Asedio al Tribunal Constitucional

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB  (LA VANGUARDIA, 08/03/07):

Los intentos de desgastar al Tribunal Constitucional siguen.

La insensata ofensiva para desprestigiarlo no cesa. A los ojos del ciudadano medio, nunca tan alta instancia jurisdiccional había alcanzado tal apariencia de parcialidad y de falta de independencia. Sin embargo, la responsabilidad de este hecho no es de los miembros del tribunal sino de los periodistas y políticos que, consciente o inconscientemente, intentan deslegitimarlo. Por una vez, los mensajeros son los culpables.

Empecemos por los medios de comunicación. El calificativo de conservador o progresista para clasificar a los magistrados (un simple guiño para no decir claramente que están alineados con el PP o con el PSOE) ya es de uso común en las noticias de los periódicos y en los programas informativos de radio y televisión.

Quizás no habría inconveniente en emplear tales calificativos en comentarios que expresasen opiniones particulares.

Pero en nuestro caso tales expresiones no aparecen en los medios como opiniones, es decir, como juicios subjetivos que deben ser bien argumentados para resultar convincentes pero que no tienen por qué ser veraces ya que son una apreciación personal. Lo grave es que tal asignación de los magistrados a uno u otro bando del espectro político se utiliza como noticia, es decir, como información objetiva de un hecho, del cual se deduce, además, la posición que cada magistrado adoptará en la resolución del caso.

Todo ello implica algo muy grave y ofensivo para estos magistrados ya que implica que el criterio que adoptan no es consecuencia de su razonamiento jurídico sino de su ideología política y de su adscripción partidista, algo totalmente contrario a las obligaciones que les impone el cargo. De acuerdo con esta manera de dar la noticia, se configura al Tribunal Constitucional como un órgano político y no como un órgano jurisdiccional y, en definitiva, se causa un grave perjuicio al Estado de derecho y se desacredita a una institución que es una pieza clave de la democracia constitucional.

Algunos políticos, por su parte, no van a la zaga de esta sectaria manera de hacer periodismo sino todo lo contrario: precisamente sus actuaciones dan pábulo a este modo de informar. La justificación del recurso de súplica contra la recusación de Pérez Tremps – a mi modo de ver una recusación jurídicamente equivocada- ha sido descaradamente partidista: se necesitaba mantenerlo para tener mayoría. Así de claro.

Pero la ofensiva política mediante argucias procesales sigue: la recusación del magistrado Rodríguez-Zapata por parte del Govern de la Generalitat tiene dos vicios perceptibles a primera vista. Por un lado es extemporánea, es decir, no se ha interpuesto en el momento procesal legalmente adecuado. Por otro lado carece de fundamento ya que la causa alegada – una ponencia del magistrado sobre la Carta Europea de la Autonomía Local- nada tiene que ver – o sólo muy lejanamente- con el Estatut de Catalunya. Al parecer, se trata simplemente de un intento de retrasar la sentencia.

Esta intención exclusivamente política la puso de manifiesto el mismo Govern de la Generalitat al dilatar al máximo la interposición de la recusación con el argumento de que si el tribunal estimaba el recurso de súplica frente al auto sobre Pérez Tremps ya no recusaría a Rodríguez-Zapata al considerar que se había restablecido el equilibrio – el supuesto equilibrio, naturalmente- en el tribunal. En definitiva, un caso claro de utilización del derecho como simple instrumento para obtener fines políticos. Todo, pues, políticamente muy cutre y técnicamente muy desacertado.

El último episodio lo ha constituido la inesperada enmienda a la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que se tramita en el Congreso. El contenido de la enmienda es totalmente razonable: se trata de hacer obligatoria la prórroga del mandato del presidente del tribunal en el caso de que no coincida exactamente con su cese como magistrado, una prorrogatio de sentido común jurídico que ya se venía practicando.

La actual presidenta M. ª Emilia Casas acaba su mandato como presidenta en junio y como magistrada en diciembre: por tanto, le será de aplicación tal precepto si en su momento la ley ha entrado en vigor. Lo cual hace sospechar que tal enmienda tiene como objetivo evitar que los actuales magistrados, rompiendo con su costumbre, puedan forzar en junio el cese de la presidenta Casas, con el consiguiente acceso del actual vicepresidente – del llamado bloque conservador- al cargo de presidente, el cual, mediante el voto de calidad, pueda dirimir en caso de empate el sentido del recurso contra el Estatut de Catalunya. Una vez más, los políticos desconfían del actual tribunal y lo politizan desde el exterior con la pretensión de influir en el resultado de una sentencia.

No sé cuál debe de ser el estado de ánimo de Pablo Pérez Tremps, de Jorge Rodríguez-Zapata o de M. ª Emilia Casas al ver el empeño del actual Govern de la Generalitat, o del mismo PSOE que se adhiere a la citada enmienda, en asegurar su presencia o su ausencia, como magistrados y como presidenta. Yo en su lugar estaría profundamente dolido y ofendido ya que parecen prejuzgar que mi voto está cautivo y mi posición preconcebida. El sectarismo y la escasa inteligencia política no sólo erosiona al tribunal como institución, sino que afecta también al honor mismo de estos tres muy honorables juristas y, por extensión, al resto de los magistrados que lo componen.