El Trienio Liberal (1820-1823), durante el que rigió y se desarrolló la Constitución gaditana, fue un periodo apasionante de nuestra historia política. Es cierto que aquellos años se caracterizaron por una gran inestabilidad, pero también propiciaron reformas que avanzaban hacia la modernización de España. Por ejemplo, en materia económica se favoreció el mercado nacional, liberalizando el movimiento interno de mercancías y procurando un mejor control fiscal de la entrada de productos extranjeros. Para ello resultaba imprescindible combatir con más eficacia el fraude aduanero, de lo que hasta entonces se habían ocupado unas fuerzas conocidas como resguardos.
Aquellos antiguos resguardos nunca habían sido demasiado eficaces, por su organización heterogénea, su incapacidad para combatir el bandolerismo y por haber arraigado en ellos la corrupción. Por ello, en septiembre de 1820, se propuso a las Cortes la reorganización de los resguardos, pero bajo la ordenanza militar, reconociendo que, por omisión, soborno o disimulo, los resguardos no habían sido eficaces en la lucha contra el fraude, promoviéndose la sustitución de individuos incapaces y viciados por otros más íntegros y preparados.
Solo un mes después, las Cortes, por Real Decreto de 1 de diciembre de 1820, crearon el Resguardo Militar de Hacienda, integrando a los suprimidos resguardos civiles, tras una importante depuración de su personal, de forma que la mayor parte de las nuevas vacantes se cubrieron con mandos y soldados veteranos procedente del Ejército.
La plantilla de este nuevo Cuerpo, dependiente de la Dirección General de la Hacienda Pública, era de 5.953 efectivos, de los que 900 debían ser de caballería, desplegándose en dieciocho distritos.
Su orgánica era notoriamente militar, con empleos jerárquicos, divisas, armamento, equipo y el mismo régimen disciplinario de las tropas ligeras del Ejército, aunque actuaba bajo las órdenes de los Intendentes provinciales.
Su uniformidad era de color gris, con hombreras de color azul celeste, correaje amarillo y su característica bandolera de ante, en la que figuraban las armas nacionales. Podían actuar bajo «disfraz», debiendo mostrar su banda con la placa en el momento de la intervención, controlándose las aprehensiones por interventores independientes.
La proliferación de grandes partidas de criminales y contrabandistas dio lugar a graves enfrentamientos con la nueva fuerza fiscal, como la acción armada, de abril de 1821, en la que una patrulla del Resguardo, al mando del Capitán Rojas, batió en Sevilla a 44 contrabandistas y aprehendió un importante alijo de tabaco.
El regreso al absolutismo en abril de 1823, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, supuso la derogación de todas las normas jurídicas aprobadas durante el Trienio Liberal, volviendo los resguardos a su organización civil anterior. Sin embrago, la ineficacia mostrada hizo que el régimen absolutista reconociera su error al crear en 1829 una fuerza especial, separada del Ejército, con el nombre de Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, destinada a la lucha contra criminales y defraudadores. Dicho Cuerpo estuvo integrado en gran parte por antiguos miembros del Resguardo Militar, que quedó legalmente «restablecido y subrogado» en el Cuerpo de Carabineros, conforme a una Real Orden de 23 de octubre de 1835.
El nuevo Cuerpo de Carabineros consolidó progresivamente su organización militar; integró a otros resguardos civiles, tanto del interior como marítimos; incorporó a mujeres en tareas de apoyo operativo, las «matronas» (su existencia consta ya antes de 1852); y creó unidades marítimas, desplegándose también en territorios de ultramar.
Finalmente, en 1940, el Cuerpo de Carabineros fue integrado en la Guardia Civil, que se reorganizó entonces creando la especialidad de resguardo.
Por todo ello, este año no debe pasar desapercibido el doscientos aniversario del Resguardo Militar. Cuerpo que, con sus sucesivas configuraciones, sin interrupción, continúa hoy encarnado en las Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, para luchar contra el fraude bajo dependencia de las autoridades de Hacienda.
Juan Carlos Domínguez Nafría es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.