Por José Francisco Domínguez, abogado experto en extranjería y asilo Asociación "Hombre y Tierra" (FRIDE, NOV/05):
Los acontecimientos producidos en las últimas semanas en las fronteras valladas de Ceuta y Melilla, que han sido portada en todos los medios de comunicación, no permiten centrar nuestra atención sólo en lo que ocurre “al otro lado de la valla”. Aunque podemos deplorar y condenar la conducta del gobierno marroquí, el gobierno español no puede sentirse satisfecho con las propias prácticas de incumplimiento reiterado y flagrante de nuestro ordenamiento jurídico. Sobre todo porque esas prácticas incluyen la vulneración de los derechos humanos.
Algunas manifestaciones realizadas por miembros del gobierno español merecen ser matizadas, porque no guardan el debido equilibrio entre el legítimo control de las fronteras y la exigencia de respetar los derechos de quienes pretenden franquearlas. La entrada en nuestro territorio sin documentación puede ser un acto desesperado por escapar de la miseria, del hambre o de la muerte, pero no puede afirmarse, de forma categórica, que traspasar la frontera sin documentación es un acto ilegal y por tanto sancionable.
Tal como dispone nuestro ordenamiento jurídico, la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por personas que reúnan los requisitos propios de la condición de asilado, siempre que estas personas se presenten sin demora a la autoridades2. Pero el gobierno español ha llevado a cabo de forma generalizada, la devolución de los inmigrantes que “saltaron la valla”. He aquí la primera vulneración
gravísima de nuestro ordenamiento.
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