La defensa y la seguridad no son competencia exclusiva del CNI, de las Fuerzas Armadas o de los distintos cuerpos policiales. En una era de ciberataques, lobbies e influencia en medios, todos somos responsables de la seguridad nacional.
Y esto no es mera palabrería.
Cuando un virus golpea los ficheros electrónicos del SEPE, fruto de la negligencia al alertar de una intrusión cibernética. Cuando un ayuntamiento sufre un ransomware en sus bases de datos. Cuando una de nuestras empresas sufre extorsión cibernética y en lugar de informar de ello cede al chantaje. Y, sobre todo, cuando en el altar de la democracia (el Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo) un representante nota que hay presiones e intentos de comprar voluntades, entonces más que nunca somos responsables de la seguridad nacional.
La honradez y la diligencia de cada español son el punto de partida para nuestra seguridad nacional.
El Qatargate ha destapado lo que era un secreto a voces: el país del golfo Pérsico ha sobornado a diversos eurodiputados. Y la mancha de acusaciones se expande y salpica a la élite de nuestro vecino del sur, Marruecos, tal y como publican diversos medios franceses.
Conviene que hagamos un breve repaso a las actividades de lobby (de cabildeo) que lleva a cabo Marruecos. Y para muestra un botón. Tal y como publicó el analista Jesús Manuel Pérez Triana en The Political Room, el Estado alauí invierte más en lobbies de Washington que España: 12 millones de dólares frente a los dos de nuestro país entre 2016 y 2020.
Pero lo anterior es sólo el aperitivo. En España, la presencia del lobby extiende su alargada sombra sobre periodistas y medios de comunicación, partidos políticos, grandes empresas, bufetes de abogados, sectores académicos y asociaciones culturales.
Es paradigmático el caso de la exministra de Vivienda María Antonia Trujillo, que ha afirmado que "Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad marroquí" aduciendo que son "vestigios del pasado". Todo esto en el marco de un congreso sobre relaciones entre Marruecos y España celebrado en el país africano.
La exministra compró incluso la idea del Gran Marruecos al decir que "la reivindicación marroquí está plenamente justificada, inscrita en el ideario nacional y es irrenunciable".
Me pregunto cuál fue la contraprestación a cambio de semejantes palabras, ya que nos servirá para determinar el precio de traicionar a 200.000 ceutíes y melillenses, decirles que son "vestigios del pasado" y echarles a los pies de los caballos. A los pies de un régimen dictatorial.
El lobby también hace guerra legal (lawfare), como Ignacio Cembrero, antiguo corresponsal de El País para el Magreb, explicó un día. A Cembrero le forzaron un buen día a elegir entre no volver a escribir sobre Marruecos o abandonar el periódico en el que llevaba toda su vida. Cembrero no cedió al chantaje.
Desde entonces, Cembrero ha padecido varias acciones legales de la dictadura, cuyas legiones de abogados han llegado a pedir pena de prisión para el periodista por enaltecimiento del terrorismo, nada más y nada menos. Cembrero está marcado, se le veta en toda clase de instituciones y ministerios (ni siquiera se le facilitó presentar su libro en Casa Árabe) y jamás se le invita a eventos a puerta cerrada.
Naturalmente, los abogados al servicio de Rabat no han logrado que sus acciones legales prosperen en los tribunales, pero todos somos conscientes del estrés personal y de la pena de banquillo que implican este tipo de presiones. Por suerte, hay políticos serios que, como la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, han denunciado estos hechos ante el Parlamento Europeo.
Con la exministra de Exteriores Arancha González Laya ha sucedido algo parecido. La que fuera ministra entre 2020 y 2021 tomó la fatídica (y humana) decisión de hospitalizar en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, dada la incapacidad del sistema sanitario argelino para atenderle apropiadamente.
Desde entonces, González Laya no ha parado de sufrir el acoso legal de la monarquía alauí, que no ha dudado en lanzar ofensivas jurídicas para hacer pagar un gran coste personal a la exministra por su decisión.
Las autoridades marroquíes buscan dar una lección a los futuros políticos españoles mediante estas tácticas de acoso y derribo, haciendo ver el elevado coste personal que puede suponer la defensa del interés nacional o de los derechos humanos si estos contravienen el interés de Rabat.
Hay un lobby marroquí fuerte y agresivo operando en España. Es nuestro deber, como periodistas, políticos y funcionarios, defender los intereses nacionales haciendo lo correcto y evitando que este tipo de influencias espurias corrompan nuestras instituciones democráticas. Debemos, en definitiva, comprender que nuestro obrar personal forma parte de la seguridad nacional.
Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.