Arrimar el hombro al trabajo

Diálogo y talante son palabras mágicas; de ellas parecen derivarse bondades y mercedes sin límite. Pero muchos confunden diálogo con imposición y talante con sonrisa cínica y palabras melifluas. El diálogo social es deseable y tiene muy buena prensa. Pero no puede sustituir al Parlamento en su función legislativa. Eso parecería más propio de regímenes corporativistas, no tan lejanos en el tiempo ni quizás en el deseo de algunos. El Gobierno se ha apuntado un triunfo con el acuerdo con sindicatos y patronal para la reforma laboral. Está por ver si la economía española tiene motivos para tanta alegría. Proliferan las llamadas a la adhesión y convalidación exprés del decreto ley. Prisas que se justifican en la fragilidad de un acuerdo social que no aguantaría un debate público en profundidad del texto. Política de hechos consumados que rezuma inseguridad y quizás mala conciencia. Permítanme que desafíe este deber presuntamente patriótico y exponga brevemente razones políticas y económicas para rechazar la contrarreforma propuesta. El juicio de oportunidad político es sorprendentemente sencillo. En palabras de ‘The Economist’, «se ha perdido la oportunidad de usar los fondos NGEU europeos para grandes reformas». Conscientes de ello, sus defensores limitan su entusiasmo y se escudan en el mal menor. Un argumento que, dicho con el mejor talante, encuentro torticero y profundamente antidemocrático. Porque condena a la oposición a la labor de cancerbero de los excesos que el propio Gobierno quiera cometer. De un Gobierno que ha roto todos los límites constitucionales en su pacto de legislatura con golpistas independentistas y herederos de terroristas. La oposición quedaría así relegada a asumir cualquier despropósito ante la amenaza de que el Gobierno sería capaz de hacerlo aún peor, de pactar con su mayoría de legislatura. Una oposición responsable que salvaría al Gobierno de sí mismo o una oposición radical que nos vende en Europa. En este caso, una oposición que arrima el hombro y hace el mercado de trabajo mas injusto e ineficiente, pero responsablemente.

El argumento económico es también falaz. La reforma mantiene lo sustancial de la introducida por el Partido Popular en 2012 y debe ser apoyada. Aunque algunos se animan y se felicitan porque elimina el ‘derecho laboral de emergencia’ surgido en la anterior crisis financiera. Un argumento falaz porque la razón para apoyar todo cambio legislativo no puede ser lo que mantiene, sino lo que cambia. Y todo lo que cambia es a peor, introduce mas rigideces en las relaciones laborales, aumenta la intermediación sindical y patronal y pretende acabar con la temporalidad encareciéndola y no reduciendo el diferencial de privilegio de los contratos indefinidos. Lo que cambia creará paro, inflación y más dualidad. Lo que queda sería aún más, sería la totalidad, si esta contrarreforma es rechazada y se mantiene la de 2012. Una reforma que explica el mejor comportamiento en esta crisis del empleo, la temporalidad y la desigualdad, como reconocen todos los expertos.

Tres son los principales problemas del mercado de trabajo español cuya resolución debería guiar toda reforma. Primero, una tasa de desempleo estructuralmente elevada, prácticamente el doble de la media europea en cualquier momento del ciclo y que refleja los altos costes de contratación y despido. Segundo, una profunda dualidad del empleo, dualidad que se traduce en una excesiva tasa de temporalidad, que no se justifica en la composición sectorial de la producción, y en una tasa de paro juvenil que supone una peligrosa fractura social. Y tercero, una escasa movilidad geográfica y funcional del trabajador español que permite espectaculares diferencias permanentes de tasas de paro entre provincias. Cierto que esas aduanas internas tienen causas ajenas a la legislación laboral, pero ésta tampoco ayuda y hay quien quiere empeorarla. La reforma de 2012 se ha demostrado correcta en su dirección, pero insuficiente. Como probablemente no podía ser de otra manera dada la urgencia y difíciles circunstancias en las que fue aprobada. Ha mejorado pero no resuelto los conocidos problemas del mercado de trabajo español. Habría que seguir profundizando en ella, (contrato único, mochila austriaca, etc.). Esta contrarreforma hace exactamente lo contrario. Pese a contar con financiación ilimitada y la ‘excusa europea’ como argumento de marketing.

La exclusión de los convenios de empresa en la fijación de salarios creará paro y forzará el cierre de empresas. Porque elimina la capacidad de ajustar salarios a la evolución de la productividad en la empresa, la única medida real de la misma. Condena a las pymes españolas a tener que aplicar las condiciones salariales de las grandes y poderosas, las que tienen capacidad de influencia sectorial. Afirmar que así se evita el ‘dumping salarial’ desvela un profundo desconocimiento del tejido empresarial español. Lo mismo puede decirse de la imposición en la subcontratación de las condiciones laborales del convenio de la empresa de origen. Habrá menos subrogaciones y más sustitución de trabajadores por algoritmos, programas informáticos y máquinas computadoras. Avanzaremos en digitalización, pero con más trabajadores expulsados, todos aquellos cuyo trabajo repetitivo o programable se encarece innecesariamente.

La eliminación de la ultraactividad, un arma de disuasión cuya utilidad reside en su mera existencia pues obliga a negociar al elevar la pérdida potencial de las partes, es inflacionista y recreará situaciones indeseables. Como la vivida en la construcción en el estallido de la burbuja inmobiliaria, que vio cómo el salario real de los escasos trabajadores que conservaron el empleo crecía desmesuradamente al aplicar la cláusula de revisión prevista en el convenio prolongado, arruinando así las posibilidades de supervivencia de muchas empresas.

Los cambios en la regulación de la temporalidad son el mejor ejemplo de trucos contables y errores conceptuales. La eliminación del contrato de obra y servicio y su sustitución por fijos discontinuos es puro maquillaje contable, pues estos trabajadores dejarán de contar como desempleados en sus momentos de paro. Pero a un coste muy alto, pues las indemnizaciones por despido se computarán por los años nominalmente contratados, no por el tiempo efectivamente trabajado. El nuevo contrato de formación está condenado al fracaso, al obligar al empleador a pagar el salario de convenio y en todo caso al menos el salario mínimo, a trabajadores en los que se gasta tiempo y dinero en formar, precisamente para que sean igualmente productivos que los ya empleados. Como se trata de facilitar el acceso al primer empleo, los países con tasas de paro más bajas de Europa tienen regulados los llamados ‘minijobs’, justo lo contrario de lo que hace esta reforma de supuestos mínimos.

En definitiva, no hay razón alguna para apoyar esta contrarreforma que empeora claramente el marco vigente y a la que el acuerdo de los agentes sociales no convierte en deseable. Un acuerdo que responde solo a sus legítimos intereses institucionales. La Comisión Europea necesita que su Fondo de Recuperación y Resiliencia sea un éxito y quizás ello explique la benevolencia con la que parece haber recibido esta reforma. Pero el mercado de trabajo español no se puede permitir este error. No se puede arrimar el hombro al paro.

Fernando Fernández Méndez de Andes es profesor de IE University.

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