Andalucía, en reformas

Se habla de la alternancia política como medio para sanear las instituciones representativas. También para hacer cambios de dirección de políticas que busquen novedosas propuestas a problemas seculares cuando estos no han sido del todo solucionados. Nadie duda de que la alternancia supone (o se le presupone) dar visiones originales a aquellos problemas que se presentan. A nivel de gestión de políticas, en la práctica, la alternancia además permite «agitar» a los equipos para que vuelvan a dar lo mejor de sí mismos, lo que facilitaría alcanzar los objetivos comentados. Esta necesidad la hemos detectado con claridad en algunos departamentos de la Junta de Andalucía, en los que después de casi 40 años sin cambio en el color del gobierno, se había agotado la capacidad de gestionar mejoras significativas en determinadas parcelas de la Administración de servicios y políticas en Andalucía, algo que se nos antojaba no solo necesario sino imperativo.

En el caso de la Junta, y al contrario de lo que muchos pudieron prever (no entramos en contadas aunque relevantes excepciones), lo que hemos encontrado es a unos cuerpos técnicos muy solventes y con una excepcional ilusión por el cambio. Sin embargo, la falta de alternancia política había tamizado voluntades y mantenido comportamientos que exigían una reorientación. En no pocos de estos departamentos se gestionaba en piloto automático, con la clara necesidad de una nueva visión de futuro; con evidente capacidad de mejoras en cuanto a eficacia y eficiencia y que permitiera devolver la confianza a la Administración de unos ciudadanos cada vez más críticos y en desafecto. Por lo tanto, esta dinámica necesitaba de un claro cambio.

En este sentido, los que firmamos este artículo somos miembros de dos consejerías, las de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades y la de Presidencia, Administración Pública e Interior, cruciales para este cambio de paradigma en el modelo de Administración. Y sirve como ejemplo extrapolable al resto del Gobierno andaluz. En ellas hemos encontrado de todo, pero no faltan departamentos congestionados y en los que, después de ocho meses, aún queda un enorme trabajo para reactivarlo y ponerlo a funcionar a pleno pulmón. La judicialización de algunas políticas y comportamientos además ha tenido en el funcionariado un efecto de contracción, de búsqueda de la autoprotección de los políticos, a través de un exceso de «garantismo» que ha supuesto, en no pocos casos, un bloqueo absoluto de los procedimientos administrativos, como ha sucedido en la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía.

En este particular, y en lo que a la experiencia de quienes escriben supone, la vocación de servicio público ha ido orientada hacia la reforma de algunos de los departamentos en los que somos responsables. Nos consta que no somos la excepción y que no pocos compañeros con competencias en el resto de los ámbitos que conforman la gestión en la Junta están haciendo lo propio.

Por poner un claro ejemplo, la gestión de Fondos Europeos ha sido ejemplar hasta la fecha dentro de su órgano encargado de tramitar los expedientes, la Dirección General de Fondos Europeos, pero dicha gestión no ha recibido atención política en cuanto a sus necesidades de mejora desde hace no menos de tres lustros. La complejidad de esta gestión ha crecido exponencialmente mientras que la estructura administrativa ha permanecido igual, solamente ajustada mediante la técnica del «parcheo». En ocho meses hemos evaluado la situación y, con la ayuda inestimable de los mismos técnicos de Fondos a los que aprovechamos para agradecerles infinitamente su trabajo y ayuda, se ha elaborado un plan que permita modernizar la gestión para conseguir una mejor implementación de estos fondos tan necesarios para la economía andaluza.

Por otro lado, hemos impulsado un análisis profundo, con ayuda de funcionarios pero también de expertos ajenos a la administración que la sufren, de las mejoras posibles y necesarias tanto en la regulación como, sobre todo, por las trabas que se imponen a la actividad económica y general. Esta necesidad es asumida por los propios funcionarios, quienes la han hecho suya, y en algunos casos con una energía inusitada. En particular, la Agencia de la Defensa de la Competencia está logrando unos resultados magníficos, que se traducirán, en no mucho tiempo, en cambios normativos o procedimentales.

Una de las cuestiones cruciales, al hilo de esto, es que desde hace décadas no se había puesto a los propios funcionarios como verdaderos protagonistas de estos cambios. La Ley de Función Pública Andaluza tiene ¡34 años de vida! y ni siquiera se habían adaptado las normas a las del Estado en una materia tan crucial para todos como la Administración Electrónica, lo que elevaría la eficiencia de la gestión y cuyo decreto está ya próximo a aprobarse por Consejo de Gobierno.

No existió un plan en el que se plasmara una reflexión profunda desde la propia Administración andaluza sobre cuántos empleados somos, a qué se dedican, dónde se necesitan más, qué demandaba el ciudadano, etcétera. Pero ahora, este cambio de paradigma se traduce en las acciones que está llevando a cabo la Consejería de Presidencia, y que en esta materia ya tiene finalizado un análisis que pronto se materializará en la estrategia de Recursos Humanos. Esta estrategia determinará cuestiones tan claves como qué tipo de empleados son necesarios, cómo deben seleccionarse, formarse o cual puede ser su carrera profesional. Este análisis, y tras el debido debate con los agentes sociales implicados, finalmente se plasmará en la nueva Ley del Empleado Público.

Y, como ya ha anunciado nuestro presidente, en la propia ley se apostará por la figura del directivo público profesional, que permitirá la incorporación del mejor talento de nuestra comunidad al servicio de nuestros ciudadanos.

Como estos ejemplos podríamos estar hablando de muchos más. Todo ello con el claro objetivo de lograr, de una vez por todas, una Administración ágil y eficiente, transparente, cercana y adecuada a los nuevos tiempos, que ayude al ciudadano en vez de ponerles problemas. Aún queda tiempo para acabar el trabajo. Esperemos también que el ciudadano lo perciba, lo valore y nos lo permita.

Ana M. Vielba es secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía y Manuel A. Hidalgo es secretario general de Economía de la Junta de Andalucía.

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