Aquella Pascua Militar de 2006

Hace doce años, en la conmemoración en Sevilla de la Pascua Militar, no sólo se registraron las salvas que cada 6 de enero saluda el alborear de la Epifanía en su monumental plaza de España. Hubo además un sonoro aldabonazo que retumbó desde el atril de la histórica Capitanía General hasta el mismísimo Salón del Trono del Palacio Real, donde el hoy Rey Emérito don Juan Carlos presidía la suprema efeméride castrense y que ayer acompañó al actual monarca en una cita preñada de simbolismo. Pero donde se registró un clamoroso silencio en los discursos oficiales en torno al mayor desafío sufrido por la unidad de España. En sus alocuciones ante los representantes de los tres Ejércitos, cuya principal encomienda es la preservación de esa unidad, ni el Rey ni la ministra Cospedal hicieron una mera alusión a un asunto del mayor desasosiego e inquietud.

Aquella Pascua Militar de 2006Frente a un tema tabú, en aquella estruendosa arenga, el teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, entonó una solemne defensa de la Constitución y recordó -ay- que la Carta Magna consagra al Ejército como garante de la integridad de la nación española. No era la primera ocasión en que lo hacía. Un año atrás había dicho exactamente lo mismo sobre el plan soberanista del lehendakari Ibarretxe, lo que le hizo merecer los parabienes de la superioridad. Singularmente de José Bono, a la sazón ministro de Defensa.

Pero esa vez Mena, a unos meses de su pase a la reserva, cometió la imprudencia de ir a contracorriente del presidente Zapatero al verbalizar su reproche al proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña en ciernes. Cuatro meses antes, en una sesión del Consejo Superior del Ejército, Mena ya había exteriorizado su inquietud con su articulado, pese al compromiso del ministro de que estuvieran tranquilos porque el presidente le había dado garantías de que “no se calificará a Cataluña de nación en el texto del Estatuto”.

En su exposición ante el citado Consejo (26 de octubre de 2005), el general Mena desgranó tres hipótesis que llevaba escritas. Helas aquí resumidas: “Primera: la más peligrosa. Que se apruebe en los términos que actualmente conocemos. Personalmente, pienso que es imposible. Segunda: la más deseable. Que el Parlamento lo modifique para adaptarlo plenamente a la Constitución. Ésta sería la solución ideal que nos tranquilizaría, aunque no veo signos de que vaya a suceder. Tercera: la más probable. Que se apruebe con modificaciones que no resuelvan los problemas (…) Si esto se produce con la aquiescencia del Gobierno, alguien tendrá que decir algo. Pero, ¿quién? Por supuesto que no puede ser un militar (…) La confianza en la Justicia (entiéndase el Tribunal Constitucional) no pasa por su mejor momento. Entonces, ¿quién? Afortunadamente, contamos con una institución que salvó la democracia en España el famoso 23-F. Llegado el caso, tendrá que ser esa misma institución, respaldada firmemente por las Fuerzas Armadas, la que salvaguarde la unidad de España si los políticos la ponen en peligro y la Justicia no interviene”.

Ciertamente, el tiempo le daría la razón y, en octubre de 2017, el Rey don Felipe viviría su particular 23-F asomándose a las pantallas de la televisión para, al igual que había hecho su progenitor frente al golpismo militar, denunciar el intento de golpe de Estado de los separatistas catalanes para romper la unidad de España con “deslealtad insoportable”. Si un error de tiempo en política es más grave que en gramática, el ejercicio de coherencia de Mena se reveló pernicioso para quien no imaginó su apartamiento de la carrera, aunque sí su cese, caso de merecerlo por no callar.

Esa osadía, que antes había sido discernimiento con Ibarretxe, le costó su brillante discurrir a un militar liberal que entendía que el silencio es el esplendor de los fuertes, pero también el refugio de los débiles. Zapatero no toleró el entrometimiento de este general de la estima de su ministro de Defensa, José Bono, quien le había prometido al generalato que el Estatut de marras descarrilaría constitucionalmente y se quedaría en la cuneta. Era tal la afinidad que Alberto Oliart, último titular de esa cartera con UCD, le comentaría a Bono: «Me dicen algunos militares que has sancionado a Mena por pensar igual que tú», arguyendo el interpelado que había sido porque «un militar está legalmente obligado a manifestarse con neutralidad», algo que no rigió en el precedente de Ibarretxe. Como a Thomas Becket con respecto a su amigo el rey Enrique II, Bono pasó de ser el gran amigo de Mena a su gran enemigo, de pedir su consejo a reclamar su cabeza.

Desmarcándose de quienes callan para no ser señalados, al igual que el militar del entremés cervantino, Mena hizo notar que El Retablo de las Maravillas de Zapatero, lejos de encajar a Cataluña, desencajaría España entera. En parangón con la conocida farsa, ello hizo revolverse contra el general del agrado de Bono a todo el Gobierno gritándole cual posesos: “¡De ellos [judío o bastardo] es, pues no ve nada!”, si bien muchos otros acallaron su comezón como el converso del sainete formulándose para sí: “Habré de decir que lo veo por la negra honrilla”.

Por paradojas del destino, su reconvención le valió ser tildado a Mena de “golpista” por los mismos nacionalistas que ahora han atentado contra la legalidad constitucional al supeditar la supremacía de la ley a sus deseos como encarnación de la “identidad” de una supuestamente oprimida nación al que el opresor enemigo le impide consumar su utópico viaje a Ítaca. Echando en saco roto la lección que la izquierda debió extraer de las intentonas secesionistas en la II República y abrazarse al nacionalismo en una muestra de ignorancia suicida, pareciera que España fuera poco menos que una invención franquista.

Se persigue así desterrar una historia trimilenaria y fulminar la supremacía de la ley olvidando que urnas sin ley es una forma de golpe de Estado. Aquella respuesta sólo explicable por la nefasta tradición del intervencionismo militar produjo que el general Mena fuera laminado y condenado al ostracismo por enaltecer la Constitución frente a quienes la combaten, de modo que pareciera que ésta última no tuviera quien la proteja. A resultas de ello, Mena debió concluir que la clave para salir ileso y salvar la carrera estriba en fingir ceguera sin darse nunca por agraviado.

En el colmo del dislate, la cabeza de Mena fue servida obsequiosamente en bandeja de plata por Bono a un nacionalismo xenófobo amigado con Zapatero y que, en la actual desventura catalana, evoca la película Los sobrevivientes, del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea: una familia se rebela contra la recién instaurada revolución castrista cortando todo vínculo exterior, retrocediendo del capitalismo al esclavismo y de éste al canibalismo. El filme ilustra, desde luego, el progresivo declive de Cataluña. Enclaustrada en una mansión ruinosa, se sume en la decadencia y puede degenerar en la antropofagia.

Sin embargo, cada vez que el nacionalismo choca contra el muro de sus desatinos acuden al rescate los miopes dirigentes de los grandes partidos nacionales. Pareciera que España estuviera condenada al esfuerzo inútil e incesante de arrastrar como Sísifo esa piedra a la cumbre para luego ver cómo ésta se desliza desde la cumbre a la base y hay que volver a empinarla a la cúspide. Como no puede parar sin deshacerse cual bola de nieve, es ilusorio pensar que el nacionalismo se resolverá con concesiones. Toda condescendencia supone un acicate. Ni culminando su aventurerismo finiquitarán sus cuitas. Su irredentismo les hará reclamar un espacio vital a costa del vecino.

Así, tras el fracaso electoral, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ahondaría el agujero si se empecinara en el error y, creyendo hacerle un favor al deprimido Iceta, retomara la vía Zapatero, aunque ambos sigan sin tener claro aún qué es una nación, transigiendo con singularidades, pactos fiscales o referéndums pactados, lo que sólo alimentará la insaciable bulimia nacionalista.

Aquí nadie es más que nadie, por lo que el PSOE, si no quiere perecer en el intento y ser alternativa de Gobierno, debe preconizar en Barcelona lo mismo que en Madrid o en Sevilla en una encrucijada en la que muchos ciudadanos piensan que los males de España se resumen en que no tienen quien los ampare, y no tanto en el secesionismo, esa gran mentira que se ha tornado inconmensurable y grosera a base de dejarla rodar sin impedimento alguno.

Mejor convendría renacionalizar y regenerar los dos grandes partidos para que, parafraseando a Ortega con motivo del Estatuto Catalán de 1932, depriman los nacionalismos envolviéndolos en un movimiento ascensional de todo el país que permita reconstituir un gran Estado. Ahora, sin embargo, aquella conllevanza a la que apelaba el filósofo ha tornado en sobrellevanza.

Algo, por lo demás, que hubiera sido factible aquella Pascua Militar de 2006. En lugar de hacerle pagar el pato a un general constitucionalista, se hubiera frenado una deriva que ha estado a punto de hacer perder en un día de octubre de 2017 lo que costó siglos construir. Empero, mientras el general señalaba la luna, el Gobierno prefirió mirar, en vez de hacia su rutilante luz, al dedo de la bocamanga de bastón y sable cruzados bajo una corona y tres estrellas de cuatro puntas para tajárselo de un golpe seco.

Si el 23-F supuso un antídoto contra los golpistas, después de ser juzgados y condenados sus malhechores, habrá que aguardar que acaezca lo mismo con quienes, contraviniendo toda ley, promovieron la independencia unilateral de Cataluña. Todo ello frente a quienes, confundiendo la realidad con el deseo, así como la naturaleza del nacionalismo, creen que sus intestinas luchas de poder entre el lobo echado al monte Puigdemont y el “lobito bueno” de Junqueras les van a apartar de su objetivo primordial y que la vuelta a la normalidad pasaba por que los jueces del Tribunal Supremo rindieran togas ante el poder político.

Menos mal que aún hay jueces en Madrid y no han sacrificado su independencia en aras de su acomodamiento al interés circunstancial de la política que no ve más día que el momentáneo hoy. ¿Qué sentido de ley tendría anular la prisión provisional a un capitoste del golpe como Junqueras para que, repuesto en posiciones ejecutivas, pudiera seguir con sus planes no negados de proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña?

A algunos políticos les hubiera gustado disponer con estos jueces de la misma disponibilidad de cese que con el general Mena y relegarlos al ostracismo.

Francisco Rosell, director de El Mundo.

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