Este marzo se cumple el primer aniversario de lo que fue, en muchos países, el estallido de la covid-19, con todas sus consecuencias. Una pandemia que para millones de mujeres en todo el mundo ha representado un infierno particular a raíz del agravamiento y agudización de los casos de violencia y abusos sufridos, a menudo, en silencio.
Las medidas de confinamiento y cuarentena tan necesarias para contener la propagación del virus han dado lugar a un aumento alarmante de la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Naciones Unidas calcula que la violencia machista se ha incrementado un 30% en el ámbito global durante el confinamiento. Según los últimos datos disponibles, en países de América Latina las líneas telefónicas de asistencia han reportado un incremento de entre un 30% y un 50% en el número de llamadas recibidas, mientras que en España se registró un aumento de un 60% en las peticiones de ayuda con respecto al año anterior.
Encerradas con sus maltratadores, las mujeres víctimas de violencia han tenido mayores dificultades para acceder a redes de apoyo y servicios de atención. Asimismo, el impacto económico de la pandemia, que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, también ha generado barreras adicionales. La destrucción masiva del empleo femenino, tanto formal como informal, así como el aumento en la carga del trabajo de cuidados, ha impedido que muchas sobrevivientes se alejen o denuncien a sus perpetradores debido al aumento de su inseguridad económica. A finales de este año, por cada 100 hombres viviendo en la pobreza extrema habrá 118 mujeres. En muchos casos de violencia, los ingresos económicos son vitales, literalmente. Sin ellos, la vulnerabilidad de las mujeres crece de manera exponencial.
América Latina es una de las regiones más progresistas del mundo en cuanto a legislación sobre violencia de género. En este sentido, cabe señalar, por ejemplo, que los países de la región han sido pioneros en la aprobación de leyes o reformas en los códigos penales para tipificar el delito de asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, bajo la denominación de femicidio o feminicidio. Sin embargo, aún queda mucho camino por delante en todos los países de Iberoamérica para asegurar la efectiva implementación de estas leyes, así como para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y el apoyo integral a las víctimas-supervivientes de violencia.
Es intolerable, en pleno siglo XXI, la persistencia de esta “pandemia en la sombra” que afecta a una de cada tres mujeres en algún momento de su vida, y que se cobra miles de vidas todos los años. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tan solo en 2019, al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, lo que implica un incremento de más de 30% respecto al año anterior.
La violencia contra mujeres y niñas tiene muchas caras. Desde su manifestación más definitiva, el asesinato o el feminicidio, hasta las formas de violencia dirigidas contra las niñas, como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. Incluye también la violencia sexual ejercida en contextos humanitarios y en conflictos, el acoso en el espacio público y en ámbitos laborales, la violencia política y, por supuesto, la violencia a manos de la pareja. Muchas de estas violencias convergen también en un fenómeno preocupante y contra el que debemos actuar de manera contundente: la trata de seres humanos. Las mujeres y las niñas representan más del 70% de las víctimas de trata. La impunidad, el silencio y los enormes retos de la coordinación internacional hacen de este crimen una verdadera lacra, que debemos abordar con urgencia.
Ante este contexto, ninguna sociedad, ningún dirigente político puede permitirse mirar para otro lado. La violencia contra las mujeres no es solo una profunda injusticia, sino un lastre para el progreso social y económico de toda la sociedad. Naciones Unidas cifra el coste de la violencia de género en una pérdida del 2% del PIB en el ámbito global. No acabaremos con la pobreza si no decimos basta a la violencia machista.
Ofrecer soluciones a la crisis sanitaria y su derivada económica debe pasar, por tanto, por un esfuerzo colectivo que nos permita avanzar en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres: era una prioridad antes de la pandemia, y con más razón debe serlo ahora. No solo en el drama más evidente de la lucha contra la violencia de género y su intolerable impunidad, sino también en enfrentar todos los aspectos que sustentan y perpetúan la discriminación y la desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles.
Una sociedad que integra a las mujeres en todos los ámbitos de la política y la economía no solo es más justa, sino más próspera; su crecimiento será más sostenible, a medio y largo plazo. La participación y el liderazgo de las mujeres en la definición de las políticas públicas son necesarios no solo a efectos de abordar las necesidades específicas de las mujeres y los impactos diferenciados por género de la pandemia, sino también porque representa un elemento indispensable para el fortalecimiento de nuestras democracias y para mejorar la resiliencia ante futuras crisis. El empoderamiento económico de las mujeres genera empleo, salud y riqueza, para ellas y para sus familias, porque además las mujeres tienden a invertir más en sus respectivos hogares. En definitiva, es necesario contar con la igualdad de género como eje vertebral de la recuperación.
Para ello, necesitamos más liderazgos feministas transformadores en las instituciones y en la sociedad civil; que pongan en marcha políticas públicas transversales a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres y que fomenten la concienciación ciudadana para apoyar e impulsar acciones colectivas con éxito, conjurando el riesgo de retroceso. Las acciones institucionales son mucho menos eficaces si no van acompañadas por un cambio desde abajo, si no se complementan con un convencimiento extendido entre una población concienciada. Algo que hemos visto con retos como el de la lucha contra el cambio climático: ha sido con la implicación ciudadana —con mención especial de las capas más jóvenes de la población— cuando la causa ecologista ha tomado un impulso verdaderamente transformador en los poderes públicos y en la empresa privada.
La lucha feminista ha avanzado a este respecto en los últimos años, pero no lo suficiente. De ahí que, de forma cada vez más masiva, nos echáramos a la calle a reclamar nuestros derechos y una igualdad efectiva y real. Con especial simbolismo en las marchas multitudinarias de cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en Madrid, México o Buenos Aires, pero también en otras ciudades del mundo, desde Yakarta hasta Londres o Rabat.
Ahora, la pandemia amenaza con desencadenar una involución que castigará, no lo duden, a millones de mujeres en todo el mundo. Para evitarlo, lancemos desde el Foro Generación Igualdad, que convocan ONU Mujeres, México y Francia y cuyo primer encuentro tendrá lugar a fines de marzo en Ciudad de México, un llamamiento a toda la ciudadanía que comparte esta causa para transformar la realidad de millones de mujeres y niñas. Una causa que nos interpela a todas y todos —en Iberoamérica y en cualquier otra región, en las instituciones y en las calles—, porque el feminismo es una bandera de toda la sociedad.
Arancha González Laya es ministra de Exteriores, UE y Cooperación de España; Rebeca Grynspan es secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana; Epsy Campbell es vicepresidenta de Costa Rica; Marta Lucía Ramírez es vicepresidenta de Colombia; firman también Isabel de Saint Malo, exvicepresidenta de Panamá; Patricia Mercado, senadora mexicana y Carmen Arístegui, periodista y escritora mexicana.