Hay que reconocer que el actual Gobierno se ha marcado un tremendo golpe de efecto recuperando la universalidad de la sanidad en detrimento de lo que establecía el impopular Real Decreto 16/2012. Esta norma limitaba la condición de beneficiario del sistema público de salud al concepto de asegurado. Aunque la norma creó mucho revuelo en su día, ese criterio ya se incluyó en la Ley 16-2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado con el voto favorable de todas las fuerzas políticas.
El Real Decreto 16/2012 se aprobó por la vía de urgencia en un escenario en el que la crisis económica se encontraba en su máximo auge. Su principal objetivo era regular el turismo de salud a través de la adaptación a una Directiva Europea –Directiva 2011/24/UE– que no aplicaron, en su momento, ni el Gobierno de España ni los de las Comunidades Autónomas. Esa situación producía un abuso en la utilización de las prestaciones sanitarias que, según estimaciones del Tribunal de Cuentas, suponían en 2009 un gasto cercano a los mil millones de euros. En concreto, más de medio millón de extranjeros pasaron ese año por los quirófanos del Sistema Nacional de Salud.
Pero es justo reconocer que las cosas se plantearon mal, dado que el Real Decreto 16/2012 dejaba sin cobertura a ciertos colectivos: mayores de 26 años que no cotizaban, los rentistas, los separados sin cotización, etc. El Real Decreto 119/2012 solucionó esos errores y limitó a cuestiones de urgencia –parto y posparto, y menores de 18 años– la asistencia a inmigrantes ilegales, lo cual suponía de por sí una cobertura mucho más amplia de la que suelen otorgar a este colectivo en otros países de nuestro entorno.
Posteriormente, a raíz de la muerte de un inmigrante ilegal por no recibir asistencia, se desató una crisis política que llevó a un buen número de Comunidades Autónomas de distinto color político a declararse insumisas ante el Real Decreto y pasar a regular, a través de diversas normas autonómicas, la asistencia a este colectivo. Esas normas fueron recurridas por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, que en 2016 falló a favor del Real Decreto. La sentencia explicaba que el derecho a la asistencia no implica necesariamente que ésta tenga que ser gratuita, puesto que todos los españoles, de una forma u otra, financian el Sistema Nacional de Salud.
La primera medida que ha adoptado el Gobierno actual en materia de Sanidad ha sido garantizar su universalización, lo cual incluye a aquellas personas que no residen legalmente en nuestro país. Más allá de ser una medida loable por razones éticas y morales, no deja de ser una gota en el océano de las cuestiones que realmente son cruciales para el buen funcionamiento de nuestro Sistema Sanitario.
Y es que la universalidad en la asistencia sanitaria, en estos momentos, esta políticamente sobrevalorada, aunque solo sea porque fue el propio Gobierno de Rodríguez Zapatero el que la aplazó sin fecha, condicionándola mediante la sexta disposición transitoria de Ley General de Salud Pública 33/2011 del 4 de octubre “a la evolución de las cuentas públicas”.
Comiendo un día con un importante político que había sido consejero de Sanidad, le pregunté dónde iría si le diera un dolor de pecho. A lo cual me respondió, sin pensar, que al hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. No pude menos que decirle la verdad: que obviamente saltándose las colas y atendido directamente por el jefe de servicio.
De nada sirve la universalidad en la asistencia si el Sistema de Salud no es transparente para sus ciudadanos. Es necesario que el Gobierno impulse la regulación del sector, público y privado, y que exponga públicamente los resultados sanitarios por servicios, para permitir así que la población sepa que recibe una asistencia con garantías, en un centro con datos fiables. Y esto, el Gobierno, a pesar de que la gestión de la Sanidad esté transferida, tiene la capacidad y el deber de hacerlo.
En un país en el que la prioridad son los derechos sociales y el mantenimiento del Estado de Bienestar, es conmovedor garantizar la cobertura sanitaria a toda la población –más allá del coste que ello suponga–, pero resulta incoherente, porque lo realmente importante es asegurarse de que esa asistencia se proporciona con una determinada calidad asistencial.
Y eso sí, espero que España no se convierta en la pagana del turismo sanitario de Europa. Ante un problema, lo racional es solucionarlo; lo político, negar muchas veces su existencia y, en consecuencia, al querer dar la impresión de que se trabaja para la sociedad, generar problemas donde no los había.
Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.