Asaltantes de la Democracia

Sin necesidad de traer a cuento aquella greguería ramoniana que alude a los apellidos que se convierten en vocación y destino, permítasenos recordar que en el Congreso español ocupa escaño por ERC un diputado que responde al nombre de Gabriel Rufián. El lector lo habrá visto aupado a la tribuna, fustigando, improperio en mano, a todo grupo político no concordante con el suyo, respaldado –dígase de paso– por un porcentaje del 2,6 de los votos emitidos. Odio, ira, resentimiento, ignorancia y audacia: he ahí el barro de modelar. Con esos ingredientes es fácil alcanzar el grado de jefe de cheka, pero la política es otra cosa. «Con sangre solo se hacen morcillas», tuvo que recordar en cierta ocasión don Pío Baroja a un defensor de la guillotina como argumento de convicción. Aceptemos con buen humor cualquier alusión gastronómica a la morcilla, esa «gran señora / digna de veneración», que Baltasar del Alcázar elogia en sus famosos y jocosos versos. Pero con la sangre no admitamos bromas. Ni mucho menos bravuconadas de cualquier individuo dispuesto a utilizar el acta de diputado para blindar de impunidad sus intimidaciones chulescas y sus infamias.

Los pocos años y los vientos favorables suelen explicar ciertas conductas, por inconcebibles o patológicas que parezcan. A cualquier persona que haya tenido la fortuna de nacer y crecer en una democracia no se le pueden pedir comportamientos comparables a los que serían exigibles a quien conoció de cerca el impacto de una dictadura. El diputado Rufián es un español de 1982, esto es, nacido cuando Franco llevaba siete años sepultado en Cuelgamuros y el ciclo de la Transición afianzaba su patriótica tarea –modélica y hasta heroica– con la inauguración del tramo que mantendría en el poder al PSOE durante catorce años consecutivos.

Todo el recorrido biográfico del colérico diputado se inscribe en las coordenadas sociales y políticas de un país moderno, democrático, socialmente avanzado y dotado de una de las constituciones más progresistas de Europa. Un país, para entendernos, en el que el hoy parlamentario Rufián se puso de pantalón largo, cursó estudios hasta donde le apeteció (uno no es responsable de sus aptitudes, pero sí de sus holganzas) y se permitió un lujo solo al alcance de ciertos individuos de su generación: insultar, ofender, difamar y condenar a la hoguera política (o al depurador cadalso, valga el recurso retórico) a cualquiera que tenga la osadía de declararse monárquico, constitucionalista, demócrata y partidario de las certezas constatadas, ya sean las leyes de la gravitación universal, ya el principio de Arquímedes, ya los hechos probados. En su particular caso, todo ello con exención de cualquier responsabilidad, porque una de las ventajas del fuero parlamentario que ampara a nuestros diputados y senadores es que les habilita para toda suerte de brutalidades verbales, se ajusten o no a los términos que imponen la decencia, la honorabilidad y la verdad.

Despotricar contra la monarquía parlamentaria y quienes la encarnan, barbarizar acerca del proceso que restauró la democracia en España y restañó las heridas de la dictadura franquista, agraviar la memoria de Adolfo Suárez, difamar a Felipe González, alinearse con el terrorismo residual o ultrajar la trayectoria de un partido, el PSOE, al cual, con sus aciertos y errores, los españoles deben impagables ejemplos de civilidad y sentido de Estado, solo puede explicarse porque el despotrique sea efecto de una insondable ignorancia sobre la exactitud histórica de acontecimientos y personas, bien porque obedezca a un premeditado plan para el desmantelamiento de cuantas instituciones sirven de basamento al régimen de libertades públicas que conforma nuestra convivencia.

El vocinglero diputado de ERC no hace regla parlamentaria, pero tampoco es excepción. No constituye una mera singularidad antropológica más o menos pintoresca ni un peculiar paradigma de las secuelas del resentimiento inoculado en la ignorancia. Como algunos otros asalariados en las nóminas del Congreso y del Senado, la bilis que destila y de la que hace exhibición impúdica es síntoma de una rabia con efectos transversales: va dirigida contra todo y contra todos, no aspira a construir sino a demoler, no distingue lo útil de lo inútil ni lo esencial de lo accidental. Ni siquiera es capaz de discernir entre la argumentación objetiva y la «argumentación doctrinaria», que decía Antonio Gramsci (¿otro vendido a la socialdemocracia?), porque para esta gente la política no se entiende sino como mero fanatismo; es decir, como la certidumbre de un dogma infalible y salvífico.

Algunos grupos políticos con presencia en las instituciones –desde el Parlamento a los ayuntamientos– promueven, cuando no alientan, toda una estrategia encaminada a desestabilizar el sistema democrático emanado de la Constitución de 1978. Un objetivo inseparable –los hechos están a la vista– de la intimidación física, el escrache y cualquiera de las modernas variedades de la vieja kale borroka. Y nadie se llame a engaño: la estrategia va a ir a más.

Es probable que el Gobierno que preside Rajoy se deje arrastrar por esa reacción, pusilánime y espantadiza, que consiste en conjurar cualquier tentación de firmeza apelando al argumento de que la Democracia no precisa defensa ni amparo, tal es la virtualidad de sus ideales. Estará en su derecho, pero no podrá ignorar que está transfiriendo la mismísima legitimidad democrática a manos de quienes aspiran a pulverizarla. Dicho de otro modo: estará propiciando que un golpismo de facto se apodere de la voluntad ciudada, esta vez sin astracanada de tricornios.

En la actual coyuntura, podría traerse a la memoria la famosa advertencia hecha por Churchill a Chamberlain, cuando este regresó de entregar Checoslovaquia a la codicia expansionista de los nazis. No haremos tal: no es momento para exageraciones ni ocasión para demagogias pasadas de frenada. Nadie se atreverá a discutir que la actual configuración constitucional del Estado pide a gritos revisiones y regeneraciones severas, porque el país de hoy es muy distinto al de hace cuarenta años. Acometámoslas sin tardar y así nos ahorraremos sustos y disgustos. Todos los demócratas estamos obligados a impedir la eventualidad de que los totalitarios y los intransigentes conviertan nuestro sistema de libertades en algo parecido al payaso de los bofetadas.

Juan Soto, periodista y escritor.

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