Ante el pacto educativo

Parece que uno de los primeros pactos que van a buscar las fuerzas políticas presentes en el Parlamento español es el educativo. Y también parece que ese posible acuerdo va a ser bien recibido por la opinión pública, en la que ha arraigado la idea de que la principal causa de los problemas de nuestro sistema educativo es que la Ley cambia cada vez que cambia de signo el Gobierno.

Ante ese posible consenso conviene tener claro que, aunque el PP, con sus mayorías absolutas en 2002 y en 2011, ha intentado cambiar el marco educativo español, no lo ha logrado en ninguna de las dos ocasiones. De manera que, en España, desde 1970 (con la Ley General de Educación, una ley franquista pero inspirada en el mismo modelo de la comprehensividad en que se basa la LOGSE) hasta hoy, el sistema educativo no ha cambiado nada en lo esencial. Así, llevamos casi 50 años con un marco educativo creado y desarrollado de acuerdo con ideas y teorías provenientes de la izquierda o de lo que para entendernos llamaremos el pensamiento progre.

Planteada así la cuestión, es fundamental conocer cuáles son los principios en los que el Partido Popular basa su modelo educativo. Y hasta qué punto sus representantes en la negociación están dispuestos a ceder en esos principios para conseguir ese pacto, que algunos consideran la solución ideal para nuestro sistema educativo.

Porque los socialistas y los comunistas (ahora dentro de Podemos) sí tienen claro cuál es su modelo y qué líneas rojas van a intentar que nadie traspase.

Desde los congresos del PSOE en los años 10 del siglo pasado hasta ahora, pasando por los años republicanos, por sus actuaciones en la oposición clandestina al franquismo, por sus propuestas en los años de la Transición y en las Cortes Constituyentes y por su actividad legisladora ya en la democracia, la izquierda (y en este asunto, comunistas y socialistas han ido siempre de la mano) ha tenido en el frontispicio de su proyecto educativo el de la “escuela única, pública y laica”.

Escuela única quiere decir que en el sistema educativo reine la comprehensividad. Es decir, que todos los alumnos tienen que estar en la misma clase y aprender lo mismo porque, si se les separa en razón de su rendimiento académico, se estaría reproduciendo la sociedad de clases, ya que el más inteligente o el más estudioso acabarán ocupando puestos de trabajo mejor remunerados.

La izquierda siempre aspiró a que toda la enseñanza fuera pública. En los años 80, con mayorías absolutísimas del PSOE, este debate se planteó con toda crudeza, y, gracias a que el artículo 27 de la Constitución consagra la libertad de enseñanza, aquellos sectores que se oponían a que toda la enseñanza fuera pública pudieron conservar colegios, que luego han sido concertados o se han mantenido absolutamente privados.

Además de única y pública, la izquierda quiere que la enseñanza sea laica. Es otra de las banderas que no van a arriar de ninguna manera, aunque también ese artículo 27, que muchos desde la izquierda quisieran reformar, protege a los padres que quieren para sus hijos una educación confesional.

A estas líneas rojas de la izquierda hay que añadir las líneas rojas de los nacionalistas, que, en realidad, es una sola: detentar de forma omnímoda todas las competencias en materia educativa en su Comunidad Autónoma.

Esto es lo que se van a encontrar los negociadores del PP. Y ante esto, ¿qué van a defender ellos?

Es de esperar que los populares se muestren inflexibles, al menos, en un principio irrenunciable: la libertad.

Si esto ocurre, si los populares defienden, como espero, la libertad, las posibilidades de acuerdo son muy escasas.

Porque chocan dos concepciones antitéticas de la educación. Para los estatalistas, es decir, para todos los que creen que el Estado está antes que los individuos (comunistas, socialistas y nacionalistas), la educación es una herramienta de ingeniería social. Mientras que para el PP, que es un partido liberal-conservador, es un proceso en el que las familias puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Para hacerse una idea de hasta qué punto el sistema actual es poco liberal, hay que saber que, si ahora, una entidad privada como lo era la Institución Libre de Enseñanza, quisiera crear, como hizo en 1918, el Instituto Escuela, que tanto les gusta, y con razón, a los progres, no podría. Y no podría porque ahora los currículos (planes de estudio) e incluso la metodología de la enseñanza y de las evaluaciones están totalmente dictados por el Estado, mientras que los creadores del Instituto Escuela pudieron aplicar sus planes y sus métodos, aunque se salieran de lo entonces establecido.

El punto de encuentro sobre el que construir el pacto educativo debería ser, precisamente, la libertad. Pero ésta es una palabra que produce erisipela a los nacionalistas y a la izquierda española.

Libertad sería implantar el cheque escolar, como ya han hecho en la admirada Suecia. Esto quiere decir que el dinero que el Estado gasta en cada alumno se diera a las familias para que llevaran a sus hijos al colegio que quisieran.

Libertad sería dar la oportunidad de que se crearan escuelas de diferentes tipos, siempre dentro de unos mínimos estándares, para que los padres pudieran elegir la educación que quieran para sus hijos.

Pero me temo que de libertad se va a hablar poco a la hora de buscar ese consenso.

Como tampoco se hablará de evaluar lo que aprenden nuestros escolares. De manera que el estudio y el trabajo personal, que son la base de todo aprendizaje, nadie los va a reivindicar.

Seguro que sí se hablará mucho de aumentar los presupuestos. Porque la izquierda siempre mide la calidad de la enseñanza por los medios que el Estado invierte, cuando lo lógico sería medirla por los resultados que los alumnos obtienen.

Pero por muchos medios y muchas nuevas tecnologías que se propugnen en el hipotético pacto, todo eso, sin libertad, no servirá para nada.

Esperanza Aguirre es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

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