Asegurarse la impunidad del rebaño

El escritor Stefan Zweig, errante apátrida tras desmembrarse el imperio austrohúngaro, describió como nadie, en medio de la devastación, que no había posesión más deseable que el sentimiento de seguridad. Reparó en ello al observar cómo fenecía aquel «mundo de ayer» arrastrando con él a aquel ideal común de vida. Es difícil no tener esa percepción al comprobar como el bifronte Gobierno socialcomunista que copresiden Sánchez e Iglesias instrumentaliza la lucha contra el Covid-19 para acelerar sus planes liberticidas y depauperar la economía de un país cuyas fuentes de riqueza ciegan como quien siembra los campos de sal.

En estos meses de pandemia, todo lo que tocan lo pudren. Ya sea la industria del automóvil, facilitando planes de deslocalización en un país sin empresas matrices; el turismo, torpedeando la llegada de los pocos visitantes predispuestos a arribar; el comercio, bloqueando la rebajas que eviten el cierre; o la agricultura, alentando campañas denigratorias como si fuera una extensión esclavista de la época de Kunta Kinte. En días tan aciagos, se convendrá con Shakespeare que «un cielo tan cargado no se despeja sin tormenta».

En esta primavera del descontento, sin aguardar al invierno de los versos shakesperianos, dicen amar tanto a los pobres que no quieren que dejen de serlo nunca, al tiempo que los multiplican depauperando a las clases medias bajo la mohatra de castigar fiscalmente a las grandes fortunas que, votando con los pies, marcharán a países más benignos tributariamente, aunque los gobierne la izquierda como en Portugal. Allí aprendieron la lección que el primer ministro sueco Olof Palme impartió a Mario Soares. Tras llamarle después de ganar las elecciones, le anunció que acabaría con los ricos. Palme respondió que a ellos les iba mejor terminar con la pobreza.

En semanas, las caras anchas, abiertas y sonrientes se han apretado y endurecido como reflejo de la encrucijada de un país al que se empuja a la hondura de una profunda recesión económica y al que agrieta la emergencia social que propician esos demagogos que, como describe Aristófanes, precisan de tiempos turbulentos. Al modo de los pescadores de anguilas que, en aguas quietas, no atrapan nada; pero que, si remueven el cieno, obtienen su buena pesca. Fijándose en uno de ellos, el comediógrafo griego le espeta: «Posees todos los atributos de un demagogo: una voz horrible y chillona, una naturaleza intratable y perversa, y un lenguaje de mercado. En ti confluye todo lo necesario para gobernar».

Al cabo de 60 días de atribuirse poderes extraordinarios a través de un estado de alarma con tintes de estado de excepción, pero sin sus exigencias de supervisión y de duración máxima de dos meses, el Ejecutivo auspicia extenderlos un mes hasta desbordar los 100 días de menoscabo de los derechos fundamentales de unos ciudadanos en un arresto domiciliario sin parangón en ningún país democrático. Sánchez pretende entronizarse dominus ab legibus solutus, esto es, promulgador de leyes, pero sin sujeción a ellas.

Así, supedita la salud de los españoles a la retención de esos poderes. Como ilustra el hecho de que el confinamiento se flexibilice, no por criterios sanitarios, sino por conveniencias y necesidades parlamentarias. Hasta el grado insólito de disponerse a ceder ante ERC para permitir en Cataluña protestas siendo la comunidad con mayor número de fallecidos estos días. Raciona, pues, los derechos en proporción directa a los escaños que precisa para sostenerse en La Moncloa.

Cuando habló de una «desescalada gradual y asimétrica», ya translució que operaría la ley del embudo hasta el estrambote de regalar al País Vasco el pase a otra fase que no ha podido aplicar en la práctica porque las circunstancias lo desaconsejaban, pero que Sánchez le otorgó consciente de que su suerte depende de la espada de Damocles del PNV. Político «infundibuliforme», en forma de embudo, llama Azorín al personaje que escarnece en su opúsculo El chirrión de los políticos.

Entre tanto, a la Comunidad de Madrid, a la que el Gobierno quiere poner sitio y empobrecer, como el secesionismo ha hecho con la Barcelona que antaño fue locomotora de España, se la condena a cadena perpetua. Ello tras forzar en su día la adopción de medias frente al negacionismo gubernamental sobre el avance del Covid-19 al anunciar el cierre de colegios y de residencias de día para mayores. Todo por el artículo 42, no de la Constitución, sino de aquel que refiere el capítulo final de la obra por excelencia de Lewis Carroll. Es el episodio en el que Alicia asiste en aquel País de las Maravillas al juicio por el robo de unas tartas y se topa con que el rey-juez ordena, en virtud del referido artículo, que toda persona que mida más de un kilómetro abandone la sala.

Al ver cómo suscita la mirada unánime de los presentes, les aclara que no es su caso, pero su alegación, como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ante el desafuero de la tropa del filósofo Illa, rebotó contra la terquedad real. «Sí lo mides», le dijo el soberano. Lejos de amilanarse, Alicia se plantó contra ese abuso de autoridad. «Bueno, pues, no pienso moverme de aquí, de todos modos… Y además usted se lo acaba de inventar».

Impertérrito, el soberano de la baraja le replicó cortante cual naipe nuevo: «Es el artículo más viejo del libro». No le faltaba razón. Sin que figure en parte alguna, ese despótico principio, por no tener explicación racional, al contrario de lo que argüía la niña, «nos evita muchas complicaciones porque no tenemos que buscárselas». Era la lógica carpetovetónica de la augusta majestad del País de las Maravillas que reedita Sánchez con el armiño de sus poderes especiales.

Haciendo rancho aparte con sus socios, quien decía que no había plan B va camino de cosechar tantos como letras tiene el abecedario. Todos ellos con el certificado médico de ese especialista en mentiras y docto en falsedades que es Fernando Simón. En verdad, Simón El Embustero, quien un día afirma con cara de mosquita muerta, pero venenoso aguijón, lo que niega al siguiente. Así lleva meses desde que dijo que esta gripe pasaría de largo y que, con su recurrente muletilla sobre «la falsa sensación», confunde a unos ciudadanos que ignoran, a estas alturas, sobre qué atenerse incluso con una prenda básica como las mascarillas.

Erigido en comisario político, evoca un pasaje de El maestro Juan Martínez que estaba allí, la obra de Chaves Nogales sobre la peripecia de este bailarín flamenco al que sorprende la revolución rusa de gira por el país. «Entre ellos mismos –relata– no se entendían; lo que prohibían en un sitio lo autorizaban en otro. (…) Al principio, procurábamos amoldarnos y obedecer (…), pero empezamos pronto darnos cuenta de que lo más prudente era decir que sí a todo (…) y que cada cual se bandease como pudiera».

De esta guisa, no se logrará la «inmunidad de rebaño» contra el coronavirus, de la que hablan los epidemiólogos, pero sí la impunidad sobre los ciudadanos tornados en gregario rebaño, como alertan prestigiosos juristas al pervertirse el Estado de derecho en una «dictadura constitucional», en palabras del magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, y que la ex Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha corroborado en parecidos términos, al igual que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o evidencia un auto reciente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Observando este correlato, se pueden establecer ciertas analogías entre el devenir de España y lo que el historiador Timothy Snyder, catedrático de Yale, establece en su libro Sobre la tiranía, en el que avisa que renunciar a los hechos del modo que se hace hoy es hacerlo a la libertad, pues «si nada es verdad, todo es espectáculo». Establece que la verdad muere de cuatro maneras reconocibles por estos pagos: la primera, por la hostilidad declarada a una realidad perfectamente verificable, como se constata en boca de los portavoces del Gobierno; la segunda, por el encantamiento con los chamanes que se dedican a prometer el cielo llevando al infierno; la tercera, por la aceptación descarada de las contradicciones que se presentan como muestras de coherencia; y la última, por encomendarse a quienes se erigen en apoderados directos de la voluntad del pueblo.

Lo más estupefaciente, según Snyder, es que la mayor parte del poder del autoritarismo le es otorgado espontáneamente por ciudadanos que, al doblegarse, les permite avanzar raudamente hacia un cambio de régimen al caer una tras otra las instituciones a menos que cada una de ellas se defienda. Al presuponerse que quienes acceden al poder democráticamente, van a respetas las instituciones, ese conformar de la gente allana la demolición del orden constitucional. Cuando el ciudadano renuncia a diferenciar entre lo que se quiere oír y lo que realmente oye –concluye Snyper–, acaba sometido a la tiranía.

En un proceso kafkiano que extiende al conjunto de España la dinámica del procés separatista, la incompetencia y negligencia del Gobierno para atajar la epidemia que dejó propagar criminosamente para atender a su agenda ideológica que tenía su jalón el 8-M, cuando estaba informado de la eclosión de la enfermedad, les sirve de justificación para prorrogar la anomalía democrática de un estado de alarma que deriva en arbitrariedad.

Hablando del estado de las cosas en Venezuela, pero sin dejar de pensar en una España supeditada a Podemos, lo explicaba hace unos meses el ex presidente González en una cena que sostuvo en una de las torres hercúleas que parecen soportar la bóveda celeste de Madrid. Bajo su criterio, el régimen bolivariano era «peor que una dictadura, era una tiranía». «En una dictadura –explicó–, uno conoce los riesgos que corre; en una tiranía, la discrecionalidad es absoluta. Con Franco, yo era consciente de la pena que me podía caer si me pillaban portando propaganda del PSOE o incurriendo en un delito de asociación ilícita; con Maduro, la arbitrariedad no conoce leyes ni tribunales». «Cuando se apela a que la democracia está por encima de las leyes u normas –subrayó–, se está en la antesala de que resuenen los tambores de los tiranos».

En aquella noche de dudas y más dudas, desde su sitial de la oblonga mesa principal, González oficiaba como el mismísimo San Isidoro de Sevilla, cuyo nombre usó de apodo de guerra en el tardofranquismo. Al modo de las Etimologías, en las que el obispo hispalense compendió el saber de su época, González predicó sobre una Venezuela en la que los roborrevolucionarios habían perpetrado la mayor devastación en un país sin guerra confiado en que no fuera el porvenir que aguardara a una España en la que los hijos políticos de aquella satrapía habían puesto pie.

A su juicio, la nación se enfrenta a una crisis de representantes debido, entre otras razones, a que los politólogos se han adueñado de la política, lo que supone tanto como pensar que un crítico de arte o de cine está capacitado para pintar un cuadro o realizar una película. «Una cosa es explicar una situación y otra remediarla», remarcó quien, a modo de colofón, citó el conocido dicho de que, «si crees que te has enterado de lo que ocurre en Argentina, es que no te lo han explicado bien». Pocos imaginaban la noche del 2 de octubre de 2019 que esa paradoja cobraría sentido para unos españoles que, al decir de Ortega, «no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa».

Cuando el panorama se nubla de esta forma, la tentación del mal menor no deja de ser una muestra escapismo. Quizá lo haya corroborado así Inés Arrimadas, la líder de Cs, tras su venia a la cuarta prórroga del estado de alarma, creyéndola la última. Como diagnosticó Hanna Arendt al escudriñar el totalitarismo, «quienes escogen el mal menor olvidan con gran rapidez que están escogiendo el mal». «La aceptación del mal menor –ponderó– se utiliza conscientemente para condicionar a los funcionarios del Gobierno, así como a la población en general para que acepten el mal como tal».

Por esa senda, nunca se retornará a la seguridad de aquel mundo de ayer derruido por los ingenieros sociales que usan el coronavirus para destrozar las sociedades libres en las que los ciudadanos no se resignan a ser privados de sus derechos al calor de ningún establo.

Francisco Rosell, director de El Mundo.

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