Una y otra vez, en la muy delicada situación económica en que se encuentra España, se ha de apelar a lo que para siempre señalaron muy grandes economistas. Si esto no se hace, seremos pasto de arbitristas, que con medidas deslumbradoras, pero carentes de seriedad científica, complicarán aun más las cosas, en vez de resolverlas. Y en este caso, los grandes a los que debería pedir consejo todos los días nuestra política económica, son por un lado, el Premio Nobel de Economía, Mundell, y por otra, Schumpeter, ese economista que nunca se apeará del autobús -sigo una imagen suya- que lleva a la decena de los más insignes científicos de este sector de las ciencias sociales. El primero, en un artículo, en 1961, en «The American Economic Review» señaló cómo el pertenecer a un área monetaria óptima, como es el caso de la Eurozona, a cuya existencia se debe la base del estirón de nuestra economía de 1999 a 2007, exige poseer una alta competitividad. España, basta observar nuestros déficit exteriores, y esas quejas que van de Sánchez Asiaín a Molero, de Jaime Terceiro a Segura o a Carlos Sebastián, para comprender que esa condición de Mundell no se cumple.
Pero existe otro persistente y cada vez más colosal déficit, el presupuestario. Según los expertos que mensualmente reúne «The Economist» para avizorar la situación económica de los principales países, y los trabajos de previsión de la Economic Intelligence Unit Forecast, el año 2009 se cerrará con un déficit de nuestro Sector Público del 10,3% respecto al PIB. De los 42 países analizados, sólo superan ese porcentaje Gran Bretaña y Estados Unidos, pero ninguno de los dos pertenece a la Eurozona. Aparece así en España, con mucha fuerza, una situación que fue abordada por Schumpeter en su artículo «Die Krise des Steurstaats», en los «Zeifragen aus dem Gebiete der Soziologie», publicado en 1918; la última edición de su texto en español, apareció en la «Revista Española de Control Externo», mayo 2000. Su gravedad así se expone: «Los Estados fiscales se han derrumbado multitud de veces» y este fenómeno se produce «si la voluntad del pueblo pide gastos públicos cada vez más elevados; si cada vez se utilizan más medios para fines que no son aquellos para los que los individuos particulares los han producido; si cada vez hay más poder detrás de esa voluntad y si, finalmente, todas las fracciones del pueblo son presa de ideas enteramente nuevas». Esto no puede admitirse sin daño, porque, como señalaron Schumpeter y un poco antes Goldscheid en el ensayo «Staatssozialismus oder Staatskapitalisms», así nos envolverá una crisis del Estado fiscal «que provocaría una realidad auténticamente revolucionaria para el Estado moderno: la estructura social no podría quedar como actualmente».
De ahí que se piense en eliminar, casi como sea, esta situación crítica. ¿Se puede resolver con facilidad gracias a una seria reordenación presupuestaria? Esto es, ¿es posible lograrlo en un mundo fiscal como el español que presenta a los responsables fiscales tetanizados ante las decisiones, derivadas de un keynesianismo vulgar, de aumentar como sea el gasto público, para atenuar por ese, aparentemente cómodo sendero, nuestra grave crisis económica? La medicina, absolutamente obligada, de reducción del gasto público, como planearon Bravo Murillo, Fernández Villaverde, Larraz, Barea o Rato, es evidente que espanta. Es claro que se repite aquella respuesta de un incompetente a la frase de Echegaray, pronunciada en 1905, como ministro de Hacienda por última vez, del «santo temor al déficit», criticándola así: «¿No será que Su Señoría siente temor al progreso?», interpretándolo ahora como salir de la crisis con gasto abundante.
Apelar a incrementos impositivos, sin más, carece de sentido. Para siempre en ese artículo ha señalado Schumpeter que si el fisco destruye en parte significativa el beneficio empresarial, ese que es «el premio que el capitalismo concede a la innovación», se liquidarán «brutalmente muchas posibilidades de desarrollo económico». Y no existen muchos márgenes de actuación. El reciente estudio de la empresa de contabilidad KMPG sobre la carga impositiva del IRPF sobre unos ingresos anuales de 70.000 euros muestra que es superior en España a los de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Yolanda Gómez probaba en ABC el 30 de agosto de 2009, apoyada en un estudio de la Comisión Europea recogido por el bufete «Equipo Económico» que «España tiene tipos más altos que la media europea en los impuestos que gravan las rentas personales (IRPF), las empresariales (Sociedades) e incluso las rentas del capital». Ir por ahí supondría una catástrofe. ¿No sería posible aumentar el peso del IVA? Tradicionalmente, España resolvía sus problemas fiscales con incrementos de deuda pública y con impuestos sobre el consumo. Pero lo primero, a través del «efecto expulsión», al privar de ahorro a las empresas privadas, genera frenos al desarrollo. Lo segundo, empeora la distribución de la renta, y he aquí que el instrumento fiscal debe evitarlo, porque, como muy bien puntualizó ese gran hacendista que es el profesor Lagares, ello impulsa los salarios al alza, con lo que se daña, de inmediato, la competitividad de nuestra economía, y con ello, se agudiza la crisis. Quizá por ello en Francia, a partir del 1 de julio de 2009, se observan algunas reducciones en el IVA.
En España existe otro problema que es, en esencia, tributario, pues se basa en un impuesto sobre el volumen de salarios: el derivado del gasto social. La cotización de las empresas coloca a España, tras Bélgica, en el segundo lugar por carga en la UE-15- Caminar algo más por ahí resulta imposible. Incluso se ha planteado aliviar esta situación, aunque es evidente que la amenaza que se alza desde el lado de la financiación de las pensiones, es clarísima, a causa del envejecimiento de nuestra población. Escalofría revisar esto a la luz del artículo de Martín Guijarro Garo y Oscar Peláez Henares, «Proyección a largo plazo de la esperanza de vida en España», publicado en «Estadística Española», enero-abril 2009. Se observa que se está operando «un envejecimiento de la propia vejez» en España. Pero, ¿la economía española puede soportar esa financiación tal como está estructurada? No existen, pues, demasiadas opciones para salir del pozo en el que, por esta crisis del Estado fiscal, ha caído la economía española. En el fondo se reducen a una muy seria reducción del gasto público, continuada con una reorganización tributaria, aquella que hace ya algunos años exigieron, por supuesto en vano, los discípulos del profesor Fuentes Quintana. Ha llegado, pues, el momento de recabar de una serie de hacendistas importantes -ahí están los nombres, y hay más, de los Lagares, los Barea, los González-Páramo, los Monasterio, y la formulación de una seria propuesta técnica de reforma tributaria.
Finalmente, como dice para siempre en ese artículo Schumpeter, para resolver este problema «lo peor que se puede hacer es emprender semejante tarea con medios políticos inadecuados y con patente incertidumbre».
Juan Velarde Fuertes, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.