Así que pasen 40 años

Allí donde se ha hecho historia y se hace política, historia y política mantienen una relación complicada. España no es una excepción, como sugiere la iniciativa anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el pasado franquista. A la espera de que se concreten sus términos, merece la pena adelantar una reflexión sobre ella.

En 1942, George Orwell escribió un ensayo sobre la todavía reciente Guerra Civil española, en la que llegó a combatir alistado en el POUM. Su pregunta, que tiene ya casi 80 años, parece interpelarnos: ¿cómo se escribirá en el futuro la historia de la guerra? Si Franco continúa en el poder, razonaba, ¿inoculará sus mentiras a los colegiales españoles? Si es derrotado, ¿cómo relatará esa historia un gobierno democrático? Aunque pudieran recuperarse los archivos del Gobierno legítimo, razonaba Orwell, ¿acaso no mintió éste también? ¿De qué modo podrá hacerse una historia imparcial de la Guerra Civil que no transmita las mentiras propagadas por ambos contendientes, en especial las del bando vencedor? ¿Acaso puede escribirse, se preguntaba Orwell en 1942, una historia veraz?

Así que pasen 40 añosSeguramente hay que achacar a la trayectoria personal del autor británico su temprana sensibilidad, tan resonante en nuestros días, hacia el problema de la contaminación ideológica de la verdad. No de la verdad tout court, sino de esa verdad factual que la investigación histórica tiene por objeto establecer. Fue otra adelantada, Hannah Arendt, quien señaló con perspicacia el conflicto inevitable que se produce entre la verdad factual y la actividad política. Arendt señala que la verdad tiene un carácter “despótico”, pues no puede modificarse a voluntad. Por el contrario, exhibe una opacidad paradójica; paradójica porque la verdad histórica podría haber sido distinta. Por ejemplo, la Guerra Civil podría no haber tenido lugar o haber conocido otro desenlace. Pero tuvo lugar y terminó como terminó: nadie puede cambiar eso. El problema para la política es entonces que la verdad factual no es negociable ni discutible; sencillamente es. Puede constituir el punto de partida de nuestras opiniones, pero no es en sí misma opinable. Sus antónimos no son las discrepancias sobre los hechos, sino la mentira y la falsedad.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Para empezar, la mayoría de los ciudadanos no conoce lo bastante su historia nacional. ¡Y no digamos los extranjeros! De ahí que la política pueda actuar interesadamente como administradora del pasado común, resaltando unos u otros episodios en función de las prioridades o estrategias de cada momento. No todos tendrán la misma fuerza simbólica: la Guerra Civil y el franquismo pesan mucho más en el imaginario colectivo español que el motín de Esquilache o la revuelta comunera. Eso quiere decir que se prestan con mayor facilidad al comentario, el símil o la alusión. Será mucho más fácil hacer uso del pasado en una dictadura que en un régimen democrático: la primera puede reclamar, con mayor o menor éxito, el monopolio o control de lo que en ella se dice, mientras que la segunda se organiza alrededor del pluralismo político y expresivo.

Se dirá que el pluralismo poco tiene que ver con la verdad factual: las cosas son como son, no de un modo u otro según quien las contemple. Dicho de otra manera, hay hechos verificables o inverificables, no esos “hechos alternativos” de los que hablase Kellyanne Conway con motivo de la toma de posesión de Donald Trump. Pero ni el político ni el ciudadano suelen relacionarse con el pasado de un modo tan riguroso. ¿O no abundan los ciudadanos catalanes para quienes la Guerra de Sucesión de 1714 fue una guerra de secesión? Ellos sienten que ésa es la verdad histórica. He ahí el rasgo dominante de eso que llamamos post-verdad, un marco epistemológico donde la verdad depende de nuestros sentimientos hacia ella. Y la historia, por lejana que sea, no podía librarse de su influjo.

No obstante, conviene distinguir. Ni la más rigurosa historiografía puede impedir que la relación de una democracia con el pasado sea problemática. Y lo es, precisamente, porque se trata de una democracia: una forma de organización política que hace posible el intercambio de puntos de vista entre quienes se adhieren a distintas cosmovisiones. De nuevo, esto nada tiene que ver con los hechos históricos verificables. Ningún defensor del franquismo, por ejemplo, puede transformar una dictadura militar en una democracia. Y lo mismo puede decirse de la represión de posguerra o el desarrollismo económico, por tomar dos episodios históricos de distinto signo: los datos son inmunes a las opiniones. Pero la relación de las sociedades democráticas con el pasado es ambigua porque lo que se discute en ellas es más bien el significado de los hechos históricos. O sea: el modo en que hayan de ser interpretados, valorados o presentados. En su obra póstuma, la misma Arendt distinguió entre la verdad, factual o científica, y los significados que resultan del pensar libre. Son, nos advertía, cosas distintas.

Va de suyo que la conversación sobre los significados de la historia no puede desvincularse del conocimiento de los hechos históricos: cuanto más sepamos de ella, mejor equipados estaremos para discutir sobre ella. Sin embargo, una de las características de la democracia es que cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa; a nadie se le pide el carnet de la biblioteca. La mayoría de las opiniones que se vierten sobre la Guerra Civil y el franquismo son así más bien elementales; nada muy diferente de lo que sucede en cualquier otro país del mundo. Pero, es importante subrayarlo, también entre expertos hay discrepancias; menos sobre el contenido de los hechos verificables que sobre su importancia relativa, sus relaciones de causalidad o, de nuevo, su valencia política o moral. Por eso resulta tan peliagudo para una democracia fijar una verdad oficial, por contraste con la alegría con que se hace tal cosa en los regímenes autoritarios.

¿Se deduce de aquí que los gobiernos han de permanecer en silencio? No exactamente. La potencia de sus mensajes puede ser aprovechada para arrojar luz sobre aspectos concretos de la historia nacional. Eso es lo que han intentado hacer, en los últimos años, dirigentes como Obama y Macron. Su propósito ha sido, en ambos casos, contribuir a una historia post-heroica que permita reconocer los episodios más oscuros del pasado de sus naciones. Obama lo hizo reconociendo la colaboración de su país con las dictaduras anticomunistas latinoamericanas; Macron, calificando la colonización de Argelia como “crimen contra la humanidad”. Y ya Chirac había roto el tabú de Vichy, reconociendo el papel del Estado francés en la deportación de los judíos franceses. En todos estos casos, se trataba de hablar sobre aquello de lo que no se hablaba: lo que permanece en sombra a fin de no arruinar el selfie que la nación se hace a sí misma.

¿Es ése, también, el caso de España? ¿Persigue el Gobierno de Sánchez lo mismo que perseguían Obama y Macron? No está claro. Seguramente, como ha defendido Ramón González Férriz, haya de hacerse algo con el ominoso Valle de los Caídos, sin perjuicio de que ocurra con él lo mismo que con Valtonyc: mencionarlo sirve para darle un protagonismo que no tiene. Nadie discute que haya de hacerse el esfuerzo necesario para localizar a los desaparecidos en la Guerra Civil; el consenso al respecto no puede ser más amplio. Más dudas ofrece, en cambio, la idea de que la Guerra Civil o el franquismo sean un tabú en España; algo que deba sacarse por fin a la luz mediante una comisión de la verdad. Podría decirse que sucede justamente lo contrario: que no dejamos de hablar del franquismo, invocándolo superficialmente para explicar superficialmente nuestro presente.

Si bien se mira, ya tenemos una comisión de la verdad: el conjunto de la historiografía dedicada a la Guerra Civil y el franquismo. Son los historiadores profesionales quienes han venido elaborando la “historia veraz” a la que aludía Orwell. Por eso, si de verdad queremos ajustar cuentas con la Guerra Civil y el franquismo, ¿no sería preferible estimular públicamente el conocimiento en profundidad de nuestro siglo XX, educando a los ciudadanos en su fatal complejidad, en lugar de ratificar una condena moral formulada ya sobradamente y que no corre riesgo alguno de ser revisada? Pero en fin: si para librarnos del fantasma de Franco hay que exhumar primero sus restos carnales, hagámoslo de una vez.

Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Su último libro es Antropoceno. La política en la era humana (Taurus).

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