Los estudios realizados sobre la inmigración ponen de relieve que hay tres factores principales que influyen en los procesos migratorios: las reducidas posibilidades de educación, la falta de trabajo y el desajuste entre la formación alcanzada y el trabajo disponible. Ante el convencimiento de que no hay un futuro mejor en el propio país, las personas se atreven a buscar nuevas alternativas en los países desarrollados. Tal vez no encuentren un oficio o profesión en consonancia con su formación, pero al menos esperan lograr un trabajo que les permita vivir mejor, conseguir una educación de mayor calidad para sus hijos y disponer de las prestaciones sociales del país de acogida.
Hemos de valorar la riqueza potencial que supone la inmigración, ya que favorece el encuentro entre culturas y lenguas, ayuda a conocer y respetar la diversidad existente y aporta beneficios económicos y sociales a los países y a sus ciudadanos. Pero no debemos olvidar que también tiene enormes riesgos: descapitaliza a los países menos desarrollados, provoca tensiones en las familias y ahonda las diferencias entre los países. Además, no parece justo que las personas tengan que dejar su país muy a su pesar porque las puertas del futuro están cerradas.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados durante los últimos años, la situación de la educación en la mayoría de los países iberoamericanos es grave: el porcentaje de personas analfabetas se sitúa en torno a los 34 millones de personas, el 40% de los jóvenes y adultos de la región no ha terminado la Educación Primaria y mientras los alumnos cuyas familias se sitúan en el 20% de mayores ingresos logran estudiar más de once años, aquellos que viven en el 20% de las familias más pobres sólo alcanzan como promedio algo más de tres años.
Pero aunque los jóvenes actuales tienen un promedio entre tres o cuatro años más de formación que sus padres, se mantiene un amplio desajuste entre el nivel educativo y el empleo. Ello es debido a las mayores competencias laborales exigidas, a la falta de vinculación entre educación y formación técnico-profesional y a los problemas en la regulación del mercado de trabajo.
Con el fin de enfrentarnos colectivamente a estos retos urgentes, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura está impulsando un enorme proyecto con motivo de los bicentenarios de las independencias de la mayoría de sus países miembros. Su aspiración es lograr que la generación de los bicentenarios sea la mejor preparada de la historia. El proyecto formula metas ambiciosas que deben lograrse en 2021, año en el que culminan su independencia buena parte de los países. Su consecución va a exigir un gigantesco esfuerzo y un compromiso sostenido de todas las sociedades iberoamericanas.
El proyecto no establece sólo unas metas y unos indicadores adaptados a la situación de cada país. También incluye la creación de un Fondo para la Cohesión Educativa que ayude a los países más pobres a lograr las metas establecidas. En la misma dirección se plantean un conjunto de programas de acción que faciliten el logro de las principales metas. Entre ellos conviene destacar el destinado al fortalecimiento de la Formación Profesional, lo que puede contribuir, si está acompañado de otras iniciativas educativas y laborales, a que los jóvenes encuentren atractivo formarse y trabajar en su país.
Un ejemplo claro de este compromiso con la educación se manifiesta en Ecuador. La Constitución de 2008, aprobada por los ecuatorianos mediante referéndum el 28 de septiembre pasado, está atravesada por la idea del buen vivir (sumak kawsay, en quichua). El buen vivir es un concepto ancestral de los pueblos andinos y tiene relación con una vida digna, en la que el ser humano esté en armonía consigo mismo, con su comunidad y con la naturaleza, entendida como la Madre Tierra, la Pachamama. En este marco, la Constitución declara como primer deber del Estado, la garantía para el efectivo goce de los derechos, "en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes". (Art. 3, nº 1).
Esta Constitución blinda el financiamiento del sector educativo. Así, la disposición transitoria decimoctava, dice: "El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0,5% del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interior Bruto". Esta transitoria transforma en precepto constitucional la política octava del Plan Decenal de Educación, aprobado también mediante referéndum el 26 de noviembre de 2006 y que ha permitido que la participación del sector educativo sea hoy del 3,5% del PIB, cuando en el 2005 era del 2,11%.
La Constitución del 2008 recoge en sus preceptos las ocho políticas del Plan Decenal y con ello profundiza la institucionalización de un proceso destinado a la universalización de la educación básica y el bachillerato y a la consecución de una educación pública de calidad y calidez. Con ella se refrendan los programas de eliminación de barreras para el ingreso y la permanencia: entrega de textos escolares gratuitos desde primero a décimo, entrega de uniformes a niños y niñas de primero a séptimo del sector rural, supresión del mal llamado "aporte voluntario", aumento de la cobertura del programa de alimentación escolar, etcétera.
Asimismo, en Ecuador se están construyendo las unidades educativas del milenio, que son instituciones completas (desde educación inicial hasta bachillerato) que responden a un proyecto arquitectónico novedoso, equipadas con la más alta tecnología y que desarrollan variados proyectos educativos. Junto a ellas, desde el 2006 -primer año del Plan- se ha recuperado la abandonada infraestructura escolar reparando alrededor de 5.900 locales, esto es aproximadamente un tercio del total.
Al mismo tiempo, se han generado 20.000 nuevas partidas docentes, lo que marca una enorme diferencia con el pasado reciente puesto que desde 1997 hasta el 2005 no se creó ni una sola partida docente. Recientemente, en el año 2006, fueron creadas 1.900 partidas nuevas. Para la adjudicación de las partidas se construyó el más riguroso sistema de ingreso al magisterio que haya existido en el país.
Los esfuerzos que hoy realiza el Ecuador para lograr una educación pública de calidad y calidez harán de ésta un motivo de esperanza para la gente y sus resultados serán visibles en el mediano y el largo plazo. Entre tanto, tenemos la obligación ética de aceptar la realidad de la migración. De hecho, la nueva Constitución, en su artículo 9, indica que los extranjeros en Ecuador "tendrán los mismos derechos y deberes" que los ecuatorianos. Contra la doble moral del mundo desarrollado que promueve el libre flujo del capital y las mercancías mientras erige todo tipo de muros para detener el tránsito de las personas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que no existen seres humanos "ilegales" y que los transeúntes del mundo deben ser tratados con dignidad.
Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y Raúl Vallejo, ministro de Educación de Ecuador.