Apoyo a las medidas antiterroristas de Gran Bretaña

Nile Gardiner es Doctor en Filosofía y miembro de la Anglo-American Security Policy de la Fundación Heritage (GEES, 31/08/05).

El ministro de Interior británico Charles Clarke declaró esta semana la intención de su gobierno de deportar o excluir a personas que aboguen o apoyen el uso del terrorismo. Clarke trazó a grandes rasgos una lista de “comportamientos inaceptables” para extranjeros viviendo en Gran Bretaña. Incluye la expresión de opiniones que “fomenten, justifiquen o glorifiquen la violencia terrorista para promover sus creencias políticas” o “que busquen provocar a otros a realizar actos terroristas”.[1]  Esto cubre “cualquier recurso o medio” incluyendo publicaciones, charlas públicas, prédicas, sitios web y posiciones de responsabilidad tales como profesorado o ser líder de una comunidad.

La publicación de la lista ha enviado una clara señal a los defensores del terror, especialmente a los clérigos islámicos radicales, de que ya no se les tolerará en suelo británico y que se tendrán que enfrentar a todo el peso de la ley británica. El gobierno británico recientemente detuvo a 10 extranjeros por razones de seguridad nacional y es muy probable que empiecen a deportarlos en los próximos días. El gobierno está en pleno proceso de negociar una serie de acuerdos con gobiernos norafricanos y de Oriente Medio para deportar a sospechosos de terrorismo y ha buscado que le garanticen que los deportados no serán torturados o tratados inhumanamente.

La nuevas reglas de deportación, que tienen el apoyo del partido en la oposición, el Partido Conservador, son parte de un impresionante conjunto de poderosas medidas antiterroristas que serán formalmente presentadas en las semanas venideras. Formuladas en respuesta a los atentados del 7-J en Londres que mataron a 52 personas e hirieron a cientos, serán un activo vitalmente importante para la guerra de Gran Bretaña contra el terrorismo islámico.

Estas medidas incluyen la prohibición de grupos como Hizb ut Tahrir y su sucesor Al-Muhajiroun, un ajuste en las leyes de asilo político y de nacionalización, posiblemente la clausura de mezquitas a las que se encuentre protegiendo a extremistas, un aumento de la cantidad de jueces especiales tratando casos de terrorismo, el lanzamiento de las visas biométricas y la creación de una base de datos sobre extremistas extranjeros.[2]

Gran Bretaña es y siempre será una de las sociedades más abiertas y tolerantes del mundo pero debe tener cuidado en trazar la línea que diferencia el discurso extremista que apoya el terrorismo de la legítima y pacífica disidencia política. Gran Bretaña no puede tolerar por más tiempo la militancia islámica en sus entrañas que busca destruir a la sociedad británica e imponer un estado islámico. Se debe hacer todos los esfuerzos que ayuden a  dinamizar a los líderes musulmanes dentro del país para que trabajen activamente contra los extremistas en sus comunidades.

Estados Unidos debería apoyar vigorosamente las medidas británicas antiterroristas que están claramente dirigidas a los “predicadores del odio” que han jugado un papel primordial radicalizando a los musulmanes británicos. Su promulgación no sólo aumentará la seguridad británica sino también la americana.

Interferencia de la ONU

Predeciblemente, la mayor oposición a los elementos de los planes antiterroristas británicos ha venido de las Naciones Unidas. El “informador especialista en tortura” de la ONU, Manfred Nowak, ha criticado el plan de deportar extremistas a países tales como Jordania y ha hecho un llamamiento al gobierno británico para que dé marcha atrás a sus planes de redactar memorándums de entendimiento con países de Oriente Medio y África. Nowak ha sido nombrado por la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos de la ONU entre cuyos miembros se incluye dictaduras brutales como Sudán y Cuba. La Comisión, mientras tanto está amenazando con referir a Gran Bretaña a la Asamblea General de la ONU por violaciones de derechos humanos cuando se reúna en Septiembre. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también ha condenado las propuestas británicas de deportación.[3]

Otra vez más, la ONU, que ha batallado por décadas para encontrar una definición de “terrorismo” y cuyo fallido liderazgo aún se está tambaleando por una serie de enormes escándalos, demuestra su falta de claridad moral en el escenario mundial al igual que su arrogante ansia de meterse en los asuntos de seguridad nacional de un estado soberano y democrático.

El ministro de Interior ponía de relieve en una entrevista para la televisión británica lo siguiente: Los derechos humanos de esa gente que fue volada a pedazos en el metro de Londres el 7 de Julio, para ser muy sincero, son más importantes que los derechos humanos de la gente que cometió esos atentados… Ojalá la ONU mirara más por los derechos humanos desde todos los puntos de vista en lugar de simplemente preocuparse todo el tiempo sólo por el de los terroristas.[4]

A la ONU habría que recordarle que el apaciguamiento de extremistas violentos está siempre condenado al fracaso. El gobierno británico, junto con el de Estados Unidos, debería rechazar firmemente la intimidación de burócratas de la ONU –que nunca fueron elegidos por sufragio—y decirle a la organización mundial que adopte un papel más positivo para luchar contra el terrorismo internacional.

La necesidad de más medidas antiterroristas

El primer ministro británico Tony Blair ha demostrado un liderazgo sobresaliente en las semanas posteriores a los atentados del 7-J. Es la cara más visible de la guerra global contra el terrorismo. Al mismo tiempo que está involucrando a los líderes musulmanes moderados, Blair ha logrado identificar claramente la amenaza a la que Occidente se enfrenta hoy: La maligna ideología promovida por los extremistas islámicos cuyo objetivo final es la destrucción de la democracia liberal en el mundo entero y el establecimiento de un califato musulmán. Es una ideología que no puede ser apaciguada o complacida sino que debe ser derrotada.

Sus raíces no son superficiales, están profundamente arraigadas en las madrazas de Pakistán, en las formas extremas de la doctrina wahabista de Arabia Saudí, en los antiguos campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán, en la caldera de Chechenia, en partes de las políticas de muchos países de Oriente Medio y muchos de Asia; en las minorías extremistas que ahora predican el odio contra Occidente y nuestro estilo de vida en cada ciudad europea.[5]

Blair también ha sido firme en el compromiso británico con el pueblo de Irak y ha jurado no dejarse intimidar para que se retiren las fuerzas británicas del país. A diferencia de su homólogo español el primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero, Blair nunca permitirá que la política exterior de su país sea dictada por brutales terroristas.

Pero la Administración Blair puede y debe hacer más para combatir la amenaza terrorista.[6] Gran Bretaña no puede pelear esta guerra con una mano atada a su espalda, constreñido por convenios europeos que pesan más a favor de los derechos de los terroristas que del pueblo británico. La incorporación dentro de la ley británica del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) fue un gran error de juicio que fundamentalmente ha minado tanto la soberanía nacional como la capacidad del gobierno de Su Majestad para proteger a sus propios ciudadanos. La ley de Derechos Humanos de 1998 debe ser enmendada para que las nuevas leyes antiterroristas puedan ser completamente implementadas y el Reino Unido debería retirarse inmediatamente de cualquier estipulación del convenio que debilite la seguridad nacional británica. Y yendo más lejos aún, el Parlamento debería debatir la retirada del convenio totalmente.

Los atentados de Londres también hicieron resaltar la necesidad de mayores poderes para detener a sospechosos de terrorismo. El Reino Unido debería pasar legislación que permita la detención preventiva indefinida de los sospechosos de terrorismo en instalaciones penitenciarias seguras. Los arrestos domiciliarios y las “órdenes de control” tales como el toque de queda y los dispositivos de vigilancia no son lo suficientemente convincentes para disuadir a los terroristas. Para poder asegurar un sistema justo de controles, los casos de individuos sospechosos deberían ser revisados periódicamente por cortes británicas (no europeas).

El gobierno británico debería considerar varias medidas pioneras en la enormemente exitosa Ley antiterrorista americana más conocida como PATRIOT Act* que incluye mayores poderes de vigilancia para la policía británica y prevenir que organizaciones de caridad den asistencia a organizaciones terroristas. Las autoridades americanas y británicas deberían usar una coordinación muchísimo más grande en el tema de las medidas contraterroristas y el gobierno Blair debería mostrar una mayor voluntad extraditando a sospechosos de terrorismo para ser enjuiciados en Estados Unidos. También Washington y Londres deberían coordinar cuidadosamente sus listas de grupos terroristas.

Al mismo tiempo, tanto la Administración Bush como el Congreso de los Estados Unidos deberían tomar muy en consideración los aspectos de la legislación británica de antiterrorismo que pudieran importarse y fueran beneficiosos, especialmente las reglas que rigen las deportaciones y la exclusión de extremistas extranjeros. Además, la Casa Blanca debería seguir la pauta marcada por Downing Street y adoptar una posición más agresiva para definir claramente al enemigo de Estados Unidos en la guerra global contra el terror.

Gran Bretaña: En primera línea de la guerra contra el terror

Gran Bretaña está en guerra y en tiempos de gran peligrosidad y confusión se requieren medidas extraordinarias en el interés de la seguridad nacional. Las nuevas estipulaciones contra el terror son un gran paso adelante en la dirección correcta. Enviarán el claro mensaje que Gran Bretaña ya no es refugio seguro para militantes islámicos y organizaciones terroristas. Sin duda otros gobiernos europeos buscarán emular esta postura con medidas similares.

La tenaz tradición británica de fuerza y resistencia frente a la adversidad ha vuelto al máximo nivel. La cultura de complacencia liberal que ha dominado el pensamiento doméstico de una gran parte de la élite politica de Gran Bretaña desde el fin de la era Thatcher está llegando por fin a su fin. Por demasiado tiempo, los radicales islámicos predicaron sedición y odio mientras eran protegidos por una política ingenua de hacerse de la vista gorda.

El ocaso de la edad de la inocencia de Gran Bretaña ha coincidido con la intensa reanudación de la especial relación anglo-americana que había mostrado signos de tensión en los meses antes que los suicidas golpearan Londres. Irónicamente, los terroristas, cuyo objetivo central era dividir a Estados Unidos y Gran Bretaña, han logrado lo contrario fortaleciendo los vínculos entre las dos naciones. En ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial el liderazgo británico y americano han sido tan importantes en el escenario mundial. En realidad, la mayor amenaza para la visión retorcida de al Qaeda es esa alianza perdurable entre Washington y Londres.

Notas

PATRIOT: Es un acrónimo con el que se hace un juego de palabras. PATRIOT significa ‘Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism‘ (Proporcionar herramientas adecuadas para interceptar y obstruir el terrorismo).

[1] “Tackling Terrorism – Behaviours Unacceptable in the UK”, British Home Office Press Release, August 24, 2005, at http://www.homeoffice.gov.uk/n_story.asp?item_id=1351

[2] For a full list of proposed UK anti-terror measures, see “New Terror Plans”, BBC News Online, August 5, 2005, at http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4748717.stm

[3] See “Expulsions Illegal, UN Tells Clarke”, The Guardian, August 25, 2005, at http://politics.guardian.co.uk/terrorism/story/0,15935,

1555931,00.html

[4] Quoted in “Row Over New Rules for Deporting Hate Preachers”, The Times Online, August 24, 2005.

[5] Blair Speech on Terror, July 16, 2005, at http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4689363.stm

[6] For further background, see Nile Gardiner Ph.D. and James Phillips, The London Bombings: How the US and UK Should Respond, Heritage Foundation Backgrounder No. 1871, July 21, 2005.