Rigoberto Pablo se quedó sin esperanzas. No había trabajo ni educación decente para sus hijos. No había nada en los arroyos secos ni en las plantas de café marchitas ni en las alcantarillas hediondas de su pueblo, ubicado en la zona montañosa occidental de Guatemala, que le diera motivos para pensar que el sufrimiento de su familia acabaría. Así que a finales de 2018 cruzó la frontera con México y se dirigió a Estados Unidos.
Tres meses después, en febrero de 2019, lo conocí en esta pequeña localidad de Nuevo México. Es un hombre tímido y con una sonrisa gentil. Y al igual que cientos de miles de migrantes, Pablo, de 37 años, se encuentra en el limbo estadounidense. Sentado en un sillón en la casa de sus anfitriones, se inclinó, levantó el dobladillo de sus pantalones y reveló el monitor electrónico que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le pusieron en el tobillo cuando lo liberaron. Una luz verde confirmaba que lo estaban rastreando. “Si me lo quito, van a venir por mí”, dijo.
Su hijo de 14 años, Álex —quien cruzó la frontera con su padre el 14 de noviembre y ahora estudia el séptimo grado en una escuela cercana—, miró el dispositivo fijamente. De su papá, dijo: “No es un violador ni un asesino. Él quiere trabajar y yo quiero estudiar”.
Si tan solo fuera así de simple. Rigoberto y Álex Pablo son parte de una enorme afluencia: los 460.294 migrantes que han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos este año ya superan en número a los que fueron aprehendidos en todo 2018. Desde octubre, el uno por ciento de la población total de Guatemala —más de 160.000 personas— ha cruzado la frontera; muchos son niños. Casi un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó su cruel política de “tolerancia cero”, la cual separaba a la fuerza a los niños de sus padres, todavía están llegando niños a raudales al país, principalmente desde Centroamérica; solo en abril de este año llegaron alrededor de 40.000 niños, casi 9000 sin compañía de sus padres. El 30 de ese mes, Juan de León Gutiérrez, de 16 años, se convirtió en el tercer niño guatemalteco en morir bajo custodia federal estadounidense en los últimos cinco meses. Los otros niños tenían 7 y 8 años de edad.
Esta situación es inadmisible. Todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política, deberían estar de acuerdo con eso. Estados Unidos tiene que conciliar el hecho de ser una nación de inmigrantes con el de ser una nación de leyes.
Sin embargo, la política migratoria del país está atrapada en una vergonzosa parálisis dentro del congreso y la grandiosa distracción del muro de gran envergadura de Trump solo sirve para enardecer los ánimos de su base de simpatizantes y alentar las diferencias políticas. Sus políticas erráticas, sus nombramientos incesantes y sus amenazas (incluida la construcción de un centro de detención de “emergencia” para migrantes en la bahía de Guantánamo, en Cuba) no contribuyen a enfocarse en la raíz de la crisis migratoria: la implosión de Centroamérica.
“Esta crisis se trata de los niños, su seguridad y el futuro de nuestra región”, declaró de manera reciente Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional. Nada de lo que hagan él o Mark Morgan, el candidato propuesto por Trump para dirigir ICE, rendirá frutos si no se buscan primero soluciones para frenar el colapso de la región.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien fue estrella de televisión (¿les suena familiar?), se postuló a la presidencia en 2015 con la consigna: “Ni corrupto ni ladrón”. Ese eslogan ahora es una burla. Ha intentado expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo respaldado por las Naciones Unidas. Quiere otorgar amnistía a los autores del genocidio de la década de los ochenta en el que murieron cientos de miles de guatemaltecos, muchos de ellos indígenas, como la familia Pablo. Mientras tanto, el Estado no le está proporcionando a su pueblo alimentos básicos, atención médica, educación ni protección contra la violencia del narcotráfico.
Trump dice que quiere castigar a Guatemala y a sus vecinos por no hacer lo suficiente para detener la migración. “No enviamos más dinero allá”, sentenció. Pero no ha dicho nada ante la corrupción de Morales, lo cual lo ha envalentonado para destruir la única defensa que tienen los guatemaltecos: el Estado de derecho. Los funcionarios del Departamento de Estado están furiosos por la manera en que Estados Unidos ha abandonado sus valores, pero la autoridad de los nombramientos políticos los rebasa. Morales mantiene feliz a Trump de distintas maneras; Guatemala trasladó su embajada en Israel a Jerusalén después de que Estados Unidos hizo lo mismo.
No es ninguna sorpresa que la gente como Pablo huya. Está planeando solicitar asilo, aunque obtenerlo no será nada fácil; la pobreza por sí sola no es una justificación. No obstante, el retraso de los casos pendientes en los tribunales de inmigración implica que Pablo probablemente pueda quedarse durante dos o tres años antes de que se le dé una audiencia a su caso. Entretanto, no puede trabajar de manera legal. Está viviendo con Aurelio y María Aranda, una familia que conoció a través de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas. Al menos su hijo está aprendiendo inglés. Algunos migrantes llevan a sus hijos porque eso aumenta sus posibilidades de entrar al país, pero también por un ferviente deseo de darles un futuro mejor.
Pablo me contó sobre el miedo y el hambre que pasaron en su trayecto de una semana a la frontera estadounidense. Les ofrecían un poco de arroz y frijoles una vez al día. Como si fueran parte de un rebaño, seguían las instrucciones de los coyotes —los contrabandistas a quienes les pagó 5000 dólares, que pidió prestados—. Me contó que corrieron bajo la luz de la luna llena, treparon las vallas de alambre de 2,4 metros de altura, pasaron a los bebés por debajo y a los niños por encima y, al amanecer, se entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
No tiene idea de qué pasará ahora. “Mi esposa y mis otros tres hijos están en el pueblo”, me dijo Pablo. “Los extraño. Mi hijo más pequeño estaba enfermo. No me alcanzaba para su medicina”.
La sinceridad de su mirada era casi inaguantable. Decidí que debía ir a su pueblo, la aldea Las Guacamayas, para ver qué lo había impulsado a ir al norte.
Son más de nueve horas de camino en auto para recorrer los casi 354 kilómetros desde el noroeste de Ciudad de Guatemala hasta el hogar de Pablo. Está rodeado de montañas volcánicas y una vegetación densa pero seca por la falta de lluvia. El abandono está por doquier: las terrazas que descienden por las laderas están áridas, las varillas de las casas a medio construir se elevan hacia el cielo, los sepulcros descuidados conmemoran vidas inclinados al borde de un precipicio. Las mujeres indígenas con espaldas rectas y vestidos de telas brillantes dominan este paisaje herido.
Guatemala es un país hermoso y traumatizado, marcado por siglos de racismo de los criollos blancos hacia los mayas y otros pueblos indígenas. Durante los años ochenta, escuadrones de la muerte respaldados por el ejército arrasaron con comunidades enteras, mediante la política “tierra arrasada”, la cual justificaban con el falso principio de que “los pueblos indígenas eran los ríos en donde nadaban las guerrillas izquierdistas”, según me explicó Édgar Gutiérrez, quien fue ministro de Relaciones Exteriores. El frente sandinista de izquierda había triunfado en Nicaragua. Estados Unidos, determinado a impedir que esto sucediera en Guatemala, apoyó a los bandidos paramilitares.
Unas 200.000 personas fueron asesinadas, incluidas 40.000 desaparecidas. Ese fue el genocidio guatemalteco, una herida imborrable. El presidente Morales ha promovido la consigna “No hubo genocidio”: un guiño para el ejército que lo apoya. El hecho de que Trump haya aceptado a este gobierno —dado el apoyo militar estadounidense en el pasado reconocido por el presidente Bill Clinton como un “error”— subraya el desprecio que siente por los derechos humanos.
La esposa de Pablo, Candelaria Sales García, me recibió afuera de la casa de la familia, ubicada en una ladera. Un pato estaba picoteando una sandía y un perrito llamado Dólar dormía en la sombra. En la cocina, se cocían unos frijoles en ollas ennegrecidas sobre leña ardiente.
Sales García es una mujer con una sonrisa enorme que no logra ocultar su dolor. Su esposo y uno de sus hijos se fueron a Estados Unidos. Otro de sus hijos, Valdomero, de 19 años, no puede encontrar trabajo. Su hija, Gabriela, de 12, se sienta sin hacer nada porque sus profesores no se presentan a dar clases. Su hijo más joven, Leo, de 8 años, tiene inflamada una mejilla por una infección intratable.
“No le dije nada a mi esposo aunque me estaba dejando sola”, me dijo. “Porque sabía que aquí no hay nada”.
Nada. Escuché mucho esa palabra. Nada del gobierno, nada que hacer —nada de agua, nada de educación, nada de servicios médicos, nada de trabajo—, “Aquí no hay nada nada”, declaró Valdomero, mientras señalaba con la mano el paisaje calcinado por el sol. El Estado rara vez se molesta en cobrar impuestos —representan un porcentaje menor del producto interno bruto que las remesas— y hace poco con ellos.
Mientras escuchaba a este brillante muchacho bilingüe (él y su familia hablan español y mam), entendiendo que su piel morena los hace invisibles ante su gobierno, recordé la conclusión a la que llegó mi padre sudafricano sobre por qué no pudo soportar la segregación racial y se fue: “El desperdicio”.
Valdomero se dedica a un trabajo que su padre solía hacer. Descarga y apila bloques de concreto para construcción. Por un día de trabajo dice que le pagan unos 8 dólares: apenas lo suficiente para mantener a la familia con tortillas. Haces esto, luego aquello y esto otro hasta que un día tienes que irte.
Al caer el atardecer, el joven sugirió que diéramos un paseo hacia la cima de la montaña. Ha cambiado desde que él era niño. Los arroyos en los que jugaba y de los que bebía ya no están. Las aves se han ido, al igual que los cafetos. El anfiteatro montañoso, que se puede ver desde una cresta, ya no es verde. Ha estado seco y caluroso desde hace tres o cuatro años.
Nunca había estado en un lugar que reflejara de manera tan palpable la sensación de que la tierra está muriendo. El presidente Trump cree que el cambio climático es una broma. Debería venir aquí. Entendería otro gran factor que impulsa la migración.
La única señal de desarrollo son un par de torres espigadas rojas y blancas de telecomunicación en lo alto de las montañas. Un teléfono básico es barato, y los guatemaltecos pagan conforme los usan: el “pan y circo” para las masas del siglo XXI.
A la mañana siguiente, viajé con Valdomero a México en mi auto. Unos postes blancos con un sello oficial marcan la frontera, pero no hay ninguna especie de control: no hay policía, no hay aduanas ni agentes fronterizos, no hay barreras, no hay nada.
Una Toyota Hilux se acercó estruendosamente del lado mexicano, pero su conductor, al ver a un gringo, se dio la vuelta. “Narcos”, dijo Valdomero. Seguimos adentrándonos en México unos 24 kilómetros sin que nos pidieran el pasaporte o cualquier otro documento.
En esa ruta se transporta café, gasolina, maíz y pollos de contrabando, de un lado al otro y a plena vista. Lo mismo se hace con personas y drogas, principalmente cocaína. Solo se confisca una pequeña parte de las cerca de 1400 toneladas de cocaína que circulan en el país cada año. Los cárteles de la droga han sobornado a diputados, alcaldes y oficiales de la policía. Pronto terminará la presidencia de Morales; para las elecciones generales —cuya primera vuelta es el 16 de junio—, su partido ha nombrado a un nuevo candidato, Estuardo Galdámez, quien hace poco fue fotografiado junto a un narcotraficante convicto.
Guatemala está retrocediendo a un ritmo alarmante. Pasar de un trauma nacional a la decencia democrática nunca es sencillo. Aquí se comenzó con los acuerdos de paz de 1996. Durante los últimos doce años, la democracia ha sido apuntalada por los esfuerzos de la Cicig, establecida mediante un convenio entre las Naciones Unidas y Guatemala.
La Cicig es una parte crucial de la labor para instaurar un sistema judicial independiente en Guatemala. Los dos predecesores de Morales fueron a prisión por cargos de corrupción. En abril, Estados Unidos arrestó y acusó a Mario Estrada, candidato presidencial cercano a Morales, de confabular para traficar cocaína. El mismo Morales está sujeto a una investigación en Guatemala por irregularidades financieras en su campaña. Además, su hermano y su hijo enfrentan acusaciones de fraude. Algunas de las familias más adineradas del país están bajo investigación por el financiamiento ilegal del partido político de Morales.
Ahora el presidente Morales ha arremetido contra la Cicig: ordenó su expulsión y ha rescindido su misión de manera unilateral. Le ha prohibido la entrada al país a Iván Velásquez, el fiscal de la comisión y exprocurador colombiano. Ante todo esto, apenas se ha escuchado un ligero quejido del gobierno de Trump, cuya hostilidad hacia las Naciones Unidas y el multilateralismo es notoria.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha dictaminado que las medidas de Morales son ilegales. El presidente ha declarado que su veredicto no significa nada: hasta ahí llegó el Estado de derecho. La Cicig continúa su labor y Velásquez la dirige desde el extranjero; sin embargo, no cuenta con ninguna protección policial para su personal, la organización está en “terapia intensiva”, según me lo describió un funcionario estadounidense. Cuando visité sus oficinas centrales en Ciudad de Guatemala, imperaba una atmósfera fantasmal.
El apoyo estadounidense había sido fundamental para la Cicig. En 2013, Stephen Rapp, el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos en materia de crímenes de guerra, visitó el tribunal donde se realizó el juicio de Efraín Ríos Montt, el exdictador de Guatemala. Ríos Montt fue declarado culpable gracias a la valentía de los sobrevivientes y los procuradores respaldados por la Cicig, aunque más tarde el veredicto fue invalidado por un tecnicismo jurídico. El mensaje no pudo haber sido más claro: Estados Unidos está decidido a apoyar el proceso judicial independiente y el Estado de derecho incipiente de Guatemala.
Ya no es así. El Estados Unidos de Trump ha brillado por su ausencia.
“La Cicig ha montado un sistema de terror en donde al que piensa diferente se le persigue”, declaró Morales de manera absurda ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. A principios de ese mismo mes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, escribió en Twitter: “Apreciamos mucho los esfuerzos antinarcóticos y de seguridad que se están llevando a cabo en Guatemala”. Eso fue todo.
El Departamento de Estado, por medio de su viceportavoz y no del mismo Pompeo, ha declarado que Estados Unidos está “sumamente preocupado” por la iniciativa reciente de Morales para aprobar un proyecto de ley que otorgaría amnistía y liberaría a individuos sentenciados por violaciones flagrantes a los derechos humanos durante la guerra civil de 36 años en Guatemala. Sin embargo, en Ciudad de Guatemala esta protesta moderada fue descartada como si se tratara del murmullo de un burócrata de tercer nivel; en realidad, fue una autorización tácita. El gobierno opera con el argumento de que cuenta con el visto bueno de la Casa Blanca.
Muchos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense están preocupados. Un funcionario me dijo: “Es una situación extraña y perturbadora. Los altos funcionarios designados no escuchan los argumentos que les damos. Tenemos un Departamento de Estado que básicamente se quedó de brazos cruzados mientras Jimmy Morales desmantelaba los mecanismos que se habían establecido para combatir la impunidad”.
Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, es un diplomático de carrera que ha intentado defender los principios estadounidenses. Como consecuencia, los medios locales lo han rechazado como un remanente del predecesor de Trump, Barack Obama, lo han llamado el “peor embajador del mundo” y lo han acusado tanto de estar en la nómina de George Soros (por supuesto) como de ser un agente de Cuba o Venezuela.
Todo esto va acorde con una elaborada operación guatemalteca de cabildeo en Washington que busca retratar a la Cicig como un montón de liberales izquierdistas apoyados por Soros. Varios republicanos, entre ellos el representante de Arkansas Rick Crawford y el senador Mike Lee de Utah, se han mostrado dispuestos a escuchar.
En enero, Crawford expresó su apoyo a la expulsión de la Cicig por medio de un tuit, en el que dijo que los guatemaltecos tienen “derecho a su propia soberanía”. En marzo, Lee tuiteó: “Las elecciones libres y limpias de los representantes de una nación, elegidos por y para el pueblo, son la base del gobierno republicano. Nuestros amigos en Guatemala deberían poder ejercer ese derecho, libres de la influencia extranjera del Departamento de Estado de Estados Unidos”.
Esto provocó un ataque poco velado hacia Arreaga, a quien los medios guatemaltecos han tratado de pintar como promotor de la candidatura presidencial de Thelma Aldana, la tenaz exfiscala que estuvo detrás de varios casos anticorrupción. Ahora, ella enfrenta una orden de detención por presunta malversación de fondos mientras Morales hace maniobras desesperadas para bloquear su candidatura. Aldana se ha refugiado en El Salvador.
En consonancia con el manual de estrategias nacionalista que se está usando en Hungría y Polonia, Morales también ha atacado de manera incesante al poder judicial independiente. Los jueces a menudo son tildados de “terroristas”.
Visité a Gloria Porras, una de los cinco magistrados en la Corte de Constitucionalidad, el último bastión del Estado de derecho en Guatemala. Es una mujer de mucho aplomo y dignidad, que se encuentra constantemente asediada.
“Cada vez que ratificamos un caso de corrupción”, me dijo, hacemos posible que “se inviertan fondos públicos en nuestros problemas básicos”. El gobierno dice que los fondos públicos no son suficientes para los medicamentos, la educación y las vías públicas. “Creo que sí son suficientes, pero no se utilizan de la manera correcta”, comentó.
Porras y otros de sus colegas han sido amenazados con su remoción de la corte. Este mes, hubo una amenaza de bomba que obligó a que se evacuara la sede del tribunal. Me miró con un orgullo desafiante.
“Agreden mi dignidad porque no tengo tolerancia alguna para el tráfico de estupefacientes y soy independiente en mis posturas. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos está, como dicen los músicos, in crescendo. El tráfico está ligado a la corrupción. Sin importar los riesgos ni los ataques, yo voy a hacer mi trabajo. Es una cuestión de legalidad. También es una cuestión de honor”, afirmó.
“Cada vez que tomo la decisión correcta, contribuyo a la creación de la esperanza de que mi país puede cambiar”, agregó.
En otras palabras, cada fallo anticorrupción que ratifica un juez independiente fomenta la creación de una Guatemala de la que Rigoberto Pablo y su familia no tendrían que huir desesperados porque quizá sí haya un futuro para ellos.
Antes de dejar el pueblo de Pablo, hablé con su hija, Gabriela. Habían cancelado las clases en su escuela. Estaba aburrida y frustrada. “Quiero ir a Estados Unidos, quiero estudiar allá con mi hermano”, dijo. “Quiero ver a mi papá”.
Ningún muro va a detener la afluencia de migrantes. Ni las vociferaciones sobre violadores ni las amenazas de separar familias la frenarán. Ni el racismo contra la gente de piel morena ni el miedo al cambio demográfico en el Estados Unidos del siglo XXI la detendrán. Un sistema migratorio fracturado en Estados Unidos definitivamente tampoco la contendrá. Nada lo hará mientras los centroamericanos continúen desesperados.
Trump no cree en la diplomacia multilateral. Si tuviera algo de seriedad, involucraría a Guatemala, El Salvador, Honduras y México en iniciativas diplomáticas con acciones concretas; exploraría un procesamiento de solicitudes de asilo justo y eficaz dentro del país; dejaría de hablar acerca de un muro y de recortar la ayuda para el extranjero y empezaría a hablar acerca del desarrollo centroamericano, un posible Plan Marshall para la región. El éxodo de mexicanos ha disminuido a medida que las condiciones de vida han mejorado en el país. Podría aprenderse algo de eso si Trump estuviera interesado.
Buscaría maneras de hacer que la seguridad en la frontera de Guatemala con México no fuera risible, de combatir la corrupción y el narcotráfico, de luchar contra la impunidad y fortalecer el Estado de derecho en Centroamérica, de darles a los guatemaltecos algo de fe en su gobierno, de empoderar a figuras como Gloria Porras, de restaurar los valores estadounidenses, de proteger los derechos humanos y darles trabajo a los migrantes. Además, declararía: “¡No podemos tolerar la muerte de UN NIÑO MÁS a nuestro cargo!”.
La energía única de Estados Unidos no puede separarse de la renovación que traen consigo los nuevos inmigrantes.
Al mismo tiempo, si la generosidad genera anarquía, se derrota a sí misma. Si Trump no hubiera reducido la política a una guerra partidista, en algún punto entre esas verdades yacían posibles acuerdos sobre inmigración a los que podrían haber llegado los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos.
Mi viaje a la frontera y a Guatemala me dejó una sensación familiar: el Estados Unidos de Trump se está traicionando a sí mismo. Lo que trajo a Rigoberto Pablo y a su hijo aquí es una antigua idea honorable de Estados Unidos: “Vine a este país a ganar dinero y mejorar mi vida”, me dijo este mes, cuando charlamos. Le habían quitado el monitor del tobillo unas cuantas semanas antes y en agosto comparecerá ante la corte para solicitar asilo. Es un hombre decente y honesto con una familia decente y honesta. Merece algo mejor que el caos anárquico de Jimmy Morales y las posturas políticas de Donald Trump.
Roger Cohen es columnista de opinión de The New York Times.
Fotografías de Tamir Kalifa y Daniele Volpe.