Ante el fraude de la ética política

Ante el foco actual de la corrupción en Caja Madrid, más allá del morbo y del comportamiento escandaloso de los implicados, hay que resaltar la responsabilidad de las organizaciones sindicales y en mayor medida de los representantes de los partidos políticos como causa primera de un sistema de nombramientos que en sí mismo facilita la corrupción. Es un modelo antidemocrático que se repite constantemente. Este caso no será el último ya que está emergiendo el nuevo escándalo del nombramiento del presidente de RTVE, intentando ocultar y mantener al mismo tiempo la situación ilegal de cuatro miembros del Consejo de Administración con mandatos caducados desde casi dos años.

A la espera del desarrollo y finalización de este nuevo test político democrático de RTVE y limitando mi análisis al caso de Caja Madrid, en esta ocasión, respecto a la responsabilidad jurídica-judicial, se reproduce la ineficacia del proceso judicial, ya puesto en marcha desde hace cerca de dos años por la Audiencia Nacional, referente al rescate de Bankia que afectaba ya a los directivos de Caja Madrid sin ningún resultado todavía.

Ahora se acumularán nuevos indicios y circunstancias, en un proceso abierto sin fecha de finalización, con una tardanza jurídica que en el ritmo de la sociedad de la información traslada la sensación de impunidad jurídica a los ciudadanos y a la opinión pública. Ante esta situación los representantes de los partidos políticos esperan que la tormenta escampe, intentando capear el temporal con expresiones de indignación cara a la galería como «algo que remueve el estomago, asco moral…». Utilizando también una vez más la manipulación de la ética reduciéndola a meras operaciones de imagen de estética. Como muestra de esta operación cosmética ya se ha anunciado por PP y PSOE la puesta en marcha de las denominadas Comisiones de Garantías de carácter pretendidamente ético. Son órganos internos sin independencia ni imparcialidad ya que quienes decidirán las responsabilidades son al mismo tiempo representantes políticos del mismo partido al que ya pertenecen los posibles infractores, siendo jueces y partes.

Una vez desprestigiado ya el marco jurídico-judicial del Estado de Derecho lo más grave de estas operaciones de estética es que sirven para el desprestigio de la alternativa de la responsabilidad ética que es la más adecuada para complementar la ineficacia jurídica-judicial, por la rapidez de sus actuaciones y la autoridad moral y social de sus resoluciones siempre que esté garantizada por la existencia de las tres características que configuran todo autocontrol ético auténtico de acuerdo con el Consejo de Europa: código deontológico elaborado y aprobado con total participación democrática del ámbito político; comisión inde- pendiente integrada mayoritariamente por personas no pertenecientes a los partidos políticos que actuando con imparcialidad garanticen su cumplimiento; y resoluciones públicas para conocimiento de los ciudadanos con efectos inmediatos sobre los afectados. La asociación de ex diputados y ex senadores de las Cortes Generales de gran representatividad por su carácter apartidista ha hecho un llamamiento ético en el mismo sentido.

La salvaguarda de los valores éticos es el fundamento imprescindible del sistema democrático para evitar la corrupción política. En este camino para la regeneración democrática los partidos políticos y también los sindicatos deberían llevar a la práctica urgentemente la garantía del comportamiento ético, con las características señaladas como la mejor inversión para la credibilidad social, porque la ética es el medio mejor para asegurar también la mayor rentabilidad política.

Manuel Núñez Encabo es Catedrático Europeo Add Personam de Ciudadanía Europea y catedrático de la Facultad de CCII de la U. Complutense.

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