Ante la huelga de jueces

A una nueva huelga en la carrera judicial parece decidida la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ya ha señalado la fecha del próximo 8 de octubre para llevar a cabo el paro. Que se pongan en huelga los jueces, que son quienes hacen efectivos los derechos fundamentales, participan en el control de constitucionalidad de las leyes, interpretan las normas y aplican el derecho en el caso concreto, es sin duda de interés para todos los ciudadanos, según ya se comprobó en la anterior jornada de huelga celebrada meses atrás.

El Estado de derecho clásico vigente durante todo el siglo XIX se caracterizaba fundamentalmente porque entre el juez y la ley no se interponía ninguna otra instancia, ni existía en el juez ningún otro compromiso que no fuera servir de boca que pronuncia las palabras de la ley. La propia referencia a la legitimidad del juez se hacía sobre connotaciones paleodemocráticas de la soberanía popular entendida como entidad mítica que agotaba todas sus virtualidades en el organismo parlamentario.

A principios del siglo pasado, Kantarowicz advirtió que el positivismo de las normas no colmaba sus propias lagunas a la hora de afrontar las transformaciones de la sociedad; el jurista alemán acuñó así la idea de que fuera la «popularidad de la jurisprudencia» la que disolviera la rigidez de la ley y adaptara el derecho a la vida de la sociedad.

En la actualidad, los jueces se enfrentan a problemas como los de la validez material de las normas y de la aplicación de las leyes, desde la perspectiva de que el derecho ya no es una pirámide normativa producto de una voluntad general monolítica, sino que encierra una realidad muy compleja; una realidad que acrecienta la subjetividad de los titulares del poder judicial y, en consecuencia, posibilita el compromiso ético del juez. Hoy más que nunca es válida la observación de Teodorov sobre la necesidad de confrontar los principios jurídicos tradicionales con nuevos valores indiscutibles, que deben ser asumidos por los jueces como son los valores de la igualdad de derechos o de la identidad racial y sexual.

Por otra parte, en las reflexiones sobre los problemas del sistema judicial siempre se ha puesto el acento sobre los grandes temas de la independencia, imparcialidad y responsabilidad, y se han dejado de lado otros igual de importantes como el del servicio a los ciudadanos. De esta manera, se olvida que para que la independencia judicial sea de utilidad y el servicio a los ciudadanos efectivo, se tiene que disponer de los medios instrumentales necesarios para que se pueda ejercer y prestar de manera eficiente. El estrangulamiento que durante muchos años han sufrido los juzgados y tribunales de este país, por grandes carencias de medios y de personal, ha sido quizá el mayor atentado a la independencia judicial y es, sin duda, este fracaso de la justicia como servicio público el principal factor de deslegitimación de los tribunales ante los ciudadanos.

Por tanto, es imprescindible que los jueces dispongan ya de todos los medios materiales necesarios en la importante cantidad inversora de 600 millones de euros que el actual presidente del Gobierno prometió, en el último debate sobre el estado de la nación, consignar en los Presupuestos para el año 2010. Habrá que incorporar también a los juzgados y tribunales nuevos instrumentos de comunicación con los ciudadanos de la actividad judicial que permitan dar respuesta cumplida a las exigencias de una sociedad democrática avanzada. El juez, desde la ineludible posición de neutralidad que ocupa sobre el conflicto concreto en el que interviene, a su vez materializa los valores que justifican y dan sentido a la función judicial en el actual Estado social y democrático de derecho.

Por ello, el problema que de nuevo suscita la convocatoria de una huelga de jueces se convierte así en un buen parámetro para calibrar desde esta perspectiva ética los efectos que un paro judicial tiene sobre el derecho de los ciudadanos al normal funcionamiento del servicio judicial. Admitiendo que constitucionalmente es viable el derecho de huelga de los jueces, sería muy oportuno preguntarse hasta qué punto son tolerables desde el tamiz de la «ética de la responsabilidad», aplicando la expresión de Max Weber, algunos llamamientos a «pararlo todo», que en estos días se comienzan a escuchar en los juzgados y tribunales de este país.

Estando justificadas las expectativas profesionales de mejora de las condiciones de trabajo de los jueces y de los medios existentes, no hay que olvidar que el ámbito más apropiado para la transmisión de valores es, sin duda, la escuela judicial. Es en esta fase inicial de formación de los nuevos jueces cuando, con la suficiente profundidad, deben de inculcarse sin ambages la identificación con el servicio público, más allá de cualquier otra reivindicación.

Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado.