En 1953, la oficina de turismo del Estado libre asociado de Puerto Rico lanzó un video promocional para atraer visitantes llamado “Fiesta Island”. Este presenta a la isla y a su gente como rarezas exóticas, un reflejo de las actitudes colonialistas de la época, y da la impresión de que el máximo deseo de los puertorriqueños es servir a los turistas estadounidenses.
Pero lo más impactante es la prominencia con que se retrata la agricultura local. Se muestran imágenes de cañas de azúcar que se convierten en melaza para ron, campos donde se cosecha piña, plátanos que crecen en el bosque nacional El Yunque.
Sin embargo, hoy en día, pese a un clima tropical que les permite a los agricultores cultivar alimentos en todas las temporadas del año, Puerto Rico importa más del 80 por ciento de su comida.
A veces se pueden encontrar productos agrícolas, huevos, queso y carne de origen local en pequeños mercados de agricultores que han empezado a surgir; las tiendas de comestibles también venden unos cuantos productos locales, como cilantro, recao, ají dulce y berenjena. Pero estos no son los elementos básicos de una dieta balanceada. Ni siquiera son todos los ingredientes del sofrito, la base de muchos platillos puertorriqueños.
“Actualmente, tenemos un modelo económico de consumo”, dijo Eliezer Molina, agricultor de Maricao que fue candidato independiente a la gobernación en las últimas elecciones. “Estados Unidos no quiere motivar el crecimiento de la producción en Puerto Rico porque lo que consumimos viene de sus productores, y eso protege a sus empresas”.
Por ejemplo, los productores locales de huevo han sido eliminados por la competencia desleal del huevo de menor precio y calidad traído desde fuera de la isla, lo que aseguró el dominio en los supermercados de los productores del territorio continental estadounidense. “Luego las empresas locales se ven arrastradas a la quiebra y ya no hay competencia”, explicó Molina, lo cual les permite “a las empresas estadounidenses aumentar sus precios”.
Esto no siempre fue así. En 1940, la agricultura era la piedra angular de la economía de Puerto Rico, pues daba empleo a casi el 45 por ciento de la fuerza laboral. Pero para 2019, representaba menos del uno por ciento del PIB del Estado libre asociado y daba empleo a menos del dos por ciento de los trabajadores. Los desastres naturales, las crisis económicas y la mala administración han contribuido a la transformación de la isla de una potencia agrícola a un territorio que depende de las importaciones. Sin embargo, son políticas estadounidenses como la Ley de la Marina Mercante de 1920 y la Operación Manos a la Obra lo que ha suprimido a la agricultura local.
La Ley de la Marina Mercante, un estatuto federal proteccionista que rige el comercio costero, estipula que el transporte marítimo de mercancía entre el territorio continental de Estados Unidos y regiones como Puerto Rico debe realizarse en embarcaciones que sean de propiedad, tripulación, registro y construcción estadounidenses. Las tarifas de flete de Estados Unidos suelen ser más elevadas que las que cobran operadores extranjeros por el transporte de productos y distancias similares. Según un informe de 2012 a cargo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, enviar un contenedor de la costa este de Estados Unidos a Puerto Rico cuesta alrededor de 3063 dólares. El mismo envío a Kingston, Jamaica, cuesta tan solo 1607 dólares.
“La Ley de la Marina Mercante sigue siendo una camisa de fuerza para Puerto Rico, ya que subsidia a las empresas de transporte marítimo de Estados Unidos”, dijo Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza, una organización sin fines de lucro que trabaja en proyectos de reforestación.
La dependencia de las importaciones en Puerto Rico es un gran beneficio para transportistas cuyas embarcaciones, en una ironía brutal, llevan nombres de símbolos locales como Taíno, el pueblo indígena del Caribe, o Coquí, una rana isleña que tiene un canto rítmico. A su vez, la importación indirecta forzada de productos como fertilizante y equipo agrícola incrementa los costos para los agricultores locales.
Sin embargo, los puertorriqueños no pueden darse el lujo de pagar un costo extra para apoyar a los productores locales. El territorio ha permanecido en recesión económica desde 2006. Con los años, el gobierno acumuló más de 70.000 millones de dólares de deuda, una suma que equivale a casi el 100 por ciento de su PIB. En junio de 2015, el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, se refirió a la deuda como “impagable”.
Como resultado de la deuda abrumadora, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por su sigla en inglés), que creó una Junta de Supervisión y Administración Financiera, conocida aquí solo como “la junta”. En 2017, la junta, cuyos siete miembros fueron nombrados en 2016 por el presidente Barack Obama, impuso un programa de austeridad que recortó significativamente el presupuesto de los servicios públicos, la atención médica, las pensiones y la educación, haciendo a un lado los intereses del pueblo con tal de pagarles a los acreedores.
Una serie de desastres naturales agravaron los problemas de la región. Ese mismo año, el huracán María abatió la isla: provocó alrededor de 4600 muertes y causó daños equivalentes a unos 95.000 millones de dólares. Los terremotos a principios de 2020 dejaron a muchas personas sin hogar, y la pandemia paralizó la economía durante meses.
Las consecuencias económicas han sido impresionantes. Cientos de miles de isleños se han mudado al territorio continental. Puerto Rico tiene la tasa de desempleo más alta de Estados Unidos; el 40 por ciento de la población enfrenta inseguridad alimentaria. Tras permanecer estancado durante 12 años, el salario mínimo actual de 7,25 dólares aumentará a 8,50 dólares por hora a partir de enero, pero es poco probable que eso haga una diferencia en un índice de pobreza que ha rondado el 44 por ciento desde 2019.
Eliminar o modificar la Ley de la Marina Mercante podría ayudar a cambiar la situación, pero el presidente Joe Biden ya ha reiterado que la respalda. Entre los proponentes de la ley están la industria naviera de Estados Unidos y quienes dependen de ella económicamente, ya sean constructores navales o marineros mercantes.
Desde hace mucho, la economía de Puerto Rico se ha explotado para satisfacer las necesidades de sus colonizadores. El café llegó durante el dominio español y, en consecuencia, Puerto Rico se convirtió en uno de los mayores productores de café en el mundo.
Cuando se convirtió en un territorio de Estados Unidos a finales del siglo XIX, la atención pasó del café a la caña de azúcar. Pero la industria se vio socavada por las políticas estadounidenses que les impedían a los productores crecer y mejorar sus procesos. En la actualidad, los aproximadamente 40 ingenios azucareros repartidos desde Aguada en el oeste de la isla hasta Vieques en el este —que alguna vez exportaron más de 60 toneladas al año— han quedado abandonados a su suerte.
El tabaco y los textiles también fueron negocios lucrativos hasta que las políticas de la Operación Manos a la Obra promovidas por Washington solidificaron la transición de la agricultura a la industrialización en Puerto Rico a partir de la década de 1950. Una de las iniciativas de la Operación Manos a la Obra exentó a los fabricantes del territorio continental de varios impuestos para motivarlos a establecer sus operaciones en la isla. La demanda de empleados en las fábricas minó la fuerza laboral en los campos, lo cual provocó que se produjeran cada vez menos alimentos a nivel local. Ahora, los trabajadores con salarios bajos que dependen de cupones de alimentos van a los supermercados a comprar comida importada, lo que perpetúa un ciclo de dinero que no se queda en la isla.
Aun así, pese a las décadas de políticas que han desalentado la agricultura, algunos jóvenes puertorriqueños ven una oportunidad de revertir la tendencia histórica. Están trabajando para revivir la industria agrícola, a menudo con métodos agroecológicos que fomentan la biodiversidad y prácticamente no usan herbicidas.
“En los años noventa, cuando era niña, todos creían que cualquier cosa que viniera de fuera era mejor que lo que se producía aquí”, explicó Crystal Diaz, propietaria de El Pretexto, una posada culinaria con su propio huerto en Cayey, y cofundadora de PRoduce, una aplicación que vende alimentos de origen local. “He visto cómo se ha dado el cambio en los últimos 10 años”.
Pero ese cambio necesita ayuda para volverse permanente. “La agricultura orgánica podría ser una acción que nos ayude a desconectarnos” del uso de fertilizantes y pesticidas importados. “La composta y otras técnicas orgánicas requieren tiempo, educación y apoyo”, dijo Salvador Coleman-Davis, coordinador de agroecología de Para la Naturaleza. “Sin el apoyo del gobierno, no es fácil”.
Para Gabriel Hernández, chef del restaurante Verde Mesa ubicado en el Viejo San Juan, el número creciente de pequeños agricultores ha sido una ventaja. Aunque ha tenido que formar su red de productores desde cero, la calidad y el periodo de conservación de los productos locales son mucho mejores que los de la mercancía que viene de fuera, que puede pasar semanas en una embarcación.
“Cuando empecé a cocinar, me resultó muy evidente que cuanto más cerca estás de la fuente del producto, mejor es su calidad, su sabor, su intensidad, su frescura”, explicó Hernández. “Todo eso se expresa en el plato”.
La agricultura agroecológica es un acto de amor por la tierra que se alinea con el desarrollo de un futuro resistente al cambio climático, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin embargo, también emplea mucha mano de obra, y muchas granjas pequeñas solo tienen la capacidad económica para realizar esta actividad a media jornada. Estos pocos productores locales simplemente no pueden competir con los productos más baratos que vienen del territorio continental.
Las políticas agrícolas locales deberían apoyar a los pequeños agricultores de la isla y promover las prácticas agroecológicas. El aumento de salarios y empleos no solo es bueno para la economía, sino que también puede asegurar que los puertorriqueños tengan acceso a alimentos que no han pasado semanas en un barco. Hay mercados de agricultores como el Mercado Familiares, administrado por el gobierno, en algunos pueblos de Puerto Rico, pero solo se instalan unas cuantas veces al año. Los mercados que se encuentran cada semana en el Viejo San Juan o en Rincón son de propiedad privada y no son tan accesibles para quienes no residen en estas áreas acaudaladas.
Impulsar estos mercados, garantizando que sean asequibles y accesibles en todo Puerto Rico, ayudaría a llevar los productos agrícolas de origen local a más cocinas. Eliminar las normas de transporte marítimo de la Ley de la Marina Mercante y permitirle a Puerto Rico importar y exportar productos con transportistas más baratos acabaría con las cadenas que le han impedido a la economía local evolucionar hacia un modelo autosuficiente en el que los productos locales realmente puedan competir con las importaciones. Significaría un paso hacia la soberanía.
Israel Meléndez Ayala es antropólogo e historiador. Alicia Kennedy es una escritora gastronómica que actualmente está trabajando en un libro sobre la alimentación ética. Damon Winter es un fotógrafo asignado a la sección de Opinión. Recibió el Premio Pulitzer por fotografía de reportaje en 2009.