Ha sido una suerte que la bicefalia que rige en Marruecos haya permitido que varias familias españolas hayan podido acoger en régimen de kafala (tutela) a niños marroquíes. El proceso contaba con el visto bueno de los tribunales, pero se había visto paralizado por una directriz del ministro de Justicia, que exigía la residencia permanente en Marruecos de los padres de acogida.
La bicefalia ha sido consagrada por la Constitución marroquí de 2011, que mantiene en la figura del rey el núcleo duro de los poderes, incluida la presidencia del Consejo de Ministros, que es el que debe adoptar las grandes decisiones y enviar las leyes al Parlamento. Pero otorga al jefe del Gobierno la presidencia de otro organismo de menor rango, el Consejo de Gobierno, al que se reserva la gestión de los asuntos corrientes, si bien con mayores competencias que las que los anteriores textos constituciones le concedían al primer ministro.
El asunto de la kafala, protección o tutela de menores que en el derecho musulmán hace las veces de adopción pero sin conceder vínculo de parentesco al tutelado, venía dándose entre familias españolas y niños marroquíes desde hace años, pero tropezó el 19 de septiembre de 2012 con la circular del ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, que ordenaba a los fiscales encargados de los Tribunales de Apelación y a los procuradores de los de Primera Instancia que se opusieran a la concesión en tutela de niños a extranjeros que no residiesen en Marruecos.
Exceso de celo religioso por presuponer que, una vez fuera de Marruecos, el menor objeto de la kafala corría el riesgo de no ser educado convenientemente en los preceptos musulmanes. Pero también una medida de autoafirmación de un ministro con un historial de roces con el poder que le llevaron a ser vetado como portavoz del grupo parlamentario del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) por sus posiciones a favor de una monarquía constitucional en la que el rey reine pero no gobierne. Llegó incluso a participar, en contra de las directrices de su partido, en la manifestación del 20 de febrero de 2011. Por ello, sorprendió su nombramiento al frente de este ministerio, tras complicadas negociaciones entre los consejeros del monarca y el jefe del Gobierno, Abdelilah Benkiran.
Desde que se publicó la mencionada circular, las familias afectadas han removido Roma con Santiago (por no decir La Meca con Rabat) para que se dé marcha atrás en la medida, alegando no solo que no solo estaba en juego el porvenir de unos niños a los que se había alejado de la desprotección y el abandono, sino también los lazos afectivos creados ya entre niños y padres adoptivos, en algunos casos durante muchos meses. Han tocado todas las teclas para llegar, vía consejeros reales, al mismo rey de Marruecos, han escrito al rey de España y todo parecía enquistado en un forcejeo de competencias.
Finalmente, gracias a todas esas mediaciones, el ministro marroquí viajó a Madrid y negoció con el ministro homólogo las condiciones para un desbloqueo del tema.
Según parece, no ha sido extraña al proceso la intervención del monarca marroquí, revelando los límites y las virtudes de la bicefalia en un sistema que no está lejos del despotismo ilustrado a lo siglo XXI.
No es la primera vez que el rey interviene en momentos de bloqueo en los que están en cuestión temas que afectan a la religión islámica. En 2002, ante la parálisis de la reforma del código de estatuto personal (Mudawana), que regula el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, el rey encontró la manera de forzar la revisión del texto acercándolo a lo que reivindicaban las asociaciones feministas y de derechos humanos. El tema ahora era menor, pero los argumentos de fondo eran también religiosos.
Se puede pensar que es una suerte que en un sistema puedan subsistir resortes que permitan corregir medidas poco sensatas, como la circular del ministro, venciendo obstáculos que atañen a la más sensible de las cuestiones en un país como Marruecos, el islam. Recuerdo que en 2002 una figura emblemática de la resistencia marroquí, Abraham Serfaty, defendió en un coloquio en Tánger el mantenimiento en la Constitución del denostado artículo 19 (hoy desaparecido, pero segmentado en dos artículos diferentes que separan las funciones de rey y de emir de los creyentes, asumidas ambas por el monarca) para resolver situaciones como esta, poniendo coto a un islamismo creciente.
Pero esa invocación al “buen príncipe” no está siempre a mano y no puede olvidarse que ese “buen príncipe” es el refugio en el que se escudan quienes conforman un sistema no de derecho en el que abusan de sus privilegios.
Aunque pueda producir algún buen resultado de cuando en cuando, la bicefalia es una malformación de la democracia y la experiencia de cohabitación entre el poder real y el Gobierno de coalición dirigido por los islamistas de Benkiran ha servido para que el Gobierno elegido por la soberanía popular (aunque, todo hay que decirlo, solo relativamente, pues el PJD, si bien fue el más votado, solo obtuvo el 8% del censo electoral en noviembre de 2011) derrape en algunas iniciativas emprendidas para hacer más transparente la gestión pública. Además, con la clara intención de que se queme, se le dejan las patatas calientes como la reforma de la Caja de Compensación, imprescindible para una gestión económica eficaz, que el Ejecutivo de Benkiran se niega a adoptar por su impopularidad.
Con la solución del tema de la kafala se elimina una cuestión espinosa para la próxima visita del rey Juan Carlos a Marruecos: el encargo por las familias afectadas para que lo tratase con Mohamed VI. Pero hay otra cuestión más espinosa aún que el monarca español debería afrontar en su próximo viaje: interceder por la amnistía de los 22 saharauis condenados por un tribunal militar en el pasado mes de febrero por los sucesos de Gdym Izik. Es un gesto humanitario hacia unos ciudadanos que por derecho hubieran debido ser españoles en tanto que descendientes de súbditos de una provincia española, y que además han sido condenados injustamente, sin prueba alguna. En un caso, el condenado se encontraba ya en detención cuando se produjeron los incidentes por los que se le sentenció.
Mohamed VI debería haberles amnistiado ya, para demostrar a la luz internacional que quiere marchar de verdad por la senda del Estado de derecho (el Consejo Nacional de Derechos Humanos de su país le ha pedido que suprima los tribunales militares para juzgar a civiles), pero se ha topado con los guardianes de otra institución sin duda menos dócil que la de los que guardan el orden religioso. Tiene capacidad para amnistiarlos y unas buenas palabras de otro “buen príncipe” pueden ayudarle en el empeño.
Bernabé López García es catedrático honorario de Historia del Islam Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid.