La creciente población mundial y el veloz incremento de los niveles de vida de una minoría privilegiada generan un ritmo de consumo de recursos y producción de residuos que exigiría la capacidad de 1,7 planetas como el nuestro y que provoca niveles alarmantes de calentamiento global. Y el océano sufre cada vez más las consecuencias; no sólo la conocida destrucción a gran escala de corales tropicales por el aumento de temperaturas, sino también los riesgos menos visibles de la acidificación de aguas oceánicas y de discrepancias temporales y espaciales en las pautas de productividad, debidas a la adaptabilidad específica de cada especie.
De modo que la Tierra, y sobre todo el océano, se aproximan al punto de inflexión de una degradación irreversible. Hablamos de una tragedia caracterizada por una creciente incapacidad del océano para proveer elementos esenciales a esta generación y a las futuras: alimentos saludables, el ciclo del carbono, regeneración de nutrientes y mitigación del calentamiento global.
Estudios y evaluaciones recientes indican que el mundo todavía está a tiempo para cambiar de rumbo frente a esta amenaza, con la condición de mitigar las presiones principales (incluido el cambio climático) y restaurar los ecosistemas marinos. Pero ahora acecha un nuevo riesgo: la explotación comercial submarina de minerales con alta demanda.
Hoy la industria presenta una narrativa según la cual el mundo necesita minerales submarinos (entre ellos lantánidos, cobalto, manganeso y telurio) para permitir la transición a las energías renovables y la descarbonización de la economía mundial. Pero análisis económicos recientes sugieren que la minería ya existente en tierra firme y una transición hacia una economía circular bastan para cubrir cualquier faltante en el suministro de minerales; e incluso que un exceso de producción (por ejemplo, el que surgiría de la minería submarina) puede generar un derrumbe de precios. Entonces ¿a quién beneficiará la explotación del fondo marino?
La explotación de sustratos ricos en minerales puede afectar áreas submarinas (hoy mayoritariamente vírgenes) situadas a profundidades de entre 2000 y 4000 metros en aguas nacionales, así como el fondo marino internacional, denominado en la terminología legal «la Zona». La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM) estableció que la Zona y sus recursos minerales son «patrimonio común de la humanidad», y creó para su administración la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), un organismo con sede en Jamaica que hoy cuenta con 168 estados miembros.
Desde su creación en 1994, la AIFM firmó 30 contratos de exploración de minerales con 21 entidades, con el patrocinio de 16 estados y un consorcio. Y en años recientes ha crecido la presión de la industria para que se habilite la explotación comercial.
Aunque esta impaciencia tal vez sea comprensible, los depósitos minerales submarinos se encuentran por lo general en ecosistemas muy específicos y delicados. La concentración de depósitos (y por tanto, el interés de las mineras) es mayor en sitios con más antigüedad y estabilidad ecológica, cuyos correspondientes ecosistemas son más especializados y diversificados.
Investigaciones recientes han revolucionado nuestra visión de las profundidades marinas y revelado una extraordinaria diversidad de hábitats en pequeña escala con sus correspondientes formas de vida y estrategias de supervivencia. Pero todavía desconocemos la mayor parte de los secretos de estos ecosistemas, y nuestra comprensión de su complejidad y de sus relaciones funcionales todavía está en la infancia.
Además, experimentos científicos indican que incluso pasados 30 años, los hábitats afectados por la minería submarina comercial no se habrán recuperado y seguirán siendo disfuncionales, lo que supone una pérdida inevitable de biodiversidad de una magnitud desconocida. Por ejemplo, cada operación de explotación de nódulos de manganeso supone remover los diez o veinte centímetros superiores del fondo marino en un área de entre 200 y 800 kilómetros cuadrados por año durante 30 años; esto provocará importantes alteraciones en una superficie de fondo marino al menos tres veces mayor. El dragado no sólo privará de alimento a la fauna local sino que también contaminará y enturbiará un volumen desconocido de las aguas más transparentes del planeta.
El principio de patrimonio común contenido en la CNUDM se estableció con el objetivo de preservar la equidad social para la generación actual y las futuras, por medio de la justicia, la redistribución y la transferencia de conocimiento. Pero para que la minería submarina sea comercialmente viable, los operadores necesitan que la AIFM les otorgue condiciones contractuales favorables a largo plazo; esto incluye un reparto de beneficios muy limitado y restricciones a la regulación medioambiental. El riesgo es que una vez establecido el marco legal, una industria nueva pueda operar con contratos de (al menos) 30 años basados en meros supuestos sobre los efectos ambientales de tecnologías que no han sido probadas.
No sabemos a ciencia cierta qué otros beneficios puede obtener la humanidad del patrimonio submarino compartido. Pero tratar de resolver los problemas que los seres humanos creamos en tierra firme amplificando nuestra huella e ignorando límites planetarios no parece una estrategia viable.
Felizmente, hay sendas de desarrollo alternativas. Hace cinco años, gobiernos de todo el mundo aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (con la consigna «transformar nuestro mundo») y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para guiar a la humanidad hacia un futuro basado en entornos naturales intactos, sociedades prósperas y pacíficas y acciones efectivas para limitar el cambio climático. La pandemia de COVID‑19 es un drástico recordatorio de que estamos interactuando con la biosfera en formas que restan resiliencia a nuestras sociedades. Pero el mundo todavía no consigue revertir la aceleración de la pérdida de biodiversidad y de la degradación de los océanos.
Preservar nuestro patrimonio submarino común implica asumir responsabilidad por el futuro, responder con cautela a cambios en marcha inciertos (por ejemplo los efectos del calentamiento global sobre el océano) y no repetir los errores del pasado. Esta mirada previsora, basada en la filosofía de los bienes comunes, debe ser el eje de las negociaciones actuales sobre el marco legal para la explotación de minerales en la Zona. Antes de lanzarnos a la minería submarina tenemos que estar seguros de poder proteger la biodiversidad de los mares y demostrar que la explotación del fondo marino puede generar un beneficio neto a largo plazo para el desarrollo sostenible.
Sabine Christiansen, a marine biologist, is senior research associate at the Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam, where she heads an interdisciplinary working group on the legal, financial, and environmental governance of deep-seabed mining. Sebastian Unger heads the Ocean Governance Working Group at the Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. Traducción: Esteban Flamini.