Antiperiodismo en Cataluña

Mi admirado Mario Vargas Llosa acertó al dividir el nacionalismo entre el de pistoleros terroristas y el burgués. En España, superado el primero en el País Vasco, andamos en Cataluña con el segundo pero a golpe de arma mediática bajo el auspicio de gobernantes desobedientes de la legalidad. Lo que nos brinda la posibilidad de abrir una nueva clasificación: la del nacionalismo burgués con los medios como brazo armado.

Fue Pujol quien, en 1983, descubrió antes que otros que la Generalitat debía habilitar subvenciones a los medios de comunicación bajo el concepto de apoyo a las lenguas cooficiales. Medida loable si hubiera sido para lo que prometió y nos creímos: apoyar la lengua y la cultura. Pero el trasfondo era más avieso. Por entonces la dirigencia de CiU manejaba un argumentario que instruía en como “introducir a gente nacionalista en los lugares clave de los medios”. ¿Tentando a periodistas, quizás corrompiendo a alguno de ellos? En el ideario se volcó mucho dinero público, una escalada de subvenciones que sigue premiando las cabeceras más proindependentistas, como El Punt Avui o Ara, las que más dinero han recibido en comparación con sus tiradas.

Cuando hace unos años Artur Mas puso en marcha su alocada carrera soberanista, nos podía resultar una broma que en la televisión pública, TV3, se destacara el envío de un playmobil con estelada a la estratosfera; o que se borraran los abdominales a Ronaldo. El asunto fue a mayores cuando al corredor Purito Rodríguez se le cambió la bandera española por la catalana en los Juegos Olímpicos. Resultó preocupante cuando a los niños se les explicó que en 1714 “Cataluña pedía su libertad”. Grave cuando se escucharon insultos y amenazas contra los no independistas en los medios públicos. Pero aún nos quedaba por ver la quema de un ejemplar de la Constitución, en directo en TV3, o la explicación en Catalunya Radio de que Mas era juzgado por ser presidente, no por desobedecer al Constitucional. Es evidente que la información que reciben los catalanes a través de sus medios de comunicación públicos es pura metralla dialéctica-ideológica.

A día de hoy cabe que, al menos, hagamos dos consideraciones: la primera, el derecho que les corresponde a los espectadores de Cataluña a no ser adoctrinados como en una república bananera; aun así, más del 50% de los ciudadanos no han sido captados para la independencia. La segunda, la indignidad ética y profesional a la que puede llegar el periodismo al servicio del envilecimiento político. En lenguaje coloquial, a quienes lo practican se les llama mamporreros. Es menester pedir a la RAE que incorpore esta acepción al diccionario para completar la que tiene.

Con el fin de examinar los contenidos audiovisuales, la Generalitat constituyó el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), cuyas resoluciones suelen ser aprobadas por el voto de calidad del presidente, de alma soberanista. Lo que explica que la quema de un ejemplar de la Constitución española en la televisión pública catalana sea, para el CAC, un ejercicio de libertad de expresión; y en cambio, extralimitando sus competencias, el CAC publique dictámenes insultantes contra los contenidos informativos de las cadenas nacionales, es de suponer que para presionar a los editores y bajar la carga editorial contra el soberanismo.

Aún con todo, advierto que los nervios sobre los medios públicos en Cataluña se han desatado. La reciente pelea por el control de TV3 promete ofrecernos más y mayores dislates. ERC, que siempre pugnó por gestionar la educación y los medios, acaba de perder el control de la televisión, lo que significa que Mas/Puigdemont están alarmados por lo que se avecina: hoy, en unas elecciones ganaría Junqueras y los restos de Convergència serían eso, los rescoldos 30 años después de la llamarada olímpica. El último disparate en ese sentido lo vimos en el asalto a la sede del PPC, en cuyas puertas la líder de la CUP, Anna Gabriel, ofreció una rueda de prensa con atril de TV3. Sin impedimento de los Mossos. Solo cabe pensar que Puigdemont quiere tener a los antisistema atendidos. Y que la antigua CiU y ERC están a la gresca. Por fortuna, la sociedad civil reacciona, y estos desmanes no criticados por el CAC están siendo denunciados con valentía por otros profesionales éticos, por el grupo de periodistas Pi i Margall, que lo único que vigilan es la veracidad y la libertad. Evidentemente, los espectadores de TV3 y Catalunya Radio ni saben de su existencia.

Gloria Lomana es periodista, analista política y premio Fedepe 2016 (Federación de Mujeres Directivas y Ejecutivas).

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