Asumir la dirección del Estado

El pasado 6 de diciembre, el mismo Día de la Constitución, el diario El País publicaba unas manifestaciones de Pablo Iglesias en las que aseguró que «el bloque de la moción de censura» que permitió la presidencia de Pedro Sánchez en junio de 2018, en el que incluyó a PNV, ERC y EH Bildu, «está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección del Estado».

De modo que Sánchez va a entregar nada menos que la dirección del Estado a quienes quieren destruirlo. Y esto no es ninguna exageración. El propio Iglesias, futuro vicepresidente del Gobierno de la Nación, ha defendido la enseña tricolor republicana porque «es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación». Ha justificado la actuación de ETA porque «hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española». Dirigiéndose a los bildutarras navarros en una herriko taberna de Pamplona dijo el 4 de abril de 2014 que «cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos». Y luego hizo risas. Profesa la ideología marxista comunista bolivariana. Apoya «un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la apertura de un proceso constituyente». Sostiene que hay «cuatro naciones que comparten un Estado» (Cataluña, País Vasco, Galicia y España). Suele terminar sus mítines con un «¡Viva la República!».

Como la alianza con Podemos le sitúa a 21 escaños de la mayoría absoluta, Sánchez implora su apoyo a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Su líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel por sedición. A efectos de la investidura de Sánchez da igual que aquel aciago 1 de octubre sólo fuera «una mera ensoñación». Lo que importa es que el objetivo último de ERC es la independencia de Cataluña. De momento, Sánchez ya ha cumplido alguna condición previa: aceptar la existencia de un «conflicto político» de Cataluña «con» España y emprender una negociación bilateral con el Gobierno de la Generalidad para resolverlo. Para acceder a esto último Sánchez se ha sacado de la manga una consulta con los presidentes de las comunidades autónomas que no tienen ni arte ni parte en su elección.

Sabemos que para el lendakari vasco, Iñigo Urkullu, lo prioritario es desplazar los etarras en prisión a cárceles del País Vasco para facilitar su inmediata excarcelación, la transferencia de la gestión de la seguridad social y la cesión de la inspección de trabajo. La otra demanda es el compromiso de negociar el proyecto de un nuevo estatus político para poner fin a la presencia del Estado en el País Vasco y celebrar un referéndum de autodeterminación.

Para complicar más las cosas, resulta que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) se ha echado al monte. No es la primera vez que el PSC sostiene que Cataluña es una nación y el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado español. Así se proclamaba en las bases para el Estatuto de Cataluña presentadas en abril de 2003 por el PSC en el Parlamento de Cataluña, al tiempo que Convergencia y Unión propugnaba un nuevo estatuto nacional. Estudié a fondo ambos proyectos en un libro que publiqué a finales de aquel mismo año (Jaque a la Constitución, Ediasa, Madrid, 2003) y lamento no haberme equivocado cuando concluí: «A la vista de lo que está por venir, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema. Y si Dios no lo remedia, la vida catalana está a punto de una radicalización sin precedentes por culpa de la radicalización de alguno de sus políticos».

Todo lo anterior explica por qué Sánchez se negó a contestar en cinco ocasiones a Pablo Casado cuando le preguntó en el debate de todos contra todos en TVE si creía que Cataluña es una nación. Para complicar aún más las cosas resulta que el candidato a presidente no sólo es rehén de comunistas e independentistas sino también del Partido Socialista de Cataluña, federado con el Partido Socialista Obrero Español. En la ponencia-marco del reciente congreso del partido de Miquel Iceta, especialista en lanzar torpedos por debajo de la línea de flotación de la Constitución, como proclamarse nación en solitario no queda nada bien, los socialistas catalanes han introducido un matiz importante: «España es una nación de naciones». Los derechos de autor de esta expresión los tiene Miquel Roca. La pronunció el día 21 de julio de 1978 en el debate del artículo 2º de nuestra Carta Magna, al congratularse de que después de proclamar que el fundamento de la Constitución es la unidad de la nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles, se afirmara la existencia en España de «nacionalidades y regiones» a las que únicamente se reconocía el derecho a la autonomía. Roca sostuvo que la nacionalidad es sinónimo de nación, pero a renglón seguido dijo que la Constitución «al lado de definir esta nación española, nación-estado, define aquellas otras nacionalidades que son aquellas identidades históricas y culturales... que vienen a configurar la realidad de la resultante en una España-nación, una nación española que en este sentido cobra su dignidad».

Esta interpretación no fue aplaudida ni por la UCD, ni por el PSOE, ni por el PCE. El ponente socialista Gregorio Peces Barba señaló que el «principio de las nacionalidades», según el cual toda nación tiene derecho a convertirse en Estado soberano, respondía a una idea «jacobina» de la nación surgida en el siglo XVIII y «está vinculado a una concepción anticuada» de dicho principio. Y el diputado Joan Reventós, del PSC, sostuvo que «unidad de España, derecho a la autonomía y solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España entera son elementos conexos complementarios y de fundamento mutuo». Hubo, pues, un intenso debate. Pero nadie, salvo Heribert Barrera, de ERC y Francisco Letamendía, de Euskadiko Eskerra, puso en cuestión la unidad de España.

Por mucha innovación que suponga la expresión «nación de naciones» lo cierto es que al independentismo catalán le trae al pairo la interpretación de Roca. Porque lo único que pretende es acordar con Sánchez la hoja de ruta para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y el reconocimiento de que Cataluña es una nación. A quien tampoco le conviene es al independentismo vasco, porque si la nación es Euskal Herria no se puede reivindicar el derecho a la autodeterminación por tres de los siete territorios que supuestamente la componen (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Y, por último, si somos una nación de naciones y el pueblo español es el titular de la soberanía nacional quiere decir que las naciones están subordinadas a otra gran nación que es España. No estamos ante una discusión meramente académica. Está en juego el ser o no ser de España. Por fortuna, sólo el pueblo español puede hacerse el haraquiri y no creo que esté dispuesto a hacerlo. Eso, en el supuesto de que una hipotética reforma de la Constitución para reconocer el derecho de autodeterminación o una aplicación golpista por abusiva e inconstitucional de su artículo 92 no fuera rechazada por el Congreso.

Jaime Ignacio del Burgo fue senador en las Cortes constituyentes, ex presidente del Gobierno de Navarra y diputado.

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