Asimetría necesaria y… eficiente

Por Ramón Tremosa i Balcells, profesor de Teoría Económica, Universitat de Barcelona (EXPANSIÓN, JUN/05):

La patronal egarense CECOT manifestó en noviembre pasado su apoyo explícito a un nuevo modelo de financiación catalana equivalente al que impera en las dos comunidades forales, petición que acaba de suscribir PIMEC-Sefes, cámaras de comercio, agrupaciones empresariales y colegios profesionales de toda Catalunya. Este hecho no supone nada nuevo bajo el sol: Fomento del Trabajo ya suscribió una petición parecida en 1898. Esta demanda es asumida hoy por el 90% del Parlamento catalán y también por los agentes sindicales catalanes: CCOO y UGT de Catalunya ya suscribieron un manifiesto en noviembre de 2003, argumentando que con un déficit fiscal catalán con el Estado de casi el 10% del PIB catalán anual no hay en Catalunya política social posible.

A la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica se echan en falta referencias a la eficiencia económica. El estancamiento industrial catalán de los últimos cuatro años ¿guarda alguna relación con la no descentralización del impuesto de sociedades? El actual modelo de régimen común se ha mostrado lesivo para el crecimiento económico de Catalunya, ya que si las autonomías son muy diferentes en dimensión y especialización productiva ¿es eficiente una rígida igualdad en la distribución de los impuestos?

A diferencia de las grandes empresas de servicios, las PIMES industriales catalanas compiten en mercados internacionales abiertos y no regulados por los respectivos estados. Ello determina una asimétrica presión fiscal sectorial, que tiene también grandes implicaciones territoriales por causa de la notable y desigual especialización productiva existente en España. Gaëtan Nicodème, de la Directorate-General for Economic and Financial Affairs de la Unión Europea, ha argumentado que las empresas manufactureras europeas están fiscalmente discriminadas con respecto a las empresas de servicios europeas de telecomunicaciones, energía y agua (175/2002): puesto que éstas últimas son empresas con elevadas cuotas de mercado obtienen de los respectivos reguladores estatales grandes deducciones en el impuesto de sociedades por medio de procesos que denomina de “ingeniería fiscal”. La gran atomización y competencia de la industria manufacturera, en cambio, impide un trato directo con el regulador estatal, gracias al cual las empresas de servicios llegan a pagar un tipo impositivo efectivo final en el impuesto citado de hasta un 50% inferior.

En 2002 Catalunya y País Valenciano generaron, en sólo un 10% de la superficie del Estado, el 30% de su PIB y el 42% de sus exportaciones, concentrando una buena parte de la industria manufacturera en España y registrando también una mayor concentración de PIMES. Es urgente corregir la desigual presión fiscal antes citada, mejorando su competitividad con una fiscalidad pro-competitiva, al estilo que presenta Irlanda o el País Vasco, en donde las empresas pagan entre un 10 y un 15% del beneficio en términos de cuota líquida (Expansión, 2/2/2004), lo que fomenta decisivamente la reconversión industrial hacia sectores de mayor valor añadido.

La gestión en exclusiva desde el Estado del tan estratégico impuesto de sociedades, puesto que en 2001 fue el único impuesto que quedó fuera de la cesta a compartir con las autonomías, está en el origen de la pérdida de tejido industrial en Catalunya. En 2004 el 90% de la destrucción del empleo industrial español fue catalán, contrastando dicho dato con el mantenimiento del mismo en las dos comunidades forales, que protagonizan una transformación industrial reconocida y premiada internacionalmente (Michael Porter, 2002; Financial Times, 2003: las exportaciones vascas aumentaron un 25% en 2004, un 75% en sectores de valor añadido alto y medio-alto, superando en volumen por primera vez las exportaciones de toda Andalucía). Y tiene que saberse que en los últimos años ha sido muy larga la lista de industriales catalanes que han ido a Madrid a solicitar aquellas deducciones, desgravaciones y bonificaciones que obtienen sus competidores de otros países en el impuesto de sociedades, y que han vuelto sin nada con un golpecito en la espalda con aquella frase de “cuando el ciclo económico mejore ya se recuperaran sus ventas”. Exportando servicios pero sin tradición industrial alguna, desde Madrid se es simplemente indiferente a las necesidades de la manufactura industrial y exportadora catalana. Y hoy que el sector público español alcanza el 40% del PIB del en la economía y que ostenta un poder regulador sin parangón (que hacen hoy del puente aéreo Barcelona-Madrid-Barcelona el más transitado del mundo: ¡qué paradoja de la descentralización en España!), un elemento clave de la competitividad empresarial pasa por la complicidad total de la Administración hacia su industria.

Un modelo de financiación que impulse el crecimiento económico catalán irá en beneficio de todos. Michael Porter afirmó en Bilbao en 2002 que la grandeza de los Estados Unidos no se debe a Washington D.C., sino a que los estados son casi independientes fiscalmente y practican una fuerte competencia en política fiscal, que tiende a reducir el gasto público superfluo y a hacer más eficiente el sector público. La competencia es buena tanto para las empresas como para las administraciones públicas.