Aritmética para demagogos

Por Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la UPV (EL PAÍS, 09/07/07):

No hacen falta inmensas dotes de profeta para predecir que el desafío lanzado en Euskadi a propósito de las listas electorales se prolongará en forma de agresión o amenaza cotidianas. Los boicots, intimidaciones e incluso los atentados fingirán legitimarse como respuesta al ultraje gubernamental de haber ilegalizado una coalición o ciertas candidaturas afines. Mejor aún, como la réplica de la verdadera democracia, avalada por un buen número de ciudadanos, frente a nuestra democracia ficticia, que los desprecia.

De modo que sería bueno preguntarse por el papel del número en la política democrática. Entendida ésta como el gobierno de la mayoría, un régimen sometido a los deseos de los más, todo lo que reclame el mayor número merecería sin más la credencial de democrático. Incluso es probable que sea eso lo que suponga el grueso de ciudadanos. Más grave es que lo entiendan así los señores Ibarretxe y Zabaleta, entre muchos de su entorno, para quienes los grupos políticos no se legalizan o ilegalizan por su conformidad con la ley, sino según los votos que obtengan en las urnas. Así lo entiende también el Gobierno Vasco en su Declaración del 9 de mayo, un documento que no traerá gloria inmortal a sus autores. Todos ellos hablan en nombre de partidos democráticos, no faltaba más, pero surten de estímulos y coartadas a los que no lo son.

Cuesta poco probar que tan estimulantes alegatos son fruto de la demagogia, no de la democracia. Pues ni la voluntad de los electores es omnímoda ni ella resulta el único elemento definitorio del régimen democrático, porque tampoco éste se reduce a un mero procedimiento de toma de decisiones. Como sólo fuera eso, la democracia no requeriría ciudadanos, sino simples sujetos de preferencias (igual que clientes en un mercado), y quedaría expuesta a su autodestrucción por simple mayoría. Sobra además cualquier palabra argumental que justifique lo que se solicita, y desaparece el “coto vedado” de derechos en el que está prohibido internarse: para una mayoría con semejante autoconciencia cualquier terreno sería de caza, incluida la caza del oponente.

Otro tanto vale para un número menor. Quienes vienen clamando contra la Ley de Partidos aducen que algo falla en nuestro sistema democrático si tanta gente de Euskadi -una minoría, con todo- queda privada de la que sería su representación política más propia. No se les ocurre preguntar, al revés, qué es lo que falla en tantos ciudadanos vascos para incumplir los requisitos de toda representación democrática. Resulta insensato proclamar que no puede ser injusto lo que tantos desean, en lugar de reconocer que lo injusto no mejora por numerosos (y vociferantes) que sean sus partidarios. Por eso, la virtud de un político demócrata no siempre estriba en acomodarse a la voluntad de la gente, sino en atreverse a contrariarla con razones cuando la ocasión lo requiera. De manera que será duro de admitir, pero una parte importante de la Comunidad Vasca se halla acampada fuera del territorio democrático, a falta de las categorías y disposiciones mínimas para la convivencia civil. ¿Qué ha de cambiar: el concepto y las reglas de la democracia o ese sector de la población de esa Comunidad? Siendo una patología política indudable, ¿nos ponemos a tratar al enfermo o certificamos que goza de una salud (disculpen el chiste) a prueba de bomba?

Algún hombre de leyes prefiere hablar de “liquidación electoral de una minoría”, como si pudiera ensancharse a capricho la idea y el cauce de la representación democrática. Pero el caso es que no todo lo que está presente en una sociedad debe ser políticamente representado. Si algunas realidades (como los gustos culinarios de los ciudadanos) no se representan debido a su irrelevancia política, otras son irrepresentables: tienen una evidente presencia social y relevancia pública, pero no deben tener representación democrática por ser ilegítimas.

La voluntad ciudadana debe hacerse oír en público, claro está, pero no esa que manifiesta un propósito coactivo ni una amenaza criminal de eliminar a sus adversarios. Los portavoces de semejante voluntad pierden inmediatamente su derecho al sufragio pasivo. En democracia no pueden ser elegibles quienes jalean o admiten impertérritos que se atente contra la vida y libertad de otros muchos electores y elegibles.

Por aquí tropezamos con el límite democrático último que acota el poder del número, cuando este número reúne a personas intolerantes. Llamamos así no sólo a quienes proclaman su empeño de obtener un objetivo político por el terror, sino también a sus cómplices. Frente a todos ellos, la intransigencia se convierte en un deber ciudadano. Aquella beatífica fórmula de que entre nosotros hay lugar para “todas las ideas, todos los proyectos y todas las personas” es rechazable por contradictoria: el pluralismo puede acoger todas las creencias o modos de vida, salvo los que suprimen precisamente ese pluralismo. Una tolerancia ilimitada entraña una falsa tolerancia, porque, al consentir lo intolerable, aceptaría lo que acaba con ella misma. Y mal puede invocar tolerancia para sí y los suyos quien la niega a sus adversarios.

Bien mirado, nuestro intolerante comienza por quebrantar la igualdad de partida de los sujetos políticos. Él no se conforma con la misma capacidad de influir en la cosa pública que los demás ciudadanos (mediante su palabra, su voto u otra forma de participación política), sino con una capacidad mucho mayor: la que añade la violencia terrorista que a él le respalda y a los demás paraliza de miedo. Los fanáticos se asignan a sí mismos mayores derechos que al resto. De ahí la gravísima confusión del consejero vasco ¡de Justicia!: la Ley de Partidos no rompe la igualdad ciudadana, como él acusaba, sino que más bien trata de reponer en nuestra sociedad esa igualdad que el recurso al terror hace tiempo ha deshecho.

Pero lo que decimos de los asesinos y sus cómplices inmediatos, ¿por qué no ha de extenderse a los cómplices de los cómplices? ¿Sabría alguien señalar el punto exacto donde se interrumpe la cadena de complicidades? Y si la distancia respecto del asesino no deja ya lugar a la responsabilidad penal, ¿acaso se habrá extinguido también la responsabilidad moral?