadanos tuvieron que optar entre la propuesta de reforma del 30 de septiembre, que es lo que propugnaba ERC, y el resultado de la negociación entre el Parlamento autonómico y las Cortes Generales. En el caso de que hubieran optado por lo primero, nos habríamos encontrado ante una crisis muy grave para la unidad política del Estado, ante un riesgo de balcanización. No fue así.
Vuelvo por donde empecé. Si la dirección del PP no ha entendido esto, es que no está en condiciones de entender nada. El 18 de junio puso fin a la enorme inseguridad que generó en la sociedad española la aprobación por el Parlamento el 30 de septiembre de la proposición de reforma estatutaria en los términos en que lo hizo. Ese es un asunto resuelto. Por tiempo indefinido, pero previsiblemente largo. Este es un dato tan permanente del bloque de constitucionalidad como lo ha sido el Estatut de Sau en estos últimos 25 años. Y como lo van a ser todas las reformas estatutarias que se van a aprobar en los próximos meses. Esto es lo que significó el 18 de junio, que, cuando se analice en el futuro la presente legislatura, figurará como el momento más decisivo de la misma, pues ese día se decidió la reforma de la estructura del Estado que había venido operando en los últimos decenios. Por esta razón es por la que creo que ni siquiera el final de la violencia, si es que se alcanza, tendrá una dimensión similar al de las reformas estatutarias.

TODO ESTO el PP se lo está perdiendo. La conexión entre lo que el PP hace y lo que en la sociedad española ocurre cada vez es más tenue. La dirección del PP está anclando a su partido en una España que ya no existe. El Título VIII de la Constitución está siendo interpretado por las reformas de los estatutos de autonomía de forma distinta a como fue interpretado por los estatutos originarios, y de la misma manera que la primera interpretación cambió de manera irreversible el espacio para la acción política, también lo va a hacer esta segunda. Le guste a la dirección del PP o no le guste. Su posición es completamente irrelevante. No va a ser seguida ni siquiera por las direcciones regionales, que se están incorporando o se van a incorporar al proceso de reforma.
Tengo la impresión de que este deslizamiento hacia la irrelevancia puede acentuarse aún más si la dirección del PP se empecina en mantener su posición respecto de las futuras negociaciones para poner fin al terrorismo. El proceso seguirá su curso tanto si el PP presta apoyo al mismo como si no lo hace. En este terreno, como en el de las reformas estatutarias, el PP puede dificultar el proceso, pero no impedir que el Gobierno haga lo que tiene que hacer.