Argentina, sin compromiso antiterrorista

Rubén Benedetti (GEES, publicado en el EL IBEROAMERICANO, 26/07/05).

El ocho de julio, cuando los diarios del mundo se ocupaban de los primeros atentados en el transporte público londinense, un artículo en el Wall Street Journal lanzaba una afirmación preocupante: “No hay que contar con la Argentina para combatir al terrorismo”. El artículo firmado por Mary Anastasia O’Grady reflejaba los planteos que en el país ya se habían hecho numerosos observadores, aunque se publicaron sólo en algunos medios independientes.

Fundamentalmente se cuestionaba si la decisión judicial –sustentada por la Corte Suprema- de no considerar a los hechos terroristas como actos de lesa humanidad, equiparándolos a delitos comunes no significa convertir de hecho a la República en un paraíso para terroristas internacionales. La preocupación no está fundada solamente en los fallos sobre extradiciones sino en una serie de circunstancias, que llevaron a la autora a sostener que “La Argentina, en Sudamérica, se parece cada vez más a la Arabia Saudita de antes del 11 de Septiembre”

Estas circunstancias son las que deben analizarse para obtener una visión de conjunto del problema. En primer lugar, es ineludible analizar la orientación del presente gobierno. Néstor Kirchner ha mantenido desde su asunción un discurso de reivindicación de los grupos políticos que actuaron en el país en los años 70 a los que se ha caracterizado repetidamente como “jóvenes idealistas”, “compañeros de utopías” y otros eufemismos que encubren la realidad violenta de aquellos años. Un buen número de los funcionarios del actual gobierno estuvieron de algún modo vinculados a organizaciones armadas, o a la rama política de las mismas. Entre otros, el canciller Bielsa –quien se ha reconocido como “Soldado Montonero”, el embajador en España Carlos Bettini, o el Secretario General de la Presidencia Carlos Kunkel, que fue uno de los ocho diputados de la “Tendencia” renunciados en 1974 al enfrentarse con Perón. En gran medida la política oficial sobre derechos humanos está orientada por el actual Secretario del área, Eduardo Luis Duhalde –que treinta años atrás oficiara de abogado de los detenidos del Ejército Revolucionario del Pueblo – y por las directivas emanadas del Centro de Estudios Legales y Sociales, una entidad dirigida por el periodista Horacio Verbitsky, que fuera integrante de la inteligencia de Montoneros, y que hoy nomina funcionarios para las áreas de seguridad, defensa y justicia.

Mientras se han reactivado los juicios a los militares que participaron en el combate antiterrorista, e incluso se ha sancionado a oficiales en actividad que han mencionado en actos públicos episodios de la guerra contra el terrorismo – como el combate de Manchalá- el propio presidente se proclamó en la ONU “hijo de las Madres de Plaza de Mayo”, una entidad que a través de su presidenta festejó los atentados del 11 de septiembre, y se declaró defensora incondicional de ETA. Entretanto, aunque desde el oficialismo se hace permanente hincapié en el pleno funcionamiento institucional, no puede negarse la intromisión del Ejecutivo en los otros poderes del estado, con hechos preocupantes como la cesión de facultades legislativas por parte del Congreso, o la se remoción o la forzada renuncia de buena parte de la Corte Suprema, en la que 4 de sus 8 miembros han sido designados por el presente gobierno.

Merece observarse lo sucedido con los atentados locales en los que sospecha la participación del terrorismo internacional: ni en el caso del la Embajada de Israel, ni el de la mutual judía Amia hay algún sospecho detenido, a más de una década de ocurridos. Cuando la zona de la triple frontera ha sido un punto crítico para los servicios de inteligencia occidentales, los pasos fronterizos y el espacio aéreo del norte del país permanecen permeables como un colador, y no parece haber ninguna previsión especial en el lugar por parte de las fuerzas de los organismos de inteligencia argentinos. La insoluble crisis de seguridad ciudadana, mientras tanto, no parece mostrar hoy a unas fuerzas policiales ni de seguridad capacitadas para enfrentar el desafío terrorista, siendo que las Fuerzas Armadas han quedado excluidas por ley de toda intervención en seguridad interior.

Los fallos polémicos son los que en los últimos meses beneficiaron a un supuesto miembro de ETA y a un chileno miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), aunque ya en abril de 2004 se había dado un caso testigo cuando Perú solicitó la extradición de Rosa Luz Padilla Baca, ex integrante de la cúpula del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y no sólo se negó la extradición sino que se le habría otorgado el status de asilada política.

Sobre Jesús María Lariz Iriondo (alias “Josu”), considerado el miembro de ETA más destacado afincado en Sudamérica, pesaba una solicitud de extradición por un atentado contra un vehículo de la Policía Nacional, además de varias órdenes de captura por pertenencia a banda armada, robo con intimidación, estragos y depósito de armas. Llegó al país tras su expulsión de Uruguay en 2002. En Buenos Aires fue detenido, ante el pedido de extradición formulado en España por el Juez Baltasar Garzón. En junio de 2004, y en medio de una amplia campaña mediática instrumentada por organizaciones de derechos humanos, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo, el juez Claudio Bonadío rechazó el pedido de extradición, en una sentencia apelada por el Ministerio Público. Al llegar a la Corte Suprema, en mayo de 2005 el pedido fue rechazado definitivamente. Los ministros consideraron por mayoría que los actos de terrorismo no pueden considerarse delitos de lesa humanidad, y por lo tanto resultan prescriptibles, señalando que en el caso de Láriz los delitos por los que se lo reclamaba están prescriptos para la ley argentina. Únicamente el juez Boggiano votó en disidencia, señalando el terrorismo es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional, y que éste tipo de delitos resulta imprescriptible, por entenderse delitos de lesa humanidad. Boggiano fue suspendido en sus funciones por decisión del Senado, al mes siguiente.

Apenas un mes después de conocido éste fallo, el mismo juez Bonadío rechazó un pedido de extradición formulado por la justicia de Chile contra Sergio Apablaza Guerra (alias “Comandante Salvador”), ex líder del FPMR imputado por el homicidio del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio, ambos hechos cometidos en 1991. En este caso el juez argumentó fallas procesales y alegó –insólitamente- que de producirse la extradición a Chile, “no estará asegurado su debido proceso”, cuestionando la vigencia institucional en el país trasandino. Durante su detención un conjunto de legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, había reclamado que se beneficiara a Apablaza con el status de refugiado, aludiendo a su condición de “militante contra la dictadura”, desconociendo que los hechos imputados sucedieron tras la restauración de la democracia.

Conocido el artículo de O’Grady, que tuvo amplia repercusión en los medios de prensa argentinos, y cuando era esperable una contundente refutación de lo publicado por el Wall Street Journal, la respuesta se limitó a un artículo difundido en la prensa con la firma del Canciller Bielsa, calificando al texto de O’Grady como una “ignominia”, apegada al “lógica del imperio”, y atacando a la autora por su vinculación a Think Tanks “neoliberales” y presentando una visión amañada de los tratados internacionales, para justificar los fallos de la justicia kirchnerista. Esta carta significó un retruque del diario neoyorquino a través de un artículo editorial titulado “Bielsa vs. O’Grady”, que irónicamente refiere “no ocurre cada día que uno de nuestros columnistas sea atacado por escrito, y por su nombre, por un alto funcionario de un país importante”, y se mofa de que Bielsa calificara de “neoliberales” a reputadas instituciones conservadoras, como el American Enterprise Institute y el CATO. De paso el diario caracteriza al peronismo como poseedor de “una filosofía distinta, a juzgar por su reciente historia de inobservancia de contratos” y expresa con todas las letras que el gobierno argentino no puede desvincularse de las decisiones judiciales en tanto el Presidente Kirchner ‘influyó en la jurisprudencia al colocar en la Corte Suprema a sus jueces favoritos”

En definitiva, y más allá de la polémica con el WSJ, ¿Es efectivamente Argentina un nuevo “aguantadero” terrorista? ¿Se encamina el país a integrar el Eje del Mal? La respuesta por ahora es negativa, pero es innegable que una sumatoria de circunstancias hace que como bien dice Mary O’Grady, no se pueda contar con el país para combatir al terrorismo. El primer factor es la histórica falta de compromiso de la política exterior argentina, que salvo en contadas ocasiones, ha jugado siempre a un neutralismo cómplice. Lo hizo durante la primera guerra mundial, durante la segunda, y mantuvo su militante “Tercera Posición” durante los años de la guerra fría.

En segundo lugar, aunque en vecindad de lo anterior, pesa la miopía general de la dirigencia argentina, que se niega a reconocer cómo funciona el mundo y parece sumergida en los ideales de la conferencia de Bandung, especialmente la clase política, que vive su realidad virtual, construida de internas, encuestas, y consultores de imagen. Adicionalmente el fuerte antinorteamericanismo que cunde en la sociedad, y la difusión de los mal entendidos “ideales progresistas” ha hecho que muchos sectores interpreten al actual terrorismo internacional como un factor ecualizador de las diferencias entre naciones y un esperado parate para el creciente poderío norteamericano.

En este sentido, el actual gobierno como expresión tanto de esa clase política autista, con su carga de ideologías arcaicas y sobrevolado por el “pensamiento progresista” difícilmente tome una actitud activa en la guerra contra el terror. Con funcionarios que han militado y participado en las “guerras de liberación” de los años setenta, es difícil que se adopte una postura crítica hacia el terrorismo internacional, pero es más difícil aún que hoy en el poder, resignen un ápice del mismo por adoptar alguna posición favorable a Al Qaeda o a nada que se le parezca. El espíritu revolucionario de antaño se limita hoy a simpatías declaradas por el decadente régimen de Fidel Castro, o a adhesiones cuestionables al proyecto populista de Hugo Chávez, de momento más declarativos que efectivos.

La triste verdad es que la Argentina, en esta cuestión como en tantas otras, es como un madero a la deriva, que actúa según lo lleve la corriente..