El lunes 19 de enero de 2015, la opinión pública argentina se vio sacudida por la muerte de Alberto Nisman, fiscal de una de las causas judiciales más controvertidas de las últimas décadas: la investigación por el atentado terrorista a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, cometido en julio de 1994.
Cinco días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente de encubrimiento a la Presidenta de la Nación, al Canciller y a una serie de personas ligadas directa o indirectamente al Gobierno. El fiscal reveló una operación a gran escala para encubrir a los supuestos autores del atentado a cambio de obtener un acercamiento geopolítico con Irán, restablecer relaciones diplomáticas y comercializar petróleo iraní en contrapartida de granos argentinos. Nisman debía presentarse el lunes 20 de enero en el Congreso para dar las explicaciones pertinentes, pero la noche anterior apareció muerto en su departamento con un disparo en la sien.
Mientras el caso se encuentra envuelto en un sinfín de hipótesis diversas, que contemplan tanto el suicidio como el homicidio, hay algunos datos que sí podemos analizar con certeza: los altibajos en las relaciones comerciales entre Argentina e Irán en los últimos años, que presentan un claro superávit para Argentina.
Semanas después del atentado a la AMIA ya se indicaba que ciudadanos iraníes podrían estar implicados en el ataque. Eso condujo de inmediato a la retirada de embajadores y a una reducción de las representaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios. Sin embargo el comercio entre ambos países desde 1994 no solo no disminuyó, sino que aumentó casi de manera constante hasta el año 2001. La única excepción fue en 1999, que además fue el único -dentro del período de muestra- en que Argentina compró petróleo crudo a Irán.
La situación da un vuelco a principios de 2000. El descenso en el intercambio comercial evidenciado en 2002, se hace extremo en 2003 y se mantiene hasta 2007. Hacia marzo de 2003, el juez de la causa, Juan José Galeano, solicita la detención internacional de cuatro ex diplomáticos iraníes. En mayo de ese mismo año, Néstor Kirchner asume la presidencia argentina y se compromete con la comunidad judía y los familiares de las víctimas a impulsar la causa judicial. Meses después el juez Galeano emite ocho nuevas órdenes de captura sobre funcionarios iraníes, y en agosto se produce en Londres la detención del ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour. La réplica desde Teherán fue inmediata: suspender las relaciones comerciales y culturales bilaterales entre ambos países. Es entonces cuando el comercio cae de manera significativa. El Gobierno de Kirchner -quien manifiestamente se había decantado por no negociar con Irán a causa del caso AMIA- decide no intervenir para revitalizar la relación comercial. Su primer canciller, Rafael Bielsa, declararía tiempo después que Irán intentó en varias ocasiones negociar el levantamiento de las órdenes de detención, a cambio de realizar compras de granos por sumas exorbitantes. Según el ex canciller, el Gobierno argentino nunca cedió a tales presiones.
Tras la absolución en 2004 de una veintena de argentinos acusados por colaboración con el ataque, la remoción del juez Galeano y la parálisis de la causa, Néstor Kirchner decidió crear una Unidad Fiscal de Investigación especial para el caso AMIA, colocando a Nisman al frente. Kirchner terminaría su mandato en 2007. Al año siguiente la exportación argentina a Irán se triplicó y batió su récord, superando los mil millones de dólares. No obstante, a finales de 2006, Nisman había imputado formalmente y solicitado la captura de varios funcionarios iraníes. La explicación de este repentino aumento del intercambio comercial (a pesar de las nuevas acusaciones) que dio el primer canciller del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Taiana, fue que la política nacional respecto de Irán no había cambiado, sino que Teherán había modificado su estrategia hacia Argentina, levantando las sanciones otrora impuestas.
Asociaciones de víctimas de los atentados, así como instituciones argentino-israelíes, se han manifestado de forma constante en contra del aumento del comercio con un país que según ellos no ha cooperado con la investigación del atentado, y donde algunos de los acusados de encubrir el ataque se encuentran aun ejerciendo funciones públicas. La respuesta que ha brindado el Gobierno de Cristina Fernández siempre ha sido a favor de defender el libre comercio, declarando asimismo que quienes realizan los negocios son un grupo bastante reducido de empresas privadas y no el Estado.
De cualquier modo, el tema del comercio con Irán y su relación con la causa AMIA ha vuelto a la luz a raíz de la acusación presentada por Alberto Nisman. En su escrito, el Fiscal relataba la existencia de un supuesto “acuerdo secreto” por el cual se pediría a Interpol el levantamiento de las órdenes de captura que pesaban sobre los acusados iraníes. Una de las partes de la trama denunciada comprendía la firma de un Memorándum de Entendimiento entre ambos países(suscrito finalmente en enero 2013), a través del cual se intentaría tomar declaración a los acusados iraníes en Irán. La Presidenta ha rechazado la existencia de ese acuerdo encubierto en dos intervenciones escritas y una oral, donde niega de forma rotunda las conclusiones del fiscal.
Aunque la ratificación del Memorándum prosperó en el Congreso argentino, posteriormente la Justicia lo declaró inconstitucional. También aparecieron obstáculos en Irán. Si bien el entonces presidente Mahmud Ahmadineyad suscribió el documento, el Parlamento persa jamás llegó a tratarlo. Por otro lado, las órdenes de detención internacional no fueron levantadas ni modificadas. Sin embargo el comercio bilateral supera los mil millones de dólares.
Queda la duda acerca de qué ha ocurrido realmente a partir de 2007, y cuánto influyó el cambio de Gobierno primero, y la muerte de Néstor Kirchner después (octubre de 2010), en esta relación comercial Argentina-Irán. Es aún prematuro concluir en qué circunstancias murió el fiscal y qué hay de cierto en sus acusaciones. De lo que sí hay certeza es que la causa AMIA y las relaciones Argentina-Irán se encuentran estrechamente ligadas y que la opinión pública argentina hoy se siente desconcertada y en medio de una tormenta informativa que justo acaba de comenzar.
Santiago Villar, investigador CIDOB.