Asalto final a la Justicia

Por José Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (EL MUNDO, 24/10/05):

Hace un año algún alto cargo del Ministerio de Justicia decía que sus reformas judiciales eran iniciativas de «ingeniería judicial».En un argot que sólo los iniciados captan, primero aprobó la ley de los 3/5 y ahora viene la ley de los consejos autonómicos y de los jueces de proximidad. Complejidades aparte, este nuevo envite puede resumirse en el título de este artículo, con el que no se corre el riesgo de ser simplista, aunque uno asume que se le diga que su denuncia adolece de la candidez propia de quien se cae del guindo.

Y es que, detrás de una retórica cansina -progresismo, Justicia más eficaz, más ágil, etcétera- y detrás de apelaciones al acomodo de la Justicia a las autonomías, descentralización, modelo territorial, etcétera, no hay sino la ambición del poder político por controlar la Justicia, todo bajo la coartada de un debate sobre el modelo territorial del Estado. El Poder Judicial como Poder del Estado probablemente tenga los días contados; es el asalto final a la Justicia. Estamos ante un desmarque del pacto constitucional y de la doctrina del Tribunal Constitucional, que tiene dicho que el Poder Judicial no es regionalizable.

Eso es lo que se cuece, primero, con la reforma del Estatuto catalán y, segundo, con la ley percha que el Gobierno va a aprobar para que ese nuevo Estatuto tenga anclaje en la legislación estatal sobre la Justicia.

En apariencia el proyecto gubernamental aparece comedido y hasta recatado, pues sólo prevé que en cada comunidad autónoma se formará un Consejo Judicial. Se trataría de órganos estatales y dependientes del Consejo General del Poder Judicial, formados por jueces y también por juristas, elegidos éstos por las comunidades autónomas.Esto, con ser innecesario y generar ineficacia -lo cual ya es de por sí grave-, tiene gato encerrado. Por lo pronto, no hay lógica entre ese proyecto, en principio tan tímido e inocente, y el proyecto de Estatuto catalán, abiertamente inconstitucional y que es al que se quiere dar encaje con esta reforma de la ley estatal sobre organización judicial.

Como digo, hay trampa, pero ¿dónde está? Desde luego, no es descartable que en el trámite parlamentario haya sorpresas. Recuérdese que el actual modelo de Consejo General del Poder Judicial, enteramente elegido por los partidos políticos y verdadero golpe de mano a la Justicia constitucional, fue fruto de una enmienda introducida en el Parlamento: la enmienda Bandrés. Se seguiría así la vieja táctica de presentar en sociedad un anteproyecto moderado para luego alterarlo sustancialmente en sede parlamentaria.

Pero, al margen de esas tácticas, como digo, ya el texto lleva trampa. Aparte de que esos futuros consejos reproduzcan el actual modelo de Consejo General del Poder Judicial -lo que es todo un indicio-, se les atribuye de manera inconcreta una extraña competencia: las que prevean los Estatutos de Autonomía a favor de las comunidades autónomas en materia de Justicia. Para entender tal regate, esta extraña previsión debe enlazarse con el Consejo de Justicia que crea el proyecto Maragall. Se basa éste en las teorías de quienes entienden que la Constitución admite relecturas, es decir, la vía apócrifa para una reforma constitucional, que permitiría no tocar la Constitución pero sí que sean los Estatutos los que modifiquen la legislación estatal y le hagan decir cosas que el Tribunal Constitucional rechaza.

Tras estas estrategias están los alfareros del poder, los que modelan a su antojo el barro constitucional. Por eso cuando Zapatero dice que no admitirá del nuevo Estatuto nada que no sea constitucional, en el fondo no dice gran cosa: constitucionalistas tiene el poder que obrarán maravillas interpretativas y, sobre todo, basta contar los votos en el Constitucional para saber qué es y qué no es constitucional. Se entiende así que en el debate sobre el nuevo Estatuto el consejero de Justicia defendiese su plena constitucionalidad.Lo que se oculta es que se considera constitucional no porque lo sea objetivamente, sino porque desde su lógica ¡es el Estatuto quien modela la Constitución!.

Parafraseando a Amstrong al tiempo de pisar la Luna, estamos ante un primer paso -no pequeño precisamente-, pero un gran paso para adentrarse en el Poder Judicial, territorio prohibido -hasta ahora- a las autonomías.

Al margen de esa extraña competencia, el mal está en crear esos consejos. Si se les da una percha, será cuestión de tiempo que empiecen a colgar lo que quieran. Pero lo malo es colocar la percha. Formarán sucedáneos del Consejo General del Poder Judicial desde los que nombrarán cada cúpula judicial, seleccionarán a sus jueces, les inspeccionarán y sancionarán, lo que llevará -previa exigencia del idioma autonómico- a judicaturas compartimentadas por autonomías. No hago política judicial-ficción. Que la Consejería de Justicia haya denunciado a una juez por pedir una versión en castellano de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia no es ciencia-ficción: es realidad; que las autonomías lleven años presionando para que cada una convoque sus oposiciones a juez, tampoco.

En esta lógica se entiende, por ejemplo, que se vaya a crear la «Justicia de proximidad» sobre la base de juzgados municipalizados al frente de los cuales habrá licenciados contratados por seis años -se les llamarán, eso sí, «jueces»-, propuestos por los ayuntamientos y dependientes de una organización enteramente sustentada por las comunidades autónomas. Tampoco es accidental que los tribunales superiores de Justicia se vayan a erigir en futuros tribunales supremos y que en la reforma de la «oficina judicial» el Gobierno de los tribunales pasará de los jueces a funcionarios dependientes del ejecutivo estatal o autonómico.Con todo esto, la creación de estos consejos de Justicia autonómicos es la consecuencia lógica.

Llevamos años hablando a tontas y locas de la Justicia no como poder sino como servicio público y ahí está el fruto: va de cabeza a convertirse en un servicio público transferible más, como el docente, el sanitario o el geriátrico; vamos de cabeza, bajo el cascarón de un poder estatal, a la aparición real de poderes judiciales regionales, con lo que en el siglo XXI volveremos al caciquismo decimonónico, a la Justicia controlada por los intereses locales.

Los síntomas son alarmantemente coincidentes: bajo el discurso nacionalista o con el pretexto del modelo territorial del Estado, lo que late es el deseo del poder político territorial de tener sus jueces y a esta operación no le es ajeno el «mundo de 3%» o del Carmelo.

El pesebrismo político llama a un régimen de financiación que tenga en su mano todos los controles, primero los fiscales o administrativos, después, como colofón, una Justicia que no dé sustos. Disquisiciones al margen sobre el concepto de nación y mientras Zapatero dice haber encontrado hasta ocho fórmulas de contentar a los nacionalistas -¿aún más?-, lo relevante son esas dos pinzas: financiación y Justicia. Ambas se complementan en el horizonte de un poder regional en ciernes que exige y reclama ser ejercido sin especiales controles.

Podrá decirse que por qué tanta alarma si al fin y al cabo esos consejos se basan en el modelo actual de Consejo General de Poder Judicial elegido por el Parlamento. Cierto, pero lo suicida es que cuando ese modelo no deja de cuestionarse no es que se consolide, es que se multiplica por 17. Y desazona aún más que lo polémico de ese proyecto de Estatuto no se advierta en cuanto a la Justicia que se cuece y a la que da cobertura la ley del Gobierno.

Todo parece indicar que esos temas -nación, financiación- son los que generarán conflicto en el Congreso de los Diputados, buena cortina de humo para que la nueva Justicia pase inadvertida.