Asesinato y suicidio del Constitucional

El asesinato y el suicidio de un mismo sujeto puede ser ciertamente una contradicción, pero lo que quiero especificar aquí es que las acciones, incluso involuntarias, que se vienen sucediendo para acabar con la vida del Tribunal Constitucional, han seguido dos vías diferentes. En primer lugar, un intento de asesinato lo han llevado a cabo los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, aunque también algunos partidos nacionalistas, todos ellos participantes en esta orgía funeraria. Y, a continuación, el intento de suicidio lo ha realizado naturalmente el propio Tribunal Constitucional, aunque ciertamente no por unanimidad, sino por mayoría, quien parece haber decidido hacerse el harakiri.

La tentativa de asesinato protagonizada por los dos grandes partidos nacionales se ha caracterizado sobre todo por su falta de acuerdo para cumplir los plazos que marca la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para renovar a sus magistrados. Como es sabido, los 12 miembros del Tribunal Constitucional se renuevan cada tres años, y los encargados de elegir a cada tercio son el Congreso de los Diputados y el Senado, que eligen cada uno cuatro miembros, y el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial que escogen dos respectivamente.

Pues bien, desde hace ya varios años no se cumplen nunca los plazos establecidos, lo cual no sería demasiado grave si se tratase de una prórroga que no alcanzara los seis meses. Eso fue lo que ocurrió hasta que llegó al poder Zapatero, pues a partir de entonces, por unas razones o por otras, las prórrogas en la elección de los magistrados, especialmente los que debe elegir el Congreso y el Senado, es decir los partidos políticos. Digámoslo de una vez, se han ido alargando hasta el punto de que los magistrados que debían ser elegidos por el Senado en el año 2007, fueron finalmente nombrados tres años después. Es más, el fallecimiento hace dos años de uno de los magistrados en ejercicio, tampoco se ha cubierto hasta ahora. Y en lo que respecta a los cuatro magistrados que debe elegir el Congreso -tres, además del que falleció-, todavía no han sido nombrados, por lo que siguen en su puesto, los magistrados Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, sobrepasando ya los seis meses desde que acabó su mandato.

El cumplimiento de los plazos que se establecen en el ordenamiento jurídico, cuando se refieren a los gobernados, como todo el mundo sabe, operan como si fuesen una guillotina. Pero lo que obliga a los gobernados de forma tan radical, no parece que afecten a los gobernantes, que están igualmente obligados por la Constitución al cumplimiento de todas las normas jurídicas. Este incumplimiento de los plazos que afecta a la seguridad jurídica, sería ya una muestra del intento de asesinar al Tribunal Constitucional, que es la cúpula de nuestro Estado de Derecho. Dejar al Tribunal Constitucional que funcione durante años con magistrados interinos es, como digo, un intento de menoscabar gravemente su vida regular.

Pero hay más. El actual Gobierno de Zapatero no sólo no ha cumplido los plazos en la renovación, sino que ha modificado por dos veces la LOTC para que pudiese seguir en la presidencia, María Emilia Casas, porque le interesaba políticamente, en razón del voto de calidad que haría desempatar concretamente la sentencia que refería al Estatuto de Cataluña. Por consiguiente, el Gobierno de Zapatero no sólo no cumple las leyes, sino que modifica las mismas para no cumplir la Constitución. Esto no puede denominarse más que un intento de asesinato del TC.

Ahora bien, aunque la culpabilidad sea menor, también actúa como cómplice del asesinato el propio Partido Popular, puesto que también es culpable de que no se hayan renovado los puestos de magistrados en su debido momento, a causa de su intransigencia. Concretamente se paralizó la renovación del Tribunal en varias ocasiones por la testarudez de Federico Trillo, al proponer un candidato, Enrique López, que no aceptaba el PSOE, por las razones que fuesen, sean o no discutibles. Aquí se trata nuevamente de seguir ese viejo dicho castellano de mantenerla y no enmendarla. Y sino se levanta el veto por parte del PSOE, ni el PP cambia de candidato, el asesinato del Tribunal Constitucional dejará de ser tentativa para convertirse en real. Cuando son tres las partes que componen este rompecabezas, es decir, el PSOE, el PP y el propio Enrique López, basta con que una de las tres partes ceda. El PP proponiendo a otro candidato, el PSOE aceptando al candidato que ha vetado hasta ahora, pero también, en tercer lugar, existe una grave responsabilidad de Enrique López, por no renunciar a su presentación como candidato. Se trata de un hombre joven, que puede esperar perfectamente tres años, para que en la próxima renovación pueda ser nombrado finalmente magistrado, si es que así se decide. Pero, por lo visto, ninguno de los tres interesados quiere dar el paso necesario.

Y vayamos ahora a la tentativa de suicidio que, como he dicho antes, no se trata de un acto realizado por el Tribunal Constitucional en Pleno, sino por una mayoría de magistrados que podríamos denominar gubernamentales. Incluso los pertenecientes a esta mayoría, duraron tres años en decidir si se hacían el harakiri totalmente o sólo un poquito. Me refiero a su comportamiento con respecto a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

Al final, después de muchas vacilaciones, de idas y venidas, de modificación del texto de la sentencia en cuatro o cinco ocasiones, salvaron los muebles con una sentencia que no declara, como debería, inconstitucional a todo el Estatuto, sino únicamente a algunos de sus artículos. Con todo, el Constitucional ya salió muy tocado con este medio harakiri… Ahora parece ser que el suicidio está a punto de completarse, sino se ha consumado ya, con respecto a la sentencia reciente que declara la legalidad de Bildu, una de las franquicias de ETA. La gravedad de esa irresponsable sentencia la están pagando una gran mayoría de ciudadanos vascos y, por extensión, todos los españoles. Voy a enumerar las consecuencias más visibles de una sentencia, que nunca debiera de haber sido dictada, permitiendo por seis votos a cinco que Bildu se presentase a las recientes elecciones en el País Vasco y en Navarra.

En primer lugar, esta sentencia es contraria a la propia Constitución por la sencilla razón de que da preferencia en su argumentación al ejercicio del derecho de participación política, reconocido en el artículo 23, en lugar de haber tenido en cuenta lo que señalan los artículos 15, el derecho a la vida, y el 16, el derecho a la libertad, que ETA y sus franquicias no han respetado en los últimos treinta años. En segundo lugar, esta sentencia, hay que decirlo con toda contundencia, anula prácticamente la Ley de Partidos Políticos del año 2002, que tan útil ha sido para evitar que los políticos relacionados con el terrorismo entrasen en las instituciones vascas, aunque algunos se colasen por irresponsabilidad del Gobierno. Y lo mismo cabría decir respecto de algunas de las nuevas prescripciones, que se han introducido en la reciente reforma de la LOREG, dirigidas a evitar que los partidos relacionados con ETA, pudiesen presentarse a las elecciones. En tercer lugar, la sentencia es una grave violación de lo establecido por la Constitución, puesto que desautoriza al Tribunal Supremo en su decisión de prohibir la presentación de Bildu a las elecciones, la cual estaba totalmente documentada con argumentos irreprochables. De esta forma, el TC se convierte en un tribunal de supercasación, en contra de lo señalado en la Constitución. En cuarto lugar, todo viene a indicar que esta sentencia ha estado condicionada por el propio Gobierno, puesto que pone de manifiesto la dependencia de la mayoría del Tribunal respecto al mismo.

No hace falta dar más pruebas de este gravísimo hecho. Basta con señalar que el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados declaró urbi et orbi que sería una sentencia «agradable», naturalmente para el Gobierno y para ETA. Ahora estamos asistiendo ya a sus nefastas consecuencias, puesto que Bildu se ha convertido en un partido dominante en el País Vasco y obtendrá jugosas cifras para sufragar los gastos de ETA. Muy pocos españoles, sean de la tendencia que sean, entienden este suicidio del Tribunal, que no solo ha acabado con su prestigio, sino que nadie justifica ya la necesidad de su existencia.

Y por último, acabamos de asistir a la renuncia de los tres magistrados, aparte del fallecido, que acabaron su mandato hace seis meses. Se trata de los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay, este último Vicepresidente del Tribunal. Pues bien, no se trata de una renuncia conjunta de los tres, sino que hay que explicarla individualmente por razones obvias. El primero, Javier Delgado, a pesar de haber soportado una enfermedad de la que todavía no está curado, ha tenido la responsabilidad irreprochable de ser fiel al mandato de la Constitución y de haber presentado un voto particular en las sentencias del Estatut y de Bildu. Su renuncia está más que justificada para no tener que seguir con la incertidumbre de desconocer hasta cuándo tendría que estar en funciones. Elisa Pérez Vera, en su carta al presidente del Tribunal, dice que no puede admitir que no se respeten los plazos establecidos en la Constitución y que, por consiguiente, ha decidido presentar su renuncia, apoyada también en razones personales que no explica. Sin embargo, si lo hace por respeto a la Constitución, podía haberlo dicho mucho antes. Pero ha aprovechado la renuncia de Javier Delgado para subirse al mismo carro.

Y, en cuanto al vicepresidente Eugenio Gay, es evidente que su renuncia viene condicionada por dos razones: por una parte, porque siendo el tercero de los magistrados que llevan ya seis meses en situación interina, no podía quedarse, con el trasero al aire, al margen de los otros dos. Pero, sobre todo, por otra parte, porque con esta renuncia trata de ocultar la ilegalidad de su nombramiento como vicepresidente, puesto que su aceptación de un cargo del que no tiene los requisitos exigidos por la ley, comportaría que se descubriese tal ilegalidad en razón de intereses personales y egoístas. Su renuncia, pues, es una mera coartada, para poder afirmar que él ya dijo que debían cumplirse los plazos varias veces antes. Pero si fuese así, que explique porqué aceptó un cargo al que no podía aspirar. En España las apariencias siempre engañan, pero sólo hasta que se descubre la verdad de los hechos.

Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo.

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