Ante la reforma universitaria

¿Sabe la sociedad española que son los candidatos a las cátedras quienes seleccionan a quienes han de juzgarles? Así es en la mayoría de los concursos y lo mismo vale para las plazas de profesores titulares. ¿Alguien imagina que quien aspira a ser abogado del Estado o inspector de policía pudiera elegir a los miembros del tribunal que va a comprobar sus conocimientos? Me parece que nadie y, sin embargo, así es cómo funcionan las pruebas que conducen a obtener una cátedra o una titularidad en una facultad universitaria.

El hecho de que en un abultado porcentaje de casos solo exista un candidato –el propio de la universidad– compone ya el resto del gigantesco fraude que se vive con frecuencia en las universidades españolas. Se verá que la idea de la oposición, cuyo significado era oponerse a otros aspirantes con las mismas pretensiones, se ha desvanecido por cuanto los candidatos no se oponen a nadie ya que nadie hay que les dispute su plaza. Uso este descarado pronombre posesivo porque es el propio del lenguaje que se maneja en los departamentos. Cada candidato tiene su plaza y la espera hasta que el Rectorado la convoca. ¿Acudir a competir por la que se anuncia en otra universidad? ¿Para qué? Allí también hay un candidato designado al que va a ser casi imposible desplazar.

Hay más: de siempre los tribunales han estado compuestos por especialistas de la misma asignatura (ahora se llama con la cursilería al uso área de conocimiento). Hoy, con inusitado atrevimiento, nos encontramos a un especialista en Derecho laboral juzgando a quien aspira a ostentar el título de profesor de Derecho romano.

Esta cautela que la legislación tradicional imponía no era ningún capricho ni expresaba corporativismo alguno. Era, y debería seguir siendo, la consecuencia del hecho de que en los trabajos académicos se hila fino: cualquiera de ellos aborda detalles que solo pueden ser valorados por quienes dedican su vida a una específica materia. Para saber si es original un libro presentado por un candidato sobre –por ejemplo– la reducción del capital en las sociedades anónimas, preciso es conocer cuál es el estado del tratamiento de la cuestión en la bibliografía existente, los problemas planteados, las soluciones propuestas, etcétera. Es decir, se necesita ser un especialista en Derecho mercantil. No lo es cualquier jurista.

¿Cómo se ha llegado a esta situación insólita? Pues por una mal entendida interpretación de la autonomía universitaria, una maleta de doble fondo que ha permitido meter de contrabando muchas prácticas aberrantes, la mayor parte de ellas averiadas. Entre ellas, esta que estoy tratando de describir.

En este caso, es muy claro el camino que hemos recorrido. ¿Cómo se va a negar a un departamento universitario su competencia para seleccionar al profesorado que en él ha de enseñar? ¿Vamos a apear de su altar así, sin más y atropelladamente, a esa diosa venusta que es la autonomía del departamento, expresión cabal de la autonomía universitaria?

El defensor de las esencias contesta airado que no. Y la consecuencia es que lo que se llama el departamento, unidos todos sus miembros por lazos personales y sobre todo por los compromisos derivados del hoy por ti, mañana por mí, al final de la película resulta que es el propio candidato quien, con desparpajo, propone al rector los nombres de la comisión que le va a juzgar. Tal es la cruda práctica, más allá de la palabrería vacua que se emplea en tales procedimientos y en los pomposos acuerdos corporativos. A mi juicio se ha adulterado por completo la autonomía universitaria que, me importa precisarlo, únicamente debe servir para preservar el ejercicio, por los individuos concretos, de sus libertades de investigación, de cátedra, de expresión… Este es el núcleo del asunto, lo que en verdad vale la pena defender, y no la pretendida posición institucional autónoma de una organización sostenida básicamente con fondos de los contribuyentes que se ha de limitar a gestionar un servicio público.

Parafraseando el título de una comedia de Lope de Vega, hoy hemos instalado al lugareño en su rincón. Así es: la universidad española se ha hecho penosamente lugareña porque en ella se propende a confundir la autonomía universitaria con la autonomía corporativa de los propios universitarios.

Se me dirá que olvido el trámite previo que ha de pasar ese candidato protegido por la Universidad al que me estoy refiriendo. En efecto, existe una acreditación que pronuncia la ANECA, una fundación estatal cuyo objeto es analizar el curriculum de los aspirantes a profesor y ponerles un sello (la citada acreditación) para que puedan concurrir a las plazas convocadas por las universidades. Desde su nacimiento, a principios de este siglo hasta hoy, ha ido afinando su actuación: desde la opacidad más arrogante hacia una cierta transparencia que, sin embargo, sigue sin garantizar el rigor de la selección pública. Para que el lector se haga una idea de su modo de trabajo diré simplemente que la ANECA no ve físicamente a ningún candidato, se limita a analizar un voluminoso expediente por escrito (ahora en forma virtual) y, además, no todos los que intervienen en ese análisis son especialistas de las respectivas materias con lo que volvemos a la denuncia que ya he formulado unas líneas más atrás.

Aclaro: este mecanismo de la acreditación no es sin más condenable, lo ha sido sin duda en un largo trecho de su andadura, ahora –cuando se han introducido algunas correcciones– debería de nuevo rectificarse haciendo público el examen de los expedientes de los candidatos de manera que se les viera actuar en persona y sobre todo se les permitiera compararse entre ellos porque subsisten aberraciones: conozco resoluciones que niegan a un candidato conocer el expediente de un compañero. Y, en fin, suprema garantía insoslayable que hoy no existe, haciendo público el nombre de cada comisionado de la ANECA y el juicio por él emitido respecto de cada candidato.

El problema viene cuando el acreditado aparece en su universidad con su título que no le sirve más que para presentarse a una plaza concreta (de catedrático o de profesor titular). Hasta hace poco era el rector quien decidía crear o no una plaza, premiando a quienes le habían votado y castigando a sus adversarios. Hoy esta práctica ha desaparecido pues los rectores adoptan unos criterios objetivos. Pero luego viene el cambalache del departamento que ya he explicado. Forma de solucionarlo: sortear los miembros de las comisiones entre los catedráticos de toda España de la asignatura concreta. Así se hacía cuando yo era aspirante y así se hizo entre los años 2002 y 2007. Se habría acabado la endogamia. El candidato no podría colocar a sus amigos en el tribunal.

La objetividad obliga a consignar que, a pesar de todo, en las universidades públicas hay grandes docentes y grandes investigadores. Sin duda las mejores cabezas del país, las más independientes y las más solventes pero también un número elevado de medianías lugareñas. Cortarles el paso –cuando tanto se habla de excelencia– por medio de pruebas públicas es tarea prioritaria de ese Ministerio de Universidades que nos está amenazando este verano con una ley (como si no tuviéramos ya pocas amenazas).

Y una última consideración dirigida a quienes estén buscando en estos momentos una universidad para sus hijos. Los males que he denunciado de nuestros centros públicos están presentes igualmente en los privados, que cuentan con algunos buenos profesionales pero muchos de aluvión y, en todo caso, actúan con una falta de control alarmante. Ocurre empero que practicar en ellas la crítica, como he hecho yo en este artículo, es probablemente más difícil.

Francisco Sosa Wagner es catedrático y autor de los libros El mito de la autonomía universitaria (varias ediciones, Civitas, 2007) y Novela ácida universitaria. Aventuras, donaires y pendencias en los claustros (varias ediciones, editorial Funambulista, 2019).

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