Asunto interno

Mi liberada:

Después de un asalto al Estado que ha durado más de cinco años, el jefe de un gobierno regional español consuma su apropiación de la soberanía constitucional del conjunto de los ciudadanos, proclama la secesión de la región que gobierna y huye cuando la Justicia decide perseguirlo. Su huida acaba en Alemania. Cuando las autoridades españolas reclaman su extradición, los jueces alemanes responden que ellos decidirán el delito -y si hay delito- por el que deba ser juzgado. En la práctica ello supone que los jueces alemanes actúan como lo haría un juez de instrucción ante una petición fiscal: evaluando la calidad de los indicios aportados y el grado de convicción de sus argumentos. Y ejerciendo, respecto a los hechos investigados y a su calificación jurídica, la autoridad que tiene el juez de instrucción sobre el fiscal.

Asunto internoTodo ello contraría el automatismo que rige o quiere regir en el espacio común europeo. El automatismo del euro, por ejemplo. O el de Schengen, que elimina la cláusula de la frontera. El automatismo europeo supone que lo único que cabría esperar de la petición española era la entrega automática del prófugo. Así lo dio a entender la fiscalía alemana. La primera razón son los delitos mismos atribuidos. O sea, la imposibilidad de que algún Estado de Derecho pueda sostener que la secesión unilateral no es delito en su país. La segunda es la confianza absoluta, fruto de la pertenencia al mismo espacio moral y político, en que el presunto delincuente tendrá un juicio justo en su país. Pero el automatismo no se ha producido.

Los jueces alemanes tienen dudas de que la palabra violencia describa parte del método empleado por los nacionalistas catalanes en su asalto a la democracia española. Son dudas razonables, que comparten muchas personas, juristas o no, en España. La instrucción del juez Llarena ha recibido diversas críticas por su empeño en justificar, a partir de la violencia, el tipo penal de la rebelión. Pero la procedencia o no de esas críticas habrán de determinarlas los tribunales españoles. Insólitamente los jueces alemanes no han depositado en ellos la resolución de sus dudas, sino que se han adelantado a su decisión absolviendo en la práctica a Puigdemont del delito de rebelión. Haciendo, por lo tanto, muy rentable su huida de la Justicia española y dando un insospechado apoyo fáctico a la constante denuncia nacionalista de la baja calidad democrática del Estado de Derecho español. No solo han hecho eso los jueces alemanes. Según su resolución, que desbrozaba ayer María Peral en El Español, la posibilidad de la extradición del prófugo a causa de un delito de malversación está también en el aire. Los jueces, enmendando radicalmente la plana a la instrucción, exigen más información, más aporte fáctico, al juez español. De nuevo se erigen en instructores de la causa. La extradición no solo peligra por esa razón. La ley alemana relativa al auxilio judicial internacional en materia penal dice en su artículo 1: «La extradición no será admisible sobre la base de un acto político o de un acto relacionado». No parece difícil que los abogados de Puigdemont tengan éxito en las alegaciones que relacionen la malversación con el acto político de la convocatoria del referéndum de autodeterminación.

Y es en esas dos palabras, acto político, donde se resume el inmenso problema de este asunto. Buena parte de la opinión constitucionalista española se niega a aceptar que los nacionalistas hayan cometido un delito político. Es absurdo. Los nacionalistas catalanes han quebrado la ley para obtener un beneficio político. Su delito es de naturaleza política como el del violador es de naturaleza sexual o el del estafador de naturaleza económica. La naturaleza política del delito nacionalista es la misma que la del golpista. El que Milans del Bosch pusiera los tanques en Valencia y Puigdemont las masas encuadradas de la Anc no altera la idéntica naturaleza de sus delitos ni la evidencia de que ambos se alzaron contra el Estado democrático. La no aceptación de que hay delitos políticos y por lo tanto delincuentes políticos, otorga a la política un carácter no punible, fuente de todo tipo de manipulaciones. Entre las más veteranas y despreciables, la que permite oponer las soluciones políticas a las soluciones judiciales.

El abstruso razonamiento de los jueces alemanes sobre el grado de violencia a que obliga el delito de rebelión para poder ser considerado, solo puede entenderse como un intento de señalar en qué circunstancias extremas la violencia desplaza a la política. Según su resolución -que compara ridículamente el asalto nacionalista a la democracia con el intento de ocupación en 1983 del aeropuerto de Francfort por grupos contrarios a su ampliación- la violencia del Proceso no fue la necesaria como para convertir a sus principales actores en delincuentes. Los nacionalistas, en el juicio profundo de los jueces alemanes, pudieron cometer un delito tan solo político… y los delitos políticos no existen. La ministra de Justicia alemana, socialdemócrata de manual, lo tradujo ayer al modo ingenuo de su ser: «La decisión de los jueces de Schleswig es absolutamente correcta, la esperaba (…) Ahora habrá que hablar también de los componentes políticos [del Proceso]». Así pues los jueces alemanes habrían devuelto, correctamente, a la política lo que es de la política. El mensaje de los jueces y de la ministra es el conocidísimo del tipo nierga: «Ustedes que pueden, dialoguen». Hagan política. Si los adversarios del Proceso hubiesen tenido la virtud de encarar la naturaleza política de la insurrección nacionalista podrían contestar de modo imbatible: «¿Cómo dialogar con el que se levanta contra la democracia, es decir, contra el diálogo?». Pero no hay un solo político en España que pueda contestar así a los alemanes. Baste saber lo que piensa el pusilánime ministro de exteriores español sobre la declaración de la ministra alemana: «Estuvo un tanto desafortunada».

El daño irremediable que los jueces alemanes han causado va mucho más allá de la circunstancia personal de Puigdemont. Los jueces alemanes han absuelto al Proceso secesionista. Lo han absuelto en sus métodos, al no percibir violencia en la actividad intimidatoria de un grupo de dirigentes que utilizó tanto a su policía como a sus ciudadanos, tanto su poder político como su poder social, para incumplir repetida y gravemente la ley. Y lo han absuelto también en sus objetivos. En torno a la resolución de Schleswig-Holstein -y de la correcta traducción de la ministra- gravita apenas disimulado por la prosa leguleya el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. De los hirsutos pueblos españoles, naturalmente. Durante mucho tiempo Europa transmitió a España que el desafío nacionalista era un asunto interno. Un asunto interno de los catalanes querían decir.

Sigue ciega tu camino.

Arcadi Espada

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