Antes de mí, el diluvio

Por Enric Sopena, periodista (EL PERIÓDICO, 12/01/06):

Corría el año 1868, poco antes de que Isabel II tuviera que marchar al destierro. Una muy importante crisis institucional culminaría en septiembre con la revolución liberal burguesa llamada la Gloriosa, de algún modo precursora de la Primera República. Este escenario de fin de reinado forma parte del núcleo argumental de La Corte de los Milagros, de Ramón del Valle Inclán, publicada en 1927, por cierto a cuatro años vista de la proclamación de la Segunda República. La derecha ultramontana, entonces gobernante, trataba de defenderse –según narra Valle Inclán–acusando “a los conspiradores de sacrificar la sagrada unidad de la patria española”. Lo mismo, pues, o muy similar, a lo que de una forma u otra siguen reiterando casi un siglo y medio después los sucesores de aquella derecha. La unidad de la patria, convertida casi siempre en coartada para abortar cualquier proyecto: en la actualidad el de la España plural. A partir de la victoria en las urnas de José Luis Rodríguez Zapatero, no hace siquiera dos años, asistimos a un penoso déjà vu, protagonizado de nuevo por los conservadores, incapaces de asumir, aun desde la discrepancia, apenas ninguna de las reformas propuestas por el Gobierno y sus diversos aliados. El bloque reformista –analizado con criterios más sociológicos que partidistas– incluye un centroizquierda muy amplio, que rebasa los 13 millones de votos, aunque no esté exento de obvias contradicciones. Pero los conservadores –con el PP de mascarón de proa y una poderosa trama mediática ejerciendo de agitadora–, no sólo no asumen las reformas, sino que las combaten cual la peste. Su oposición incurre en una perniciosa deriva: culpar a los reformistas de todos los males habidos y por haber, entre los cuales sobresale según ellos –con nítida fuerza y como postrer objetivo– el de la ruptura de España a raíz del Estatut. El aluvión de desastres que los portavoces de la derecha anuncian cada día –con perseverancia digna de mejor causa– resulta estremecedor. En ocasiones, logran aproximarse a la meta perseguida. No faltan ciudadanos de buena fe, tendentes a la pusilanimidad, que se repliegan asustados ante el riesgo de estremecedoras tempestades.

Encuestas recientes han detectado este fenómeno, que perjudica lógicamente al Gobierno. El clima apocalíptico que alienta la derecha es perceptible. Lo ha aplicado –aparte del Estatut– a la legalización de los matrimonios entre homosexuales, que iba a significar el fin de la familia; a los papeles de Salamanca, otra muestra del expolio tradicional de los catalanes; a la vía de diálogo con ETA, en condiciones honorables, que contó con mayoritario respaldo en el Congreso, y por el que se acusó a Zapatero incluso de traicionar a las víctimas, y a la LOE, punto de no retorno para el ocaso de la civilización cristianooccidental.

NADA DE ESTO, aun siendo grave, puede compararse con la utilización política que el PP está haciendo estos días –sin escrúpulos y sin el menor sentido de Estado– de las palabras pronunciadas en nombre del Rey, y en un marco oficial y solemne, por el teniente general José Mena Aguado. El diagnóstico del periódico londinense Financial Times resulta demoledor para Mariano Rajoy y sus colaboradores: “Por desgracia, el PP, que aún no acepta su salida del poder tras los atentados de Madrid, cree que el general Mena tiene razón. Eso puede representar una amenaza mayor a la unidad de España que las ambiciones autonómicas de Catalunya”. Rajoy tuvo una oportunidad extraordinaria el 6 de enero a media tarde. Sólo hubiera tenido que comparecer ante la opinión pública y declarar más o menos lo siguiente: “Todos los españoles conocen nuestra profunda oposición al Estatut. Pero en estos momentos es mi deber como jefe de la oposición cerrar filas con el Gobierno legítimo que preside el señor Zapatero. No es misión de un alto mando militar entrometerse en la política y, menos aún, en un tema tan delicado como el que nos ocupa. Aunque el general Mena no quisiera promover una intervención del Ejército, no hay que dejar el más mínimo resquicio a la duda entrando a considerar siquiera los argumentos empleados por el mencionado general”.

PERO RAJOY NO hizo eso. Su portavoz, Gabriel Elorriaga, tampoco lo hizo. Elorriaga se mostró comprensivo, indulgente y hasta cómplice con el general Mena. Alentó a la ciudadanía a compartir los puntos de vista expuestos por él. Y traspasó la culpa de la situación al Gobierno. Se olvidó, sin embargo, en su análisis de algunos datos sustantivos. Más allá de los errores que hayan podido cometer Zapatero –desde la gestación inicial del Estatut hasta hoy– y los errores de los partidos catalanes, la principal responsabilidad en este asunto corresponde sin duda al PP. Durante demasiado tiempo ha estado atizando el fuego de las pasiones claramente anticatalanas. Como si Catalunya no formara parte de España; como si el Estatut no fuera, en el fondo, un nuevo compromiso de vinculación con España o como si el catalán no fuera –además de la lengua propia de Catalunya– una lengua también española. En Madame Bovary, de Gustave Flaubert, un político de mediados del siglo XIX manifiesta: “Las tormentas políticas son todavía más temibles que las que provienen de la atmósfera”. Especializada en provocar tormentas, la derecha española continúa por la senda del cuanto peor, mejor. Perdieron en las urnas, continúan sin asumir la derrota, y quieren recuperar el poder remedando a Luis XV: “Antes de mí, el diluvio”. España –la España donde podamos caber todos–, en verdad, en verdad, les importa una higa.