Angela Merkel y la mayoría europea

Por José M. de Areilza Carvajal. Profesor de Derecho Comunitario y vicedecano del Instituto de Empresa (ABC, 04/04/06):

EN los pocos meses transcurridos desde su llegada a la cancillería alemana, Angela Merkel ha conseguido liderar el debate europeo, a pesar de que sus principales preocupaciones pertenecen al ámbito doméstico. Esta política demócrata-cristiana originaria de la antigua RDA tiene un estilo de liderazgo que combina convicciones profundas y actitudes pragmáticas. Su contribución a los debates de Bruselas como nuevo jefe de Gobierno del país más poderoso de la Unión es una buena noticia, ya que la orientación general de sus ideas conviene a una Europa que necesita aclarar su rumbo. Los tres vectores principales de su ideario europeo son el fortalecimiento del vínculo trasatlántico, la puesta en marcha de reformas económicas y la profundización en la integración política, a pesar de la crisis constitucional. Además, Angela Merkel practica dos raras virtudes políticas: conoce a fondo los «dossiers» comunitarios, hasta sus detalles técnicos más minuciosos, y habla claro a los ciudadanos, algo poco habitual en Bruselas y que en estos tiempos desorientados se agradece mucho. Su intervención decisiva en la negociación de presupuestos europeos en diciembre pasado es un buen primer ejemplo de su capacidad de liderazgo.

Durante la actual presidencia austriaca, la canciller se ha propuesto entre otros objetivos colaborar a fondo con EE.UU. en la cada vez más tensa relación con Irán -lo contrario a lo que hizo Gerhard Schröder durante la crisis de Irak- e impulsar la reflexión europea sobre la energía, con el fin de adoptar una estrategia común que incluya aspectos políticos y de seguridad. Su tercer proyecto estrella tiene que ver con la Constitución europea rechazada por Francia y Holanda y cuya ratificación ha sido pospuesta desde el pasado verano en nueve países. La canciller es más optimista que la mayoría de sus colegas europeos al respecto y busca liderar a los catorce estados miembros en los que vive el 49,5 por ciento de la población europea que ha dado el visto bueno a la Constitución. Por ello Merkel ha instado a su colega austriaco a que reavive el debate constitucional y presente en junio una «hoja de ruta» con distintos itinerarios posibles para no desaprovechar este conjunto de reformas negociadas y aprobadas en 2004 por los 25 gobiernos de la UE. En teoría, hasta noviembre de 2006 el Consejo Europeo ha decretado un «período de reflexión» sobre la Carta Magna, en el fondo un aplazamiento de la salida del embrollo. Esta «siesta constitucional» sirve para desdramatizar el problema mientras llegan las elecciones legislativas en Holanda y presidenciales en Francia en la primavera de 2007.

El plan de Angela Merkel no consiste en imponer la Constitución europea con sus 448 artículos. Hasta ahora, su idea consiste en ir preparando para 2007, bajo presidencia alemana, una reforma del actual Tratado de la Unión Europea que incorpore al menos algunos de los artículos de la Constitución europea, de forma preferente aquellos que tratan sobre las instituciones. Estos añadidos se presentarían como un conjunto de cuestiones más técnicas que políticas, con la justificación práctica de reforzar a la Unión en su funcionamiento a 25. Sin embargo, no hay nada más político que una reforma de las instituciones europeas, y más cuando la que contiene la Constitución europea es muy conveniente en especial para los cuatro países más poblados. No en vano, hace poco Jacques Chirac ha denunciado una supuesta inercia y parálisis de las instituciones y Tony Blair ha mantenido al finalizar su presidencia europea de 2005 que la Unión no funciona bien con las actuales reglas institucionales. Son apreciaciones bastante subjetivas, porque la Europa ampliada funciona en el día a día sin graves problemas institucionales. Otro asunto es la urgencia de mayor liderazgo político en la Comisión y entre los jefes de Gobierno y la necesidad de encontrar proyectos atractivos y fáciles de explicar para movilizar desde Bruselas a los ciudadanos.

En todo caso, la idea de aprovechar algunos contenidos de la fallida Constitución puede tener sentido y enlaza con la tradición de pequeños pasos en el proceso de integración. La decisión de no usar el nombre de Constitución en la siguiente reforma también es comprensible, por los rechazos y las expectativas desmedidas que despierta esta palabra. Pero los borradores para la reforma de Merkel son problemáticos en sus líneas actuales, y si no se reformulan a tiempo, pueden llevarle a su primer fracaso europeo. La elección por unos pocos líderes de qué partes del texto constitucional se resucitan es altamente polémica e implicaría estados ganadores y perdedores. Sería olvidarse de que la Constitución es un pacto global, en el que todos los gobiernos tuvieron que ceder algo en distintos artículos. En concreto, en el nuevo sistema de votación por doble mayoría el criterio de la población pesa de modo fundamental y en la práctica deja el Consejo en manos de unos pocos. La falta de acuerdo sobre cómo definir la mayoría en el sistema de toma de decisiones de Bruselas fue una de las razones por las que se bloqueó medio año la negociación final de la Constitución. España y Polonia tienen mucho que perder en una posible reforma circunscrita a los votos y las instituciones. Además, las actuales actitudes nacionalistas y proteccionistas de sus gobiernos les restan capacidad de ser interlocutores desde el primer momento en este debate y defender con acierto su cuota de poder en el Consejo de Ministros de la Unión. En este sentido, es evidente que el contencioso hispano-alemán sobre Endesa debería resolverse cuanto antes para evitar consecuencias políticas en el plano europeo.

Esperemos, por lo tanto, que la canciller alemana impulse en su momento y sin prisas una reforma de los Tratados con todas las garantías de transparencia y representación, en la que todos los estados puedan proponer qué quieren renegociar. Lo importante a estas alturas de la integración es conseguir que las políticas europeas añadan valor a las decisiones nacionales y reforzar la legitimidad del proceso a través del cual se reforman los medios y los fines de la Unión Europea.