Suenan de nuevo los tambores de la abolición, o práctica supresión, del impuesto de sucesiones. En este momento terminal al que ha llevado la carrera generalizada en favor de su eliminación por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entono mi particular responso fiscal. Por más que busque, no encuentro ningún fundamento teórico para justificar la abolición. A diferencia del impuesto sobre el patrimonio, para el que sí hay razones más que convincentes, no existen a mi entender argumentos teóricos para abolir el impuesto sobre las herencias. Una herencia es una renta no ganada por el perceptor, acumula patrimonios, con agravio para la igualdad social, y desincentiva el esfuerzo al trabajo de la generación beneficiada. Su tributación se configura de un modo justo, ya que tiene en cuenta la capacidad económica del beneficiado, permite mínimos exentos y mantiene una escala progresiva. Y si a la hora de liquidarlo hay que amortizar una parte --pese a que la liquidez puede darla un banco con el aval de lo que se hereda--, no veo que sea un argumento significativo para su abolición.
Se argumenta realismo: que las grandes y medias fortunas ya no pagan debido a que pueden vincular patrimonios a sociedades patrimoniales. Es el argumento del hiperrealismo que, en competencia fiscal, abre un pozo sin fondo para vaciar las recaudaciones tributarias. Viene a decir que el impuesto de sucesiones, al tener ya abierto un agujero que erosiona las bases imponibles, en lugar de taponarlo y perseguir las prácticas abusivas, más vale renunciar a aplicarlo. Es un sinsentido porque también se puede aplicar a otros muchos impuestos, lo cual debilitaría sobremanera la recaudación pública: a las cotizaciones sociales y el IVA, ya que no conseguimos luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal que afecta a la competitividad económica. O los tributos progresivos, que los ricos tienen más incentivos y posibilidades de eludir. Eso ya está creando en muchos países la llamada imposición dual: por el realismo fiscal de que las rentas de capital son más volátiles que las amarradas rentas del trabajo, las primeras reciben un trato fiscal suave, y a igual recaudación, se recargan las segundas, atentando contra el principio básico de la equidad horizontal y vertical.
La existencia del impuesto de sucesiones está suficientemente justificada en la teoría de la imposición óptima, tantas veces aducida por el frente tributario liberal, en favor no solo del mantenimiento del impuesto sino de la aplicación de tipos progresivos. Además, en las circunstancias actuales de nuestro país, bien se puede vincular la aplicación de la recaudación del impuesto de sucesiones a gastos como los asociados al envejecimiento y la dependencia, ya que la universalización de la nueva ley de dependencia no es sino una protección contra la necesidad de liquidar el patrimonio para afrontar el coste de sus cuidados.
Todo esto contrasta, como hemos dicho, con el impuesto del patrimonio, que cuando fue aprobado se llamó "extraordinario", y hoy es tan ordinario como los demás. Gravar el patrimonio de quien lo acumula (ojo, no de quien lo recibe en herencia gratia et amore) es una penalización reiterada al ahorro, un premio relativo al gasto y un incentivo a la pérdida de responsabilidad individual sobre las incertidumbres y contingencias futuras, que se dejan, así, en manos del Estado.
Utilizar el patrimonio para aumentar los copagos en algunos servicios públicos, si el patrimonio se ha ganado y no se ha heredado gratis, es más que discutible.
De modo que si hay que abolir un impuesto, a mi entender, este es el que recae en el patrimonio y no el de las herencias. El frente fiscal liberal dirá que deben abolirse los dos, --o casi todos--. También las cotizaciones sociales, por lo de la brecha fiscal, la diferencia entre lo que cobra un trabajador y lo que cuesta su contratación ---tres veces superior a la americana--- que penaliza fuertemente el empleo. Igualmente podrían eliminarse los impuestos sobre las rentas de capital, por lo de la competencia fiscal internacional: a tipo casi cero, y a esperar que todas las bases imponibles se asienten en el país de uno.
Y pueden seguir bastantes más. Desde la óptica de asfixiar la acción estatal, la estrategia no está mal. Pero empezar el proceso abolicionista, en pura lógica, significa aceptar esta asfixia. Además, no es cierto que se pueda renunciar a la progresividad tributaria, como se ha dicho, ya que la redistribución fiscal se hace a través del gasto público, ya que para ello, los programas de gasto deberían abandonar su carácter universal y ser más selectivos tanto con pruebas de necesidad (quién necesita un servicio) como de medios (quién no puede pagárselo). Por el contrario, en nuestro país está muy arraigado el universalismo, más fácil de gestionar por nuestros funcionarios ("todo para todos" si no importa demasiado la calidad) y menos comprometido por los políticos (evita la discriminación positiva). Estoy a favor del mantenimiento del impuesto, con recaudación explícitamente afectada a algún gasto social identificable, con plena exigencia de responsabilidad fiscal autonómica y contrario a que el Estado nos desresponsabilice frente a nuestros convecinos. ¿Qué político teme dicha agenda?
Guillem López-Casasnovas, catedrático de Hacienda de la UPF.