Ante el acoso, prevención

En el Día Mundial contra el Acoso Escolar o bullying conviene recordar que uno de cada cuatro escolares en España –un 23,4 por ciento de los alumnos de Primaria a Bachillerato, según el Informe Cisneros– asegura haber sufrido algún tipo de acoso en el colegio o ser víctima de violencia escolar. Son datos muy graves si tenemos en cuenta que en otros estudios solo computan como casos los ya «cronificados» en sus fases finales, dando una imagen distorsionada del problema real del acoso escolar. Estas cifras demuestran que nos enfrentamos a un grave, complejo y creciente problema social. Pese a ello, la desinformación, el error de algunas direcciones de centros educativos y el desenfoque político de este asunto agravan y perpetúan la violencia que viven algunos menores.

Por acoso escolar entendemos «un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar u obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atentan contra su dignidad y sus derechos fundamentales» (Piñuel y Oñate, 2007).

Siempre que se produce un caso de bullying significa que hemos llegado tarde y que los daños psicológicos en la víctima se habrán instalado en distintos niveles: autoestima, autoconcepto y rendimiento escolar. En estas situaciones es cuando comprendemos que los motes, burlas, ninguneo social no son solo «cosas de niños». El bullying, además, es un fenómeno perverso porque despliega un proceso de acoso psicológico y social contra la víctima difícil de detener. Llega hasta tal punto que la mayoría del entorno del menor afectado termina coaligándose ciegamente, es decir, automática e inconscientemente, planteando la expulsión o salida del menor como la única solución posible.

La manera más eficaz de erradicar este sufrimiento en nuestras aulas es mediante los programas de prevención e intervención integrales, los cuales deben estar contrastados científicamente. En mi experiencia profesional internacional de implantación de estos programas me he encontrado verdaderas prácticas aberrantes que son totalmente contraproducentes.

En muchos centros, uno de los errores más frecuentes se produce cuando diagnostican un caso de bullying y plantean la mediación, muy eficaz en otros conflictos. El acoso escolar no es un conflicto, y posicionar a la víctima en el mismo nivel que los acosadores es desconocer absolutamente el proceso. La víctima tiene una situación asimétrica respecto a sus verdugos, por lo que plantear la mediación puede resultar nefasto.

Los programas que sí han demostrado ser eficaces, basados en las investigaciones del prestigioso doctor Iñaki Piñuel y su programa AVE (acoso y violencia escolar) en la lucha contra el bullying, son aquellos que actúan en tres niveles de forma conjunta. En primer lugar, poniendo a disposición de los centros las herramientas psicológicas necesarias para la anticipación y respuesta temprana a través de evaluaciones periódicas. La medición y el diagnóstico es un factor crítico para la prevención e intervención. Por otro lado, implicando a las familias, alumnos, profesores y el resto de personal de los centros. No solo para la detección de casos, sino también para el desarrollo de procedimientos de actuación que describan y expliquen estos tipos de comportamientos y las sanciones que se consideren pertinentes. Además, se deben implantar protocolos de buen trato (PBT) en los niveles educativos, con una metodología participativa que genere verdaderas comunidades de práctica en materia de prevención de la violencia escolar.

Debemos ser proactivos –y no reactivos– para suprimir el acoso escolar en sus inicios. Baja autoestima, cambios bruscos de humor, falta de atención, bajo rendimiento en clase, problemas para relacionarse con los demás, estrés postraumático y no querer acudir a clase, ni a actividades extraescolares ni a cumpleaños son algunos de los indicadores que alertan sobre una situación de acoso en el aula. Los profesionales que trabajan en los centros docentes deben estar alerta y formados para actuar cuando tienen conocimiento de estos comportamientos, bien sea por información de las familias, por actitudes de los niños afectados en el centro escolar o a través del cuestionario TBAE.

La no detección, detención e intervención contundente por parte de los centros respecto a los acosadores, y la hiperprotección de los padres que defienden a sus hijos cuando se han confirmado comportamientos violentos, no ayudan a generar una educación con vínculos saludables. Esta inacción por parte de los adultos trasmite a los acosadores que la violencia es «útil» o «exitosa» y sienta las bases de posibles comportamientos a futuro como es el acoso laboral o la violencia doméstica.

Óscar Cortijo Peris, director corporativo de Personas del CEU.

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