Asumir el pasado incómodo refuerza la democracia

Por Borja de Riquer i Permanyer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona (EL PAÍS, 10/07/07):

El pasado mes de junio, a iniciativa de un grupo de historiadores y juristas, se realizó en la Fundació Carles Pi i Sunyer de Barcelona una jornada de debate sobre Violència, Repressió i Justícia a Catalunya, 1936-1975. El acto estaba motivado por el preocupante nivel de desinformación y de manipulación con que se está tratando actualmente la polémica cuestión de las víctimas de la violencia política de la Guerra Civil y del franquismo.

Pese a que la realidad histórica no es una materia opinable, ya que los hechos del pasado no se pueden esconder ni deformar, hoy estamos presenciando un descarado ejercicio de relativismo acientífico con la pretensión de rescribir la historia a conveniencia de determinados intereses políticos. Ante esto, los historiadores y los juristas tenemos la responsabilidad y el deber cívico de ofrecer explicaciones rigurosas y convincentes de los episodios de nuestro pasado que hoy despiertan el mayor interés público y que son objeto de debates apasionados.

Asumir un pasado incómodo no es fácil; por eso hay quien persiste en la engañosa solución de ocultar lo desagradable. Es una actitud falsamente sensata proponer que es mejor no tratar estas cosas, que más vale no remover el pasado. Además, es profundamente injusta, ya que significa propiciar un nuevo cierre en falso, como se hizo en los inicios de la transición. Entonces, en 1977, se consideró que era demasiado pronto para tratar estas cuestiones; y ahora, en el 2007, se nos dice que es demasiado tarde.

Saber explicar y asumir los horrores y los crímenes del pasado, que forman parte de nuestra herencia colectiva, ha sido y es siempre una cuestión difícil, pero hay numerosos ejemplos europeos y americanos de cómo se han abordado con relativo éxito situaciones semejantes. Aclarar estas cosas no debería generar tensiones, ni significar abrir viejas heridas, por otra parte mal cerradas. No debería ser visto como un nuevo trato discriminatorio, ahora de otro signo. Al contrario, serviría para promover confianza, como acto de reconciliación, con la voluntad de reforzar la democracia asumiendo los errores y los horrores del pasado. El derecho a la verdad y a la justicia no prescribe.

Los historiadores y los juristas podemos ayudar a introducir en la discusión algunos elementos de sensatez, de clarificación y de distinción. Consideramos que hay que distinguir claramente entre las víctimas de la violencia, los contextos históricos en los cuales se produjeron los hechos que se analizan, los procedimientos judiciales y administrativos utilizados (si es que se siguió procedimiento alguno) y, sobre todo, las políticas de memoria, de recuerdo y de reconocimiento de las víctimas.

Un sistema democrático no puede hacer distinciones entre las víctimas de la violencia y de unos procedimientos judiciales y administrativos injustos. Un país democrático no puede diferenciar las víctimas a causa de su ideología. Por ello, la actitud sectaria del franquismo, recordando y honrando exclusivamente a “sus víctimas” y negándose así a una política de reconciliación, que mantuvo viva la división entre los vencedores y los vencidos de la Guerra Civil, no es aceptable que persista en una sociedad democrática. Es evidente que ésta es una situación injusta que exige una urgente reparación.

Ahora bien, también es imprescindible conocer los diversos contextos históricos y políticos en que tuvieron lugar los actos de violencia, ya que ellos nos explican tanto las causas que los provocaron como el propio carácter o naturaleza de las formas represivas utilizadas. Los avances de la investigación histórica sobre la violencia en los años de la República, de la Guerra Civil y del franquismo han sido considerables. Hoy, realmente, los historiadores sabemos mucho no sólo sobre las cifras de víctimas, sino también de sus circunstancias, de los porqués y de las consecuencias de todo ello. Sabemos que sin la insurrección militar de julio de 1936 no se habría producido la Guerra Civil, ni la explosión de violencia en la retaguardia republicana. Y esto no es baladí. Igualmente conocemos las notables diferencias que hubo no sólo en el número de las víctimas, sino sobre todo en los procedimientos represivos y en las actitudes ante la violencia. Así, es significativo recordar que, a diferencia de la zona republicana, en la franquista ninguna autoridad militar ni civil ni eclesiástica denunció públicamente la violencia ni se esforzó para detenerla. Los historiadores y los juristas hemos podido verificar cómo la violencia fue consubstancial al proyecto de régimen franquista, ya que le acompañó hasta el último momento de la vida del general Franco. Y hemos estudiado el discriminatorio trato de la memoria de las víctimas que se hizo a partir de 1939.

Por ello, sólo puede obedecer a un desconocimiento profundo de la historia, o a un inconfesable cinismo, calificar de “revanchismo” las políticas que tienden a la recuperación de la dignidad y la memoria de las víctimas ocultadas por el franquismo. No deja de ser ilustrativo que aquellos que nunca condenaron la dictadura de Franco y su continuo uso de la violencia ahora se opongan a esta política de justicia y de reconciliación.

Hoy, las instituciones públicas deben promover el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, pero, igualmente, haciendo uso de un auténtico espíritu de reconciliación, deben cuidar por el respeto y la memoria de aquellos ciudadanos que, por razones de condición social, opción ideológica o creencias religiosas, fueron víctimas de la violencia desatada como reacción a la sublevación de julio de 1936. El ejemplo alemán sobre cómo abordar el pasado nacional-socialista y, más recientemente, la experiencia de la República Democrática, nos deberían hacer reflexionar. Una cosa es que se haga patente que hoy en España no hay una “memoria compartida” sobre la Guerra Civil y el franquismo, y otra bien diferente es que los poderes públicos adopten actitudes eclécticas ante esta trascendental cuestión. La poca valentía democrática para abordar y solucionar definitivamente tan largo y enojoso asunto es hoy casi tan preocupante como el cinismo antes denunciado.

Estamos ante la oportunidad histórica de empezar a dejar zanjada, al menos desde la perspectiva de las políticas públicas democráticas, esta larga y enojosa herencia de la Guerra Civil y de la dictadura. Debe quedar bien claro que no hay voluntad de venganza, ni deseo de pedir responsabilidades a nadie. Rescatar la memoria de aquellos lamentables episodios y honrar como se debe a las víctimas olvidadas ha de servir de lección para el presente y para el futuro democráticos. Los historiadores y juristas reunidos en aquel debate consideramos que ésta es la manera justa de superar realmente la Guerra Civil, de cerrar las heridas del franquismo y de reparar los olvidos de la transición a la democracia.