El acoso a los diputados ha sido una constante en la Historia. Ya fuera como filibusterismo, entendido como una manera de impedir el funcionamiento de las instituciones saboteando las sesiones, o para dar un golpe de Estado. En las Cortes de Cádiz las tribunas se llenaban de auténticos profesionales del grito, el ruido y el insulto, bien financiados por los diputados que querían arruinar un discurso o amedrentar al adversario. En cuanto se empezó a controlar la asistencia a las sesiones parlamentarias, los tumultos quedaron para los alrededores del Parlamento.
En numerosas ocasiones la sede de la soberanía nacional fue cercada por hombres armados, e incluso asaltada. En julio de 1856, el general Serrano dirigió las fuerzas militares que sacaron a los diputados progresistas amurallados en el recién construido Congreso de los Diputados, y que se habían amotinado para impedir el cambio legal de gobierno.
El 23 de abril de 1873 fue peor: la milicia nacional rodeó la Asamblea Nacional para asesinar a los diputados radicales que habían secundado un intento de golpe de Estado. De distinto tono fue el asalto a las Cortes en la madrugada del 3 de enero de 1874, cuando las tropas de un republicano radical, el general Pavía, entraron en el hemiciclo para impedir la elección de un gobierno cantonal. Un golpista, por cierto, que no entró a caballo, como dice la leyenda.
Durante las primeras décadas de la Restauración se respetó más el Congreso. No fue hasta comienzos del XX, con el nuevo republicanismo, cuando comenzó a hacerse política callejera. La movilización y la visibilidad del conflicto eran necesarias; especialmente para un discurso que sostenía que las instituciones eran ilegítimas, contrarias al pueblo, y que no respondían a la mayoría social, sino a la oligarquía monárquica del momento. El populismo republicano y el regeneracionismo animaron a la nueva generación a montar manifestaciones a las puertas del Congreso para apoyar las iniciativas parlamentarias de los suyos, o asustar a los adversarios.
En abril del violento año de 1909, unos meses antes de la Semana Trágica, los republicanos y las izquierdas planearon una manifestación sobre el Congreso. El tema debatido en la Cámara era un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato de construcción de la escuadra. El artículo 168 del Código Penal definía como delito el inspirar, promover, dirigir o presidir reuniones en los alrededores de las Cortes cuando hubiera sesión.
El periódico El País, portavoz del populista Lerroux, convocó a los suyos a una reunión contra todas las medidas señeras del gobierno diciendo: "La política en la calle, en el campo, en la vida activa y apasionada es un sport muy sano, que adiestra a las muchedumbres en toda clase de empresas (…) contra la política del gobierno, por su tendencia reaccionaria y por los beneficios que injustamente dispensa a la plutocracia (…) con daño a los intereses generales del país".
El 21 de abril de 1909 los manifestantes republicanos cercaron el Congreso, y la guardia tuvo que cargar con los sables envainados. Al día siguiente, el Gobierno ordenó enarenar la Carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol y la calle del Arenal, y colocó fuerzas desde las primeras horas de la tarde. Detuvieron a ochenta personas, convirtiendo los alrededores del Congreso -escribía entonces el diario ABC- “en un campamento”. Canalejas protestó por el despliegue, y el ministro le recordó el Código Penal. Ahí acabó todo, al punto de que Azorín, cronista parlamentario por aquellos días, dijo que aquel griterío y alarma le hacía una semana después “el efecto de un sueño”.
Casi cien años después no ha variado mucho la mecánica. En el invierno del curso 1986-1987, los manifestantes estudiantiles contra la Ley de educación del gobierno socialista, cercaron el Congreso convocados por organizaciones de izquierdas. Eran los tiempos del “cojo Manteca”. La violencia y la represión fueron muy duras. En noviembre del 2000, una asociación contra la deuda externa quiso colgar una pancarta de las columnas del edificio, lo que se saldó con 25 heridos y siete detenidos. Dos años después era una asociación feminista la que se manifestaba para condicionar a los diputados en el debate sobre la Ley integral contra la violencia de género.
La vieja idea populista, expresada por Lerroux, de hacer política en las calles para adiestrar a las muchedumbres contra las instituciones, se ha hecho luego contra los gobiernos del PP. La táctica de movilización callejera por la que optó Zapatero entre 2001 y 2004 para hacer oposición a los populares y granjearse a las izquierdas desembocó en la manifestación frente a la sede del PP, en la calle Génova, el 13 de marzo, el día de reflexión. El populismo se estaba gestando entonces. El propio Pablo Iglesias ha confesado que en su Facultad crearon aquel mensaje que decía: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13-M, a las 18h. Sede PP, c/Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!”.
Tras el 15-M de 2011 la izquierda quedó desbordada por unos movimientos sociales que recogió más adelante el populismo. De esta manera, tuvo lugar otro episodio el 25 de septiembre de 2012, cuando la plataforma Rodea el Congreso, muy cercana a lo que hoy es Podemos, llamó a manifestarse frente al hemiciclo. Aquello se saldó con 64 heridos y 35 detenidos. Fue entonces cuando se escuchó a Pablo Iglesias decir en su programa La Tuerka que se emocionaba por ver la violencia contra un agente de los antidisturbios.
Siguiendo esta mecánica, la Coordinadora 25-S ha convocado una manifestación de Neptuno a Sol, pasando por el Congreso de los Diputados, contra la investidura de Rajoy, con el lema “Ante el Golpe de la mafia, democracia”. La inspiración de este movimiento en el discurso de Podemos es más que evidente. Incluso Alberto Garzón “advirtió” al Rey de que conocía que se avecinaban “grandes manifestaciones”, en una exclusiva que luego no supo explicar a los periodistas.
El populismo socialista, como el viejo de los republicanos regeneracionistas, hace política en la calle para presentar una falsa legitimidad popular, la de la “mayoría social”, frente a la legitimidad que da la ley y la mayoría política. Y todo envuelto en un discurso violento, agresivo, de un odio calculado que llama a las emociones más bajas y más rentables en política. La democracia, como diría Ortega, no es esto.
Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.