Han transcurrido ya casi dos meses desde la celebración del último congreso del Partido Popular en Baleares, y casi cuatro años desde que, siendo consejero de Turismo y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, abandoné voluntariamente la primera línea política para volver a mi despacho profesional de abogado en Palma de Mallorca. Y estos cuatro últimos años de vida profesional absolutamente ajena a la burbuja política me han sido de gran utilidad para confirmar la idea que siempre he tenido de que, desgraciadamente, todos los partidos políticos en general y el -hasta el momento- mío en particular, tienen la sorprendente costumbre de defraudar y traicionar a sus votantes.
En el caso del Partido Popular de Baleares, el asunto es mucho más grave por cuanto persiste en la histórica tendencia de asumir e interiorizar el discurso de la izquierda política y mediática, convirtiéndose en un partido de dirigentes cobardes y acomplejados, incapaces de defender los principios que se supone debería defender un partido de centro-derecha nacional. Y ello podría solucionarse si, por lo menos, a falta de convicciones propias, tuvieran unas directrices nacionales que “seguir” o a las que “obedecer”, cosa que en la realidad no ocurre.
En este sentido quiero recordar que el lema de mi campaña electoral a la Alcaldía de Calviá en el año 2007 fue “Sin Complejos”, con el que obtuve una mayoría absoluta aplastante, los mejores resultados jamás cosechados por el PP en un municipio tradicionalmente “de izquierdas”, el segundo en población de Baleares, del que fui alcalde ocho años (tras prometer que ese era el máximo de tiempo que estaría en el cargo), y consiguiendo que mi sustituto, también del Partido Popular, ganara las siguientes elecciones municipales con mayoría absoluta.
Pero ahora, inmerso en una gran tristeza y decepción, debo reconocer que ha sido la normativa promulgada en su día por el Partido Popular la que ha permitido la inmersión lingüística catalana en nuestros colegios (tras el valiente pero fallido intento de evitarlo del ex presidente José Ramón Bauzá); ha sido el grupo parlamentario del Partido Popular el que se salió del pleno del Parlamento Balear para no votar en contra de la derogación de la Ley de Símbolos que había aprobado su Gobierno anterior (que, entre otras cosas, impedía que en los colegios se colgaran banderas independentistas catalanas), derogación propuesta y ejecutada por el actual Gobierno del Pacto de izquierdas y separatistas; y ha sido el Partido Popular el que, en el último Congreso regional, ha rechazado mi enmienda sobre la libre elección de lengua en la educación durante todo el proceso educativo, oponiéndose, de esta manera, a que los niños puedan estudiar en español en esta parte de España.
Y todo ello con el agravante de que la presunta defensa de la lengua catalana, cuya supervivencia no corre en la vida real ningún peligro, encubre un objetivo latente pero nunca manifestado: con la excusa de la enseñanza monolingüe del catalán, formar a los niños y adolescentes en el nacionalismo para lograr en un futuro no lejano integrar las Islas Baleares en los anhelados por algunos “países catalanes”. Aquí vamos más lentos que en Cataluña pero -bien remunerados- seguimos la misma eficaz hoja de ruta.
Mi partido ha perdido también, por el camino, los principios esenciales del liberalismo económico, bien matizados por unas adecuadas políticas sociales que apliqué a fondo en mi etapa como alcalde de Calviá. Nadie defiende ya en el PP la iniciativa privada, el libre mercado, la libertad de empresa y de comercio, y la reclamación para nuestros ciudadanos de una menor carga tributaria y administrativa. A nadie le importa la reducción a sus justos términos de una Administración desmesurada y, en las Islas, frecuentemente duplicada o triplicada en sus organismos y funciones.
En Baleares, los ayuntamientos, los Consells Insulares y el Gobierno autonómico han crecido en sus aparatos administrativos de forma exponencial, y se superponen en sus competencias en muchas materias, conduciéndonos irremisiblemente a la ineficacia administrativa y al gasto desaforado. Una sociedad insular de cerca del millón de habitantes tiene casi 250.000 funcionarios o empleados públicos y el coste de esa carga administrativa mastodóntica recae injustamente, sin que en el PP nadie se atreva a rechistar, sobre los curtidos hombros de los de siempre: autónomos, pequeños empresarios y familias de las islas.
Han sido muchos años ya en esta batalla, presentándome a dos congresos regionales, en 2008 y 2010, totalmente solo contra el aparato del partido, aunque apoyado por un 31% y un 33% de valientes afiliados que no deseaban ser cómplices de la decadencia y que fueron firmes en la defensa de determinados principios. Porque fuimos nosotros los que por primera vez hablamos de primarias, de una permanencia máxima de ocho años en los cargos públicos, de la imposibilidad de acumular cargos remunerados y de la necesidad de que se permitiera a los padres elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos, siempre estudiando también la otra lengua oficial.
Ahora, casi diez años después de mi primera candidatura, vistos los resultados del último Congreso, ha llegado el momento de reconocer que mi Partido no está capacitado para vehicular los derechos que una buena parte de la sociedad reclama de las instituciones que la gobiernan. Con cierta nostalgia y dolor de corazón, pero con la mente fría, no queda más remedio que caer en la cuenta de que el tacticismo, la corrección y la inmediatez no deben anteponerse a todo y que, probablemente, muchos de los tradicionales votantes del PP en las Islas Baleares tendremos que buscar un instrumento más apropiado para luchar por el mantenimiento de determinados principios que los liberal-conservadores hemos considerado siempre irrenunciables. Esos principios que han sido abandonados por el actual Partido Popular.
Carlos Delgado Truyols ha sido alcalde de Calviá, presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares y consejero de Turismo y Deportes del Gobierno balear.