Aportación de un banquero a la historia

En mayo de 2012 se publicó La financiación de la Guerra Civil española. Una aproximación histórica, de José Ángel Sánchez Asiaín, catedrático de Hacienda Pública y, hasta su reciente fallecimiento, primero de ese antiguo escalafón encabezado en su día por el maestro Enrique Fuentes Quintana. Por mi edad no viví la Guerra Civil pero sí sus tremendas consecuencias y por eso me apasionó la lectura de sus más de 1.300 páginas, a las que dediqué todo el verano y parte del otoño de ese año. Después de la lectura decidí que tenía que escribir sobre la magna obra de Sánchez Asiaín, pero la amplitud de la tarea, las exigencias de la actualidad en la economía española y mis trabajos en el Comité sobre pensiones y al frente de la Comisión de reforma de nuestro sistema tributario fueron aplazando ese propósito. Quizá las agrias polémicas en torno a nuestra memoria histórica contribuyeron también a ese aplazamiento, al que pongo fin ahora con motivo del fallecimiento de su autor, buen amigo, gran compañero de cátedra y excelente persona de exquisito trato.

La obra de Sánchez Asiaín es impresionante y no puede abordarse ni en su totalidad ni siquiera limitadamente en el espacio de una Tribuna. Esa obra, minuciosamente documentada, abarca todas las facetas posibles respecto a la financiación de nuestra Guerra Civil dentro de un amplio periodo que se inicia casi en abril de 1931, con la proclamación de la II República, y se cierra entre los años 1942 y 1943, al finalizar el desbloqueo de las cuentas bancarias de la zona republicana. Por eso me limitaré a comentar ahora solo tres aspectos que me llamaron especialmente la atención en su lectura.

El primero se refiere a la amplitud de la financiación inicial de la sublevación militar. Como Sánchez Asiaín señala, desde el principio de la II República los monárquicos se habían propuesto derrocarla y lo intentaron de inmediato con la fallida insurrección del general Sanjurjo en 1932. A ese primer núcleo monárquico -que por sí solo aportó inicialmente a la sublevación más de 15 millones de pesetas de la época, equivalentes a unos 300 millones de euros de hoy- se le fueron añadiendo después las aportaciones de otros grupos ideológicos y de intereses, espoleados quizá por el movimiento revolucionario y separatista de gran parte de las izquierdas españolas en octubre de 1934. No fueron los militares los que promovieron inicialmente la sublevación. Sánchez Asiaín mantiene que, después del rotundo fracaso de la intentona de 1932, los militares no se comprometieron seriamente con ningún movimiento subversivo hasta después de las elecciones de febrero de 1936. En la financiación durante esa etapa previa destaca el papel de Portugal e Italia en el plano internacional y, en el ámbito interior, los de Juan March y otros empresarios y personas de elevado patrimonio, pero también el de otras numerosas personas que ya en los primeros días de la guerra entregaron cuantiosos donativos para la rebelión de forma más o menos voluntaria. Alemania, que había apoyado indirectamente el golpe fallido de 1932, no se comprometerá con los sublevados hasta días después del 18 de julio de 1936, aunque parece que Sanjurjo había logrado alguna vaga promesa alemana en febrero de ese año. El papel de Portugal en esa etapa previa fue muy importante aunque aparentemente se limitase a permitir reuniones en su territorio en torno al general Sanjurjo, jefe propuesto del nuevo golpe militar. Los relevantes aspectos financieros de ese periodo previo, fragmentariamente investigado hasta ahora, son tratados más sistemáticamente en la obra de Sánchez Asiaín, que aporta mucha luz sobre la génesis, los estímulos y los inicios de la Guerra Civil.

Un segundo aspecto poco conocido hasta la obra de Sánchez Asiaín trata de lo que justificadamente titula La guerra monetaria del Gobierno de Burgos y que refiere cómo la peseta republicana fue utilizada como arma de guerra contra su propio emisor ya que el Gobierno de Burgos aprovechó sistemáticamente la enorme cantidad de pesetas del otro bando que fue acumulando a medida que avanzaban sus tropas, tanto para hundir la cotización de la peseta republicana en el exterior mediante ventas masivas a bajo precio, como para las numerosas operaciones de inteligencia que se llevaron a término en el territorio enemigo y para la ayuda a sus partidarios en tales territorios (las numerosas quintas columnas). Para ello estableció eficientes mecanismos de intervención militar inmediata de las sucursales bancarias en los territorios recién ocupados para hacerse cargo de su documentación y de sus fondos líquidos, que quedarían después bajo el control de comisiones más técnicas y especializadas con representantes de los propios bancos. Pero también los republicanos hicieron uso de la guerra monetaria, aunque mucho más limitadamente y de forma un tanto sorprendente, pues les acabó provocando efectos negativos sobre su moneda. Como el Gobierno de Burgos hubo de recurrir inicialmente al estampillado de los billetes de la República ante la falta de papel moneda propio, la República recurrió a un estampillado falso de pesetas republicanas para hacerlas pasar por pesetas de Burgos y aprovecharse así de su más alta cotización. Sin duda, la victoria en esta particular e innovadora guerra monetaria corresponde al Gobierno de Burgos, que fue quien la utilizó primero y quien pudo disponer de volúmenes crecientes de pesetas republicanas auténticas al ir ocupando gradualmente todo el territorio con sus correspondientes depósitos en sucursales bancarias.

El último aspecto que me impresionó en la obra de Sánchez Asiaín se refiere a su minucioso y bien documentado análisis de las operaciones de desbloqueo de los saldos bancarios del bando republicano al finalizar la guerra. La existencia de dos pesetas distintas que habían soportado niveles de inflación muy diferentes y que, en consecuencia, tenían capacidades adquisitivas muy dispares, junto con las numerosas aportaciones a depósitos bancarios en la zona republicana a lo largo de los tres años de guerra, planteó la necesidad de establecer tipos de cambio de la peseta republicana a la peseta de Burgos en función de las fechas de los depósitos que se habían ido efectuando en territorio republicano y de las correspondientes capacidades adquisitivas de ambas pesetas en esas fechas. Esos saldos habían quedado indisponibles en el momento de la ocupación de cada ciudad o pueblo por las fuerzas de Burgos. Al finalizar la guerra debían cambiarse a pesetas nacionales, las únicas existentes a partir de ese momento, para que pudieran ser utilizados por sus legítimos titulares.

La operación revestía una enorme complejidad conceptual porque no había suficientes indicadores de precios que permitieran establecer una serie ajustada de paridades en el tiempo entre ambas pesetas, pero se solventó mediante un amplio estudio elaborado por el Banco de España que Sánchez Asiaín analiza con precisión en su monumental obra. El nuevo Gobierno en su Ley de desbloqueo se ajustó en líneas generales a esos criterios del Banco de España, aunque no sin ciertas diferencias. La aplicación de esa larga serie de tipos de cambio a los miles de saldos y operaciones bloqueados constituyó una ingente tarea operativa encomendada al antiguo Cuerpo de Profesores Mercantiles al servicio de Hacienda que, siguiendo la norma legal, la realizó con extrema pulcritud y premura pese a su gran complejidad. Llegué a conocer y tratar a funcionarios de ese Cuerpo de Inspección orgullosos de haber resuelto con brillantez y en corto plazo tan enorme y comprometida tarea.

No cabe duda de que estas notas sobre algunos aspectos de la financiación de la Guerra Civil no se aproximan ni por asomo al extenso y documentado contenido de la obra de Sánchez Asiaín, pero quizá sirvan para despertar el interés por su lectura. Estoy convencido de que esa lectura llevará a dos inevitables conclusiones. La primera, que toda guerra es un desastre de inconmensurables dimensiones y que ese desastre es aún mucho mayor en el caso de una guerra civil. La segunda que, incluso en situaciones de inferioridad inicial de medios, las guerras se ganan por quienes ponen mayor orden y racionalidad en su financiación. En otro momento trataré de comentar cómo estas últimas conclusiones se desprenden con claridad de la obra de Sánchez Asiaín.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *