Aquellas boinas de Atuxa

Por José Luis Zubizarreta, escritor (EL PERIÓDICO, 23/11/05):

La justicia tiene su propio ritmo, que casi nunca se acompasa con el de la política. Así está demostrándose con el juicio oral que el lunes se abrió en la Audiencia Nacional contra el llamado entramado de ETA y que culmina la instrucción que se iniciara en aquel ya lejano 1998. Todo comenzó en un momento político en el que la lucha antiterrorista, a las órdenes de Mayor Oreja y Aznar, reclamaba todas las armas del Estado de derecho para derrotar a ETA en todos los frentes. Todo está a punto de culminar, en cambio, cuando, tras la resolución del Congreso de los Diputados del 17 de mayo de este mismo año, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece aprestarse a que, si las condiciones expresadas en ese mismo pronunciamiento parlamentario se cumplen, el terrorismo etarra termine en una mesa de negociación.

No resulta, en consecuencia, extraño que, desde ciertos sectores políticos, así como desde otros sociales sumamente politizados, sobre todo del País Vasco, se hayan alzado voces que denuncien tanto el “impulso político” que habría dado inicio a todo el proceso como la inoportunidad de su actual fase de culminación. Se teme que el enjuiciamiento de destacados miembros de la izquierda aberzale pueda considerarse “un acto de guerra” y dar al traste con un proyecto de pacificación que, de haberse iniciado, se encontraría todavía en un estadio sumamente frágil de su desarrollo.

En este sentido se han pronunciado los partidos que componen el tripartito que gobierna el País Vasco, así como los grupos de ciudadanos que, con idéntica orientación, han constituido en Euskadi la Plataforma 18/98. Para ellos, el juicio que el lunes comenzó a celebrarse constituye un despropósito que no se corresponde con lo que la situación política del momento requiere.

No es razonable negar que, en un juicio así, la política, entendida, al menos, como ese ambiente general de opinión en el que todos, incluidos los jueces, estamos inmersos, y del que no podemos evadirnos a la hora de enjuiciar la realidad, haya tenido mucho que decir tanto en el inicio como en el desarrollo de este proceso. Cosa, sin embargo, muy diferente es afirmar que todo él proceda de un impulso explícito que habría sido enviado a los jueces desde el estamento político.

SOLO HACE falta conocer someramente la personalidad de quien dio inicio al sumario, el juez Baltasar Garzón, para sospechar, más bien, que el impulso que puso en marcha el actual procesamiento proviene, más que de ninguna otra fuente, de las propias convicciones del magistrado. No era, en efecto, Garzón un juez que se dejara fácilmente condicionar por instrucciones políticas, y menos aún si éstas procedían, como sería el caso, de quienes en 1998 ejercían las labores de Gobierno. Por otra parte, la idea nuclear de todo el proceso, a saber, que el terrorismo etarra trasciende de la organización militar ETA y engloba todo un entramado de organizaciones satélites perfectamente jerarquizadas, es algo que el juez Garzón ha defendido públicamente en múltiples foros y ocasiones.

De hecho, la idea de la unidad organizativa de la izquierda aberzale o del llamado MLNV era comúnmente aceptada como correcta en la década de los 90. El propio Juan María Atutxa, a la sazón consejero de Interior del Gobierno vasco, solía expresarla de manera gráfica con la imagen de las dos boinas –una militar y otra política– con que se cubrirían la cabeza, según los papeles que en cada caso les cayera en suerte desempeñar, muchos de los miembros de la izquierda aberzale que actuaban en la legalidad. Más aún, a día de hoy, descubierto el funcionamiento de otras organizaciones terroristas de ideología islamista, la concepción de un conjunto coordinado de piezas de diverso carácter –operativo, de captación, financiero, propagandístico, etcétera– no debería resultar a nadie aberrante a la hora de interpretar la naturaleza del terrorismo. De hecho sólo se requiere un análisis atento de sus propios papeles para reconocer que es precisamente el entramado que la organización armada ha creado a su alrededor y bajo su dependencia lo que le ha proporcionado gran parte del éxito y de la imbatibilidad de que durante tanto tiempo ha disfrutado.

LAS DUDAS QUE suscita el juicio que la Audiencia Nacional ha comenzado a celebrar el lunes no deberían, por tanto, girar –o, al menos, no en primer plano– ni en torno al impulso político que lo inició ni alrededor de su oportunidad o inoportunidad políticas. Son asuntos éstos que, al dirimirse fuera del ámbito judicial, resultan en gran medida irrelevantes. Sólo ayudan a provocar debates en el ámbito político que, en el mejor de los casos, se sustancian con una estéril ausencia de conclusiones. Lo que realmente resulta cuestionable en este tipo de macroprocesos es, más que sus indudables connotaciones políticas, su operatividad jurisdiccional.

En este sentido, la fragmentación del sumario en piezas separadas habría sido mucho más eficaz, si no para la espectacularidad del caso, sí para lo que realmente importa: la corrección y la claridad de la sentencia. Porque, en su actual formato, uno no acaba de ver cómo van a ser capaces los jueces de traducir esos más de 200.000 folios del sumario en una serie de pruebas convincentes que, más allá de alegatos teóricos sobre la estructura organizativa de ETA, demuestren, por encima de toda duda razonable, la integración o colaboración con banda armada de nada menos que 56 procesados concretos. Es el difícil salto de la teoría política al derecho penal.